Cuando la disputa política local estaba levantando temperatura, especialmente por las peleas en torno de la reforma judicial, de repente se produjo un cambio de clima en favor de la llamada unidad nacional. El apoyo cerrado de la oposición derechista a la reestructuración de deuda con los fondos de inversión fue tan unánime, que no se quedaron afuera siquiera los “Toto” Caputo y compañía, que habían comandado directamente el proceso de endeudamiento bajo el gobierno macrista. El propio Macri, desde sus vacaciones parisinas, hizo llegar también su voz de aliento. Las diferentes asociaciones empresariales con que cuenta el empresariado local se sumaron al festejo. Aunque, en este caso, los motivos son más directos: la burguesía nacional es una de las grandes tenedoras de los títulos de deuda externa, que se valorizarán al menos transitoriamente con el pacto sellado con BlackRock. Las distintas fracciones del peronismo se mostraron unificadas en apoyo al pacto de la deuda. Según confesara Alberto Fernández, fue Cristina Kirchner