Duhalde y Alfonsín resucitan la repudiada reforma de 1990

El 5 de agosto de 1990 la ciudadanía bonaerense rechazó masivamente la reforma de la Constitución provincial pactada entre Cafiero y Alfonsín. Esa misma reforma, que habilita la reelección, los impuestazos, el sacrificio de la autonomía municipal y la privatización de la enseñanza, es la que hoy quiere imponer el pacto Duhalde-Alfonsín en la provincia.

La ley de reforma parcial de 15 artículos de la Constitución de la provincia fue votada por los justicialistas, los radicales (tanto de Alfonsín como de Storani-Casella), el Modín y la Ucedé.

Aunque el grupo Storani-Casella ha resuelto votar en contra de la posibilidad de la reelección inmediata de Duhalde, esto es una pura cortina de humo, ya que Duhalde tiene los medios “materiales” (más allá de los votos) para obtener los votos de otras bancadas para imponer la posibilidad de su reelección. Si Storani y Casella hubieran querido realmente oponerse a la perpetuación de la camarilla de Duhalde, habrían debido rechazar la posibilidad de que la Constituyente provincial quede habilitada  para tratar la reelección.

Ocultamiento

Pero existen otras “reformas” , que fueron repudiadas en el plebiscito del ‘90, que ahora se quieren introducir sigilosamente en la Constitución provincial. La ley de “necesidad de la reforma” propone la modificación total del texto constitucional en lo referente a municipios y educación (secciones V y VI de la Constitución Provincial). Tanto  los justicialistas como los radicales reivindican en este punto la “reforma” rechazada hace cuatro años.

Aunque se pretende que los municipios puedan dictarse su “carta orgánica” (“autonomía”) ésta queda condicionada a mantener el Poder Ejecutivo (intendente), que puede ser reelecto, y que tiene la iniciativa de la presentación del presupuesto. Impide, por lo tanto, un régimen municipal parlamentario y no admite la revocabilidad de los funcionarios. Exige que el “régimen laboral” sea fijado en la “carta orgánica”, sustrayéndolo de las convenciones colectivas de trabajo. Autoriza la “consulta popular”, pero no para derogar o modificar impuestos.

La “reforma” introduce la posibilidad de que, en caso de acefalía, “los municipios puedan ser intervenidos”, lo que borra cualquier pretensión de autonomía municipal.

Impuestazo

La “reforma” amplía las facultades financieras de los municipios, tanto en lo referente a crear impuestos o nuevas tasas, como a “contraer empréstitos” y hasta a crear “entidades financieras municipales”. Esto llevará naturalmente al hipotecamiento de las comunas, lo cual sólo podrá ser resuelto mediante “privatizaciones” y mayores cargas tributarias.

La reforma Cafiero-Alfonsín, hoy Duhalde-Alfonsín, autoriza a los municipios a expropiar por causa de “utilidad pública”. Pero, en este caso, será el presupuesto comunal y no el provincial, el que cargará con los costos de las indemnizaciones. La expropiación por utilidad pública será la ocasión de grandes negociados para los grupos capitalistas.

El capítulo de la reforma municipal otorga a las comunas “facultades concurrentes” (con la provincia) en materia de salud y educación.

Esto habilita la transferencia de la carga económica de la salud y de la educación a los municipios, los cuales en muchos casos no tendrán más remedio que “privatizar”.

Complicidad

El Frente Grande y la Unidad Socialista guardan un silencio cómplice frente a la reforma de Duhalde y Alfonsín, lo cual no debe sorprender porque, en 1990, apoyaron el referéndum de Cafiero. Sin embargo, también están actuando como cómplices de Duhalde el PC y los grupos de izquierda del FG, que en 1990 habrían llamado a votar No.

Lo más interesante, claro, es que los grupos “privatizadores” que hace cuatro años denunciaban el plebiscito de Cafiero-Alfonsín, calificándolo de “socializante”, hoy lo apoyan con los diez dedos, demostrando con ello que nunca tuvieron una oposición de principios a la reforma del ‘90, sino que se valieron del No para chantajear al menemismo con el reclamo de una “privatización” más acelerada.

Ahora que lo consiguieron, llaman a apoyar el pacto Duhalde-Alfonsín.

La reforma constitucional reaccionaria pactada entre Menem y Alfonsín tiene su correlato en la reforma provincial bonaerense. Votar NO a la reforma en Buenos Aires es votar al FIS.