Según La Nación, el oxígeno que el gobierno logró con el G20 y el apoyo de las principales potencias imperialistas a los planes fondomonetaristas de Mauricio Macri le duró 48 horas, porque ya atraviesa una nueva crisis política con Elisa Carrió.

Es cierto, tanto para Macri y para varios otros como Emmanuel Macron -que tuvo que recular ante los chalecos amarillos- o para Trump -que enfrenta una crisis política interna, que lo pone otra vez en la mira de un impeachment-, como para el conjunto del imperialismo, al que un desplome en las bolsas le arruinó la ilusión de la tregua comercial chino-norteamericana por tres meses pactada en Buenos Aires. Tema nada menor para Macri, porque el riesgo país argentino volvió a las nubes y rebotó el dólar a pesar de la manutención de las siderales tasas de interés.

Consciente del potencial de conflicto social del plan de guerra del FMI que está en marcha, el gobierno ha decidido acompañar la ofensiva capitalista con un reforzamiento represivo del Estado.

Ninguna improvisación

En este contexto, Patricia Bullrich y Macri han decidido ir adelante con esta pena de muerte no escrita, a través de la carta blanca para matar, otorgada a las fuerzas de seguridad que significa el decreto 956/18. No hay fisuras de interpretación en el alcance de semejante medida, porque las fuerzas federales podrán disparar por presunción de “peligro inminente”, ante una simple fuga, por apreciación personal de intención de usar un arma aunque no esté a la vista y hasta por el uso de armas por parte de otros, cuando se trata de un grupo de personas. La “doctrina Chocobar” ha sido llevada a la legislación mediante un decreto. Lo que vale para quien roba un celular, o escapa de un control de alcoholemia, valdría también, por supuesto, para una manifestación popular.

Pero no se trata de una improvisación. En los días previos al G20, la policía bonaerense mató a Orellana en el Puente 12 en La Matanza y la policía de Schiaretti a Barrionuevo en Córdoba, luego de torturarlo arrodillado en un descampado. Ambos, militantes de la CTEP. El 29 de noviembre, un día antes de la militarización de Buenos Aires por el G20, el juez interviniente cerró la causa de Santiago Maldonado, echando un manto de impunidad a un crimen de Estado, con el agregado de que el mismo juez avisó a la madre de Santiago que fallaba “apretado” por el poder político. Cabe esperar en esta línea, la impunidad para el segundo crimen de la Patagonia, el de Rafael Nahuel.

Que se trata de una política lo demuestra la ya elaborada reforma del Código Penal, que incluye textualmente el contenido del decreto. En este cuadro político, con Carrió en contra no sólo del decreto 956 de licencia para matar, sino también de la ley de financiamiento de los partidos políticos, Macri ha desechado colocar el nuevo Código en el temario de extraordinarias y anunciarlo como una de las piezas centrales del discurso de apertura legislativa del próximo 1° de marzo.

Esto quiere decir sólo una cosa. La cuestión del reforzamiento represivo del Estado será eje de campaña electoral del macrismo. Es decir que desde el interior del gobierno, con Bullrich a la cabeza y el núcleo de Marcos Peña y Macri, han decidido avanzar en la tentativa de un curso de “bolsonarización” del gobierno.

 

La crisis política

La oposición de Carrió no indica que se aparte del rumbo general del gobierno, pero sí que puede responder a una fracción del imperialismo, partidaria de una “seguridad democrática” de otro carácter, que evite que Macri termine como Duhalde en los días del Puente Pueyrredón, justamente cuando lo peor del ajuste -con despidos masivos, desocupación y hambre- está todavía por venir, si miramos los indicadores del desplome industrial, de la aguda recesión en la que estamos. De cualquier modo, Carrió en pocas horas se pasó al reclamo de que la disposición de Bullrich se consagre por ley en el Código Penal.

Pero aunque el “voto bala”, con el que pueda estar especulando Jaime Durán Barba, tenga algún tipo de rendimiento, semejante curso conduce a una crisis en la alianza Cambiemos, no sólo con la CC de Carrió, sino también en el interior de la UCR. Llama la atención también que María Eugenia Vidal adelantó que su gobierno no adheriría al decreto que rige para las fuerzas federales. La carta blanca para matar en manos de la Bonaerense puede ser el pasaporte al desastre de cualquier gobierno de la provincia, donde se han dado la mayoría de los 5.000 casos de gatillo fácil de la última década.

