Según trascendidos periodísticos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) está evaluando autorizar subas en el componente Valor Agregado de Distribución (VAD) para las boletas de Edenor y Edesur. Lo que se sumaría al aumento establecido por la Secretaría de Energía, mediante la segmentación tarifaria, en el ítem Precio Estacional de la Energía Eléctrica (Pest).

Las distribuidoras de luz, y en especial Edenor y Edesur, optan por no pagarle a Cammesa, que es la empresa mayorista que les despacha energía eléctrica, acusando un supuesto “atraso tarifario”. La deuda acumulada ya supera los $370 mil millones y es cubierta con fondos públicos, ya que en muchos casos termina en laxos planes de pago o en la condonación lisa y llana de sumas multimillonarias.

Lo cierto es que si persiste este mecanismo se consumirá el “ahorro” fiscal que pretende generar el gobierno por medio de la segmentación de tarifas y los aumentos en el componente Pest dentro de la boleta de luz. Por lo tanto, analiza ceder ante el reclamo de las distribuidoras del Amba y autorizar un aumento en ese eslabón, perjudicando más aún el bolsillo de los usuarios y sin siquiera abrir los libros de estas empresas para evaluar los costos reales, verificar cuál es el destino de los subsidios estatales que embolsan hace más de veinte años y qué hicieron con los beneficios derivados del tarifazo del 3.000% aplicado por Macri.

Sin dudas no hubo ningún correlato en la inversión, la cual, en el caso de Edenor, disminuyó un 15% en el primer semestre del 2022. A su vez, Edenor invirtió en 2019 USD 42 millones menos que en 2014 y Edesur USD 86 millones menos. Algo que se refleja en los típicos apagones de todos los veranos cuando suben las temperaturas. Aún así, estas privatizadas serían premiadas con nuevos aumentos.

Como vemos, estamos frente a un esquema de tarifazos permanentes ya que las subas se inician en un eslabón de la cadena energética y luego se replican en el resto. Todo en función de reducir los subsidios energéticos, tal como reclama el FMI, pero sin tocar los intereses de los capitalistas que intervienen en la generación, distribución y transporte de energía.

En ese sentido, se queda corto el análisis de algunas consultoras privadas, las cuales proyectan que la incidencia del aumento de la luz, gas y agua en el índice de precios oscilará entre el  “2,3 y 4,3% en el acumulado entre septiembre y marzo próximos” (La Nación, 22/8). Por otra parte, si devalúa la moneda este cálculo será impredecible ya que el precio del gas en boca de pozo -y el importado, naturalmente-, que oficia de insumo base de toda la cadena energética, se encuentra dolarizado.

Se trata de un régimen energético inviable, dado que los subsidios millonarios y los aumentos de tarifas están basados en precios que fijan las empresas de acuerdo a su ánimo de lucro y no a los costos reales. Por eso es fundamental la apertura de los libros en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria energética, en función de destinar este recurso estratégico al desarrollo del país y a resolver las necesidades populares.

Mientras tanto, debemos defender el poder adquisitivo de los salarios peleando por un paro nacional y plan de lucha, que ponga de relieve la necesidad de un salario inicial de $180 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Abajo el pacto de ajuste con el FMI.

 

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