La cuarentena ha ingresado a una nueva fase. No solo por la liberación parcial del aislamiento -por zonas y cantidad de habitantes- sino por un salto en la cantidad de luchas y acciones callejeras: la caravana de mineros neuquinos de Andacollo hasta la Casa de Gobierno provincial, donde confluyó con el Polo Obrero y otras organizaciones y los docentes de Aten; la protesta de las obreras de Textilana y la marcha de textiles en Trelew; los conflictos de varios frigoríficos (Penta, Federal, Lobos); los cortes de calles y abrazos a hospitales en la Ciudad de Buenos Aires; el paro de médicos de Santa Fe; la ocupación de la plástica BedTime; el paro de los repartidores, entre muchas otras.

La “normalidad” que reclaman los capitalistas viene acompañada de la “normalidad” de las lucha de los trabajadores, que crecerán por el agravamiento del derrumbe económico. Una encuesta del Centro de Economía Regional y Experimental arrojó que “en abril, el 80% de las familias no logró cubrir sus gastos con ingresos propios y se endeudó. El endeudamiento global llegó a los 1,7 billones; un promedio 150 mil pesos por hogar”.

Todo cruje

Detrás de la imagen de control que intenta proyectar Alberto Fernández en sus apariciones televisivas, todo cruje.

El recule con las salidas recreativas luego del rechazo de cuatro gobernadores -que emitieron un comunicado conjunto; entre ellos Axel Kicillof y Horacio Larreta- es la expresión de desinteligencias cuando la curva de contagios se empieza a acelerar. Los casos crecientes en la Villa 31 y en el conurbano, los altísimos porcentajes de infectados entre el personal de la salud, lo ocurrido en varios geriátricos y la situación en las cárceles son los puntos más críticos de un cuadro de gran explosividad.

La fragilidad del sistema sanitario es enorme. El tiempo ganado con el aislamiento no redundó en una mejora. La cantidad de camas de terapia intensiva, respiradores y tests sigue siendo exigua. Y los insumos de bio-seguridad y Equipos de Protección Personal (EPP) en los hospitales son un bien escaso. Esa fue la denuncia principal del aplausazo en puertas y halls de centros de salud dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días. 

Fernández nada dijo sobre el necesario aumento de las partidas presupuestarias para afrontar el salto en la pandemia, que el propio gobierno admite que se avecina. Tampoco hizo referencia a ninguna medida de asistencia a los millones de trabajadores que se enfrentan al dilema de querer preservar su salud sin los recursos mínimos para hacerlo. 

El Ingreso Familiar de Emergencia, dispuesto para los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, se cobra escalonado; arrancando recién ahora se extenderá hasta julio, por lo cual los mismos 10 mil pesos comprometidos terminan cubriendo no un mes sino tres. Por la acción de diversos filtros formales, cuatro millones de trabajadores fueron excluidos y, contra algunos trascendidos, el gobierno informó que “no está previsto un nuevo desembolso”.

Los compañeros del Polo Obrero junto a numerosas organizaciones sociales denuncian que son centenares los comedores y merenderos que no reciben alimentos, en algunos casos, desde hace meses. Las denuncias por sobreprecios (que se siguen sumando) han paralizado al Ministerio de Desarrollo Social, en una combinación de corrupción, inoperancia y dilaciones. La responsabilidad del Estado y sus funcionarios por esta situación es, formalmente, criminal. 

El universo de ocupados y semiocupados enfrenta una ola de despidos, suspensiones y recortes salariales, que abarca a todas las actividades. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), entre el 15 de marzo y el 15 de abril, había 310 mil trabajadores afectados. En ese lapso, el Ministerio de Trabajo homologó convenios de 150 acuerdos “a la baja”.

La UIA, la CGT y el gobierno 

El reciente acuerdo firmado por la CGT y la UIA, que será refrendado por el gobierno mediante un nuevo DNU u otro mecanismo, que establece un marco para suspensiones por 60 días al 75% de salario neto (rondaría el 60% del salario de convenio), ha reimpulsado las negociaciones por gremio: Comercio, Smata, textiles, petroleros, UOM… Aunque en algunos casos, como textiles y petroleros, la rebaja es mucho mayor, y en el “submundo de la precarización” que reina en pequeñas y microempresas, ni hablar.

Este “acuerdo marco” fue exigido por las patronales como complemento del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que dispone el pago del 50% de los salarios por parte de la Anses. Mediante sucesivas presiones, la UIA logró imponer modificaciones a las restricciones del DNU y ahora reclama “que todas las fábricas del país puedan tener acceso” a esos fondos, independientemente de su tamaño o situación productiva. 

Según Héctor Daer, el acuerdo “significa un puntapié clave para cuando podamos salir de la cuarentena y se tenga que retomar la actividad económica” ya que “tiene la posibilidad de ser prorrogado”. Y agregó, “De esto se sale con un gran acuerdo político y social”.

