En el Día del Jubilado, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se despachó con una frase que supone una clara amenaza precisamente a los jubilados y con la que anticipa y prepara un nuevo zarpazo a los magros haberes previsionales: "todo el déficit de la Argentina –dijo– está más que explicado por el sistema previsional".

Esto dicho, con el mayor de los cinismos, por el titular de Economía de un gobierno que, en la escandalosa sesión del 18 de diciembre pasado, hizo aprobar –con la anuencia de “opositores” y el guiño de la CGT– una nueva rebaja paulatina de los aportes patronales lo que, claro está, desfinancia a las cajas de jubilaciones.

El funcionario esconde, además, que, en los últimos años, las jubilaciones no han hecho más que reducirse mientras que el rubro que más ha crecido en el gasto público es el correspondiente al pago de intereses de la deuda. A julio último, “sumaron $ 255.614 millones –un 65,4% más que lo que insumieron entre enero y julio de 2017–, y pasaron a ser, con el 15,3%, el segundo rubro en importancia en el gasto total”, (Clarín, 3/9), quintuplicando el aporte a todas las universidades nacionales y sumando casi un 50% más que el monto de todos los salarios del Estado.

Con la devaluación galopante del peso de los últimos meses, el crecimiento de los intereses como parte del gasto total ha seguido en una espiral ascendente.

Dujovne esconde, también, que el desfinanciamiento del sistema previsional se explica, asimismo, por el 35% de trabajadores que revistan “en negro”, una modalidad precarizadora que ha sido mantenida de manera sacrosanta tanto por el anterior gobierno “nac&pop” como por el macrismo y que es un agujero también negro por el cual se evade la tercera parte del total de los aportes patronales a las cajas.

La política de desfinanciamiento del sistema previsional y de liquidación de las jubilaciones como un salario diferido, ha sido política de Estado para todos los gobiernos de los últimos años. En 1994, durante la presidencia de Menem, el entonces ministro Domingo Cavallo dispuso una rebaja de los aportes patronales del 15 al 11 por ciento, lo que fue respetado por todos los gobiernos que lo sucedieron, incluidos los kirchneristas.

Con la privatización (AFJP) de las jubilaciones a principios de los 2000 se redujeron durante un tiempo extendido del 11 al 5 por ciento los aportes, incluso de los trabajadores que se mantuvieron en las cajas del Estado.

Durante la “década ganada” y aún antes, las jubilaciones medias se mantuvieron muy lejos del costo de la canasta del jubilado. Así, entre 2001 y 2015 la jubilación mínima se incrementó un 91% a precios constantes, pero el haber medio sólo aumentó un 17 por ciento. Esto cuando se venía de haberes de miseria. 

El gobierno prepara un nuevo golpe a las jubilaciones, mucho más duro que el del pasado 18 de diciembre. Pretende subir la edad jubilatoria –de manera obligatoria- a los 70 años para los hombres y a los 65 para las mujeres; va por la reducción del haber inicial para que no supere el 40% del salario en actividad; pretende modificar nuevamente el índice de actualización de los haberes de tal manera que quede lejos del aumento de los precios y, como lo anticipa en la ley de Presupuesto, quiere que más jubilados paguen impuesto a las Ganancias y plantea la directa reducción de más del 14% en las jubilaciones futuras de los trabajadores patagónicos.

Para los actuales y los futuros jubilados es una cuestión vital evitar que pase esta ofensiva a las condiciones de vida del trabajador luego de su retiro. Es una lucha común para derrotar la ofensiva oficial, que es parte del intento de hacer pagar las consecuencias de la crisis a los trabajadores y demás sectores populares.