Los decretos y medidas en función de la autonomía de las Fuerzas Armadas y su intervención en cuestiones internas, han sido seguidos por el conjunto de la alianza oficial, pero el 2×1 a los genocidas generó una colosal movilización popular y obligó al conjunto del régimen político, incluida la oposición, a un recule, ahora convalidado por la propia Corte Suprema.

Pero, cuidado, no largar a los genocidas para evitar una crisis mayúscula con las masas y con la oposición no quiere decir que el decretazo de Bullrich ya esté liquidado. Al contrario. Miguel Angel Pichetto, muchos gobernadores como Alicia Kirchner -cuya Justicia acaba de procesar a los luchadores docentes- y hasta el propio kirchnerista Sergio Berni, han dicho que la medida es “razonable”. Se trata de un reforzamiento represivo del Estado que tiene raíces en amplios sectores de la burguesía. Así como Cristina alberga a los pañuelos celestes y los verdes, alberga también a los mano dura contra la pobreza y el movimiento popular.

A movilizarnos con todo para derrotarlos

Bien mirado, el “éxito” para el desarrollo (físico) del G20 que no tuvo Macri con el partido River-Boca, fue la confluencia de un amplio operativo de contención de la oposición pejota-kirchnerista, que empezó con la aprobación del Presupuesto del FMI. Formaron parte de ese operativo la fuga a Luján del sindicalismo opositor, la entregada de la CGT por el bonotrucho, los votos y abstenciones en Diputados y Senadores por el Presupuesto 2019, el pacto con los gobernadores y, por fin, la contracumbre en Ferro, transformada en un foro “hervíboro” de nacionales y populares derrotados, donde Cristina dio garantías al Vaticano y al capital financiero de todo tipo, ayudada por Axel Kicillof con sus definiciones de docilidad en la revista Forbes. Los movimientos sociales del Vaticano dieron su contribución encerrando sus huestes cada día más hambrientas en Atlanta, unos días antes. Y por fin, la puntada final fue el vaciamiento de la movilización del propio 30 de noviembre, el día del G20, donde la izquierda demostró que la única oposición estratégica al imperialismo viene de nuestra parte -o sea, de quienes luchamos por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista en toda América Latina.

Mientras escribimos estas líneas, miles de piqueteros con el Polo Obrero a la cabeza han sido sitiados en Constitución para evitar su reclamo ante Desarrollo Social. Las mujeres vuelven a ganar la calle ante la atrocidad de la impunidad por la violación y muerte de Lucía, por parte de los mismos policías que reciben ahora licencia para matar. Hace unas horas, los gráficos de Interpack I ocuparon la planta ante once despidos, que son el inicio de un vaciamiento, y los despedidos de Siam preparan otro corte del Puente Pueyrredón. Los trabajadores de Aerolíneas lograron parar las suspensiones mediante una huelga atacada desde todos los medios por “salvaje”. Hace unos días un enorme movimiento de enfermeras y enfermeros ganaron la calle contra una ley que destruye su carrera profesional, como la ganaron los estudiantes y docentes contra la Unicaba.

La disposición de lucha para una movilización masiva que derrote el decretazo de Bullrich y Macri está. El problema es remover los factores de freno. En la conferencia de prensa de Sergio Maldonado, las organizaciones de derechos humanos que lo acompañaron debieron anunciar una gran marcha para que centenares de miles en las calles los derrotemos. Promovemos un plenario de todas ellas para ganar la calle en una gigantesca movilización popular para derrotarlos.

Cuando nuestro partido ha planteado el paro activo nacional de 36 horas, hoy traicionado por la CGT, hemos estado señalando un camino, el de la irrupción popular para terminar con este gobierno insoportable para la mayoría nacional. Al servicio de esa perspectiva hemos incluido en nuestras consignas la Asamblea Constituyente soberana y con poder, para reorganizar el país sobre otras bases, que indudablemente suponen el desmantelamiento del aparato represivo. Si derrotamos el decreto de Bullrich, iniciaríamos ese camino con un golpe decisivo a la bolsonarización de Macri. Vamos por ello. Fuera Bullrich, fuera Macri.