Pasado en limpio: que los actuales recortes de salarios, despidos y cambios en los procesos y formas de trabajo se conviertan en permanentes. 

Detrás de esta reestructuración se alinean todos. La determinación de Clarín (una de las empresas que más está ganando en esta crisis por el crecimiento de los servicios de cable y telefonía) de incorporarse a la lista de los “pagadores en cuotas” tiene ese significado. 

La recaudación, en lo que va de abril, se desplomó un 25% interanual en términos reales, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Esto se replica hacia abajo y coloca en la mira los salarios estatales -nacionales provinciales y municipales. El congelamiento salarial incluido en la ley de Emergencia de Rodríguez Larreta, en una proyección inflacionaria que no baja del 50%, significa otra forma de reducción salarial. 

Todos hacen sus negocios

El otro blanco de las quejas de la UIA son los bancos y las “dificultades en el acceso al crédito -en particular para el capital de trabajo- y los cheques rechazados”. El primer plan, consistente en la liberación de encajes bancarios para dirigir esos recursos a préstamos a tasas bajas, fracasó por la desconfianza de los bancos en la capacidad de repago de las empresas y la resistencia de las patronales a endeudarse en las condiciones ofrecidas. Los pesos liberados terminaron generando la corrida que llevó al blue a las nubes. 

Los chispazos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por los niveles de emisión continuaron con esta discusión sobre el rol que debe jugar la banca en estos momentos. Los trascendidos sobre medidas como la reforma de la carta orgánica del Banco Central, para “obligar” a los bancos a prestar más plata o un impuesto específico, han dado paso a la posibilidad de emitir “un bono en pesos que se entregaría a los bancos a cuenta de los encajes” -es decir que los bancos harían su negocio, financiando al Tesoro, para que éste distribuya esos fondos a tasas subsidiadas. 

La deuda y el Mercosur

La cuestión clave sigue siendo la deuda. La propuesta del gobierno cayó bien entre los especuladores -pese a los rechazos “para la tribuna” de algunos de los comités que agrupan a los bonistas-, ya que la quita en el capital es mínima y la tasa de interés promedio que se propone pagar por los 22 bonos en discusión es mayor que la tasa promedio internacional. Lo que determinaría que el “valor presente” de los nuevos bonos sería bastante más alto que la cotización de los actuales.

Por otro lado, quienes piden mayores pagos a los acreedores externos lo hacen en defensa de su propio bolsillo porque, mediante los fondos de inversión, una parte sustancial de esa deuda tiene como beneficiarios finales a residentes argentinos. Ese es el secreto de la formación de activos en el exterior. “Un buen acuerdo de deuda para nuestro futuro post pandemia”, dice el comunicado firmado por un grupo de empresarios de diversas industrias, que respalda la negociación encarada por el gobierno.

Es claro que la marcha de la crisis agudizará los choques entre los distintos sectores, incluso a escala continental, como lo demuestra la crisis desatada en torno del Mercosur. La oposición del gobierno argentino a los acuerdos de apertura económica bilateral con Corea del Sur, Japón y otros sería apoyada por la UIA y rechazada por el capital agrario, dado que los privaría de contar con las ventajas que le otorgaría la suscripción de un convenio con aquellos países para acceder a sus mercados. Un “proteccionismo” fiscalista conversado con el FMI. Es, en todo caso, un episodio del dislocamiento del Mercosur, ya moribundo. Testimonio, si los hay, de la impotencia de las burguesías nacionales para unir la América Latina semicolonial.

Impulsar a fondo la intervención de los trabajadores

Nuestra primera tarea es apoyar e impulsar cada uno de los reclamos y luchas en curso y los que surjan. La defensa del salario debe partir del rechazo al acuerdo de la UIA, la CGT y el gobierno, y la adopción de mecanismos de ajuste automático por inflación. Se impone la defensa de los convenios ante el avance del teletrabajo o la virtualización educativa, que constituyen una verdadera “reforma laboral de hecho”. La lucha contra el hambre pasa por la universalización de un seguro de 30 mil pesos para todo aquel que carezca de un ingreso y la asistencia alimentaria bajo el control de las organizaciones populares. 

Los conflictos son un campo de choque con las patronales y con la burocracia, que requieren un pliego específico en conexión estrecha con un programa general, que plantee medidas de fondo como la centralización de todo el sistema de salud o la nacionalización de la banca. Los mandatos a los cuerpos de delegados, la elección de comisiones fabriles y de lucha, la batalla por la apertura de cuentas de las empresas que despiden o rebajan salario para establecer su continuidad bajo gestión obrera y la ocupación de esas plantas para imponerlo, como manifestaciones, paros y movilizaciones por todos los reclamos, estarán a la orden del día.

En síntesis: un programa y una acción para “que la crisis la paguen los capitalistas” y abramos paso a una salida de los trabajadores.