Este miércoles 28 de abril, la corte constitucional de Ecuador (una instancia similar a la Corte Suprema de nuestro país) sentó precedente en materia de reconocimiento del derecho a decidir la interrupción del embarazo en caso de violación.

Hasta este fallo, el aborto solo era permitido en dos circunstancias: cuando la vida de la mujer corre riesgo de vida o si es el resultado de la violación de una mujer con una discapacidad intelectual superior al 30%, artículo 150 del Código integral penal. Sin embargo, es casi imposible realizarlo en el sistema de salud pública, algo que desde las organizaciones de mujeres y diversidades ecuatorianas vienen denunciando.

En la lucha por la legalización del aborto y particularmente por su despenalización para casos de violación, el principal obstáculo lo presentan los partidos del régimen, no solo los bloques conservadores, como el del candidato triunfante a la presidencia, Guillermo Lasso, sino también el bloque liderado por el expresidente Rafael Correa, una corriente similar al centroizquierda, aún cuando Ecuador es “un país en el que se estima que cada día quedan embarazadas 14 menores de edad, de las que finalmente dan a luz siete.”

Durante el 2013, Correa presionó al legislativo, tratando de traidores a sus mismos legisladores y bajo amenaza de expulsión,  para que no se apruebe la despenalización. De esta forma forzó a la asambleísta Paola Pabón (de la misma alianza de gobierno) para que retirara el proyecto. “Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. ‘¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción’, dijo y añadió que ‘si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo’” (El País, 11/10/13).

Por su parte, el presidente electo Guillermo Lasso había dado a conocer ya en 2019 su oposición a la despenalización: “un principio ético esencial es el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Y por ello nunca estaré de acuerdo con la legalización del aborto ni tampoco con la pena de muerte” (El Comercio, 6/8/19). Su esposa, María Alcívar, llamaba a orar por estos días para que la corte no lo apruebe.

Recientemente, Lasso tuvo que decir que respetaría la decisión de la Corte.

Finalmente, la  Corte votó mayoritariamente (7 de 9 jueces) declarar inconstitucional los artículos 149 (prevé sanciones de uno a tres años para quien haga abortar a una mujer que lo haya consentido y una pena de seis meses a dos años de la mujer que lo ha solicitado) y 150, mencionado más arriba.

Desde las organizaciones feministas de Ecuador, como Surkuna, celebran el fallo que “dignifica mínimamente”.

Queda un largo trecho por recorrer para que la legalización del aborto (no solo su despenalización) se convierta en una conquista. Pero, queda claro que en todos los países de América latina, donde los movimientos de lucha se organizan para reclamar con fuerza, el Estado comienza a ceder. No dejamos de advertir que es necesario desarrollar una orientación de independencia del Estado, de los partidos del régimen y del clero para triunfar.