El 28 de diciembre se dio a conocer la compra de Edenor por parte de una sociedad conformada por los empresarios Vila, Manzano y Filiberti. Edenor que hasta ahora estaba en manos de Pampa Energía (el holding de Marcelo Midlin) es nada menos que la mayor distribuidora de electricidad de Sudamérica y una empresa íntimamente ligada al poder político, primero por el tipo de servicio que provee y luego por la trama de subsidios, exenciones y condonaciones que hacen tanto a la política energética como a la política fiscal del Estado.

Los actores involucrados, de ambos lados del mostrador son miembros destacados de la decadente burguesía nacional argentina. Ambos, tanto compradores como vendedores, están estrechamente vinculados a Massa. Vila y Manzano han constituido históricamente la base de apoyo del presidente de la cámara de diputados desde su ruptura inicial con el kirchnerismo y Filiberti es el principal proveedor de Aysa, que en el loteo de parcelas del Frente de Todos fue a parar casualmente a la órbita de Massa que colocó como titular a su propia esposa. Por su parte, la relación de Midlin con el titular del Frente Renovador data de cuando ambos eran aliados del gobierno macrista.

De todas maneras, tanto los unos como los otros han mostrado su “pragmatismo” para hacer negocios con todos los gobiernos que se sucedieron en los últimos años, lo cual da cuenta de que lejos de cualquier atadura ideológica o política ambos son grupos que se han profesionalizado en el lobby y el parasitismo estatal.

Por si fuera poco, este pase de manos ha servido para desnudar una vez más el fatídico triángulo de negociados y corrupción compuesto por el Estado, los empresarios y la burocracia sindical empresaria, en este caso a través de José Luis Lingeri el titular del sindicato de obras sanitarias que cuenta con una fortuna incalculable a costa de las condiciones laborales de los trabajadores que dice representar.

La operación

El grupo comprador acordó pagar U$D 100 millones por el 51,8% de las acciones clase A de la empresa y de esa forma hacerse del control gerencial de la misma, una empresa que llegó a cotizar 2.500 millones de dólares en 2018. El otro gran actor es el propio Estado a través de la Anses, dado que el fondo de garantía de sustentabilidad cuenta con el 27% del paquete accionario de Edenor. La justificación pública de un precio tan magro para una empresa de la magnitud de Edenor –existen acuerdos de confidencialidad entre las partes- radica en un pasivo importante compuesto principalmente por dos deudas, una financiera y otra con Cammesa.

La primera son obligaciones negociables (bonos de empresas) por U$D 98 millones que vencen en 2022 y que pagan 9,75% anual, una tasa verdaderamente elevada para el sistema financiero mundial y que incluso contemplaba en su emisión un pago extra por el cambio de gestión de la empresa que tendrá que pagarse. Dado el secretismo que rodea la letra chica del contrato no está claro la sugerencia de Pagni acerca de que se pagarían “estas obligaciones negociables a un precio mucho mejor que el realmente tienen en el mercado” y que estarían en manos de un empresario ligado a Mindlin.

La otra gran deuda de Edenor es con la empresa distribuidora de energía Cammesa por 225 millones de dólares. Lo que se esconde atrás de esto es todo el entramado vinculado a los subsidios y las tarifas, donde los gobiernos que las congelaron con fines electorales viven otorgándoles subsidios cada vez más cuantiosos para sostener ganancias a las privatizadas sin ninguna apertura de los libros ni exigencia de inversiones. Según se informa en La Nación, fue Massa quien propuso incluir un artículo en el presupuesto donde las deudas de las empresas eléctricas con las distribuidoras no se discutan entre ellas, sino entre los deudores con la secretaria de energía, embarrando más la cancha y sugiriendo nuevas condonaciones por parte del gobierno para sus empresarios amigos. Para colmo, Vila y Manzano se beneficiarían por partida doble de esta política dado que ellos también son los dueños de la empresa gestora de energía de Mendoza (a la que manejan como un feudo) y que le debe a la distribuidora 120 millones de dólares.

Por su parte, ni Mindlin ni Pampa decidieron retirarse del mercado energético en Argentina. Al contrario, optaron por concentrar sus inversiones en otros dos negocios donde reciben enormes subsidios estatales como son la generación de energía en el que está asociado con el Estado y el Plan Gas en Vaca Muerta, uno de los beneficiarios del impuesto a las grandes fortunas aún no aplicado.

Como se ve, estamos en presencia de una operación marcada por los negocios turbios de dos de los grupos empresarios más importantes del país y de los que se han especializado en el lobby gubernamental.

Las tarifas, el ajuste y el FMI

Está claro que la apuesta de Vila y Manzano pasa por un shock de rentabilidad a costa de enormes tarifazos con los que viene amagando el gobierno y que fueron por ahora pospuestos sobre la base de una especulación electoral. La compensación a esos aumentos fallidos viene de la mano de los enormes subsidios que durante 2020 fueron del orden del 4% del PBI.

El FMI insiste en que la reducción del déficit fiscal es una condición necesaria para el acuerdo de facilidades extendidas que le pide el gobierno argentino y que trascendió hoy sería por el plazo de veinte años. El gobierno se encuentra entonces encerrada por su propia orientación social: por un lado sabe que la mecha está corta, que más ajuste no va a ser tolerado por el conjunto de los trabajadores y que un tarifazo sería rechazado por la enorme mayoría de la población. Por el otro, tanto su relación con el fondo como con los dueños de las empresas privatizadas depende de habilitar ese tarifazo, reducir el déficit y profundizar el ajuste que ya esta aplicando.

Los trabajadores no podemos permitir que la crisis se descargue nuevamente sobre nuestras espaldas, para garantizar los beneficios de estos parásitos profesionales. Debemos organizarnos para rechazar está política anti popular, exigir la apertura de los libros de las empresas y su nacionalización bajo control obrero. La ruptura con el fondo y el no pago de la deuda como el puntapié para una reestructuración de la economía nacional sobre nuevas bases sociales.