El gobierno nacional suspendió recientemente el inicio de la Ley de Economía del Conocimiento, que fuera votada en mayo del año pasado y otorga a las empresas de tecnología exenciones y reducciones en el pago del IVA, el impuesto a las ganancias, los aportes patronales al sistema previsional y otros gravámenes.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, el motivo de la suspensión es que se “trabaja en modificaciones a la reglamentación”, apuntando a que la misma permita “incrementar los beneficios para las PyMES”.

En verdad, la resolución no escapa al eje ordenador de la política del gabinete de Fernández, que es consumar los acuerdos de deuda: la suspensión de los beneficios impositivos forma parte de la recolección de fondos para la causa y constituye uno más del sinfín de gestos de “responsabilidad” hacia el FMI y los especuladores financieros internacionales. Fuentes del sector tecnológico estimaban el costo fiscal del nuevo régimen para este año en 130 millones de dólares al cambio oficial.

En ese sentido deben leerse las declaraciones del ministro de la cartera, Matías Kulfas, de que la normativa es tan amplia que cualquiera que use un poco de tecnología puede ampararse en la misma para pedir desgravaciones. En la lista de beneficiarios de la norma se ubican grandes monopolios como Price Waterhouse, la consultora contable más importante del mundo, y pulpos químicos exportadores como Bayer-Monsanto.

Pero el asunto ha conllevado varias protestas por parte de los pulpos de tecnología, ante las cuales el Ejecutivo se vio obligado a emitir un comunicado en el que –junto al argumento reseñado sobre las Pymes-, se señala que “los beneficios de la ley no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al 1º de enero” (El Zonda, 21/1). Por su parte, una fuente del gobierno señalaba días atrás que “los cambios regulatorios se concretarán en el corto plazo y no afectarán a las grandes compañías, entre ellas Mercado Libre” (Infobae, 25/1).

Así las cosas, es probable que el “ahorro” termine siendo parcial, de manera análoga a lo que está sucediendo con las patronales agrarias, y volviendo a poner de manifiesto las contradicciones en la política del gobierno.

El debate de la Ley

En una nota sobre la cuestión, Clarín afirma que la Ley había sido sancionada “con el apoyo de todos los bloques” parlamentarios (21/1). Falso: los diputados del Frente de Izquierda votaron –los únicos que lo hicieron- en contra.

Sucede que, mientras que el entonces oficialismo macrista presentaba el proyecto como un apoyo al ‘emprendedurismo’ de trabajadores independientes o pequeñas empresas, los fundamentos del mismo eran taxativos en su objetivo de favorecer “a los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas que se dedican a este tipo de actividades”. Por ello, en su intervención de rechazo en la Cámara Baja, la diputada Romina Del Plá reclamó que “pongan directamente, a TODOS y no sigan con el cuento de las microempresas”.

Del Plá también había señalado que, mientras se eliminaban impuestos a las ganancias de los monopolios, estos se mantenían para descontar el salario de trabajadores. El Partido Obrero viene rechazando sistemáticamente las desgravaciones impositivas y aportes jubilatorios patronales que vienen realizando los gobiernos capitalistas en favor de las patronales, marcando que esos fondos deberían trasladarse a la desgravación de impuestos al consumo de los trabajadores (como el IVA) y a necesidades sociales como la salud, educación, vivienda y jubilaciones.

A su turno, frente a los discursos de oficialistas y opositores acerca de “la modernización” y la llegada del “futuro”, la diputada había denunciado la crisis del desarrollo del conocimiento científico nacional, evidenciado en la falta de recursos para las universidades, profesores ad honorem, deterioro de condiciones laborales y salariales de los jóvenes científicos del Conicet. Y sostenido que “la única posibilidad de modernización, de futuro y de utilización de todos los elementos del conocimiento y la investigación al servicio de la población es que todo esto se ponga bajo el control de los trabajadores y se organice en forma social”.

Reclamamos el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, impuestos progresivos al gran capital, fondos para Ciencia y Técnica y los trabajadores del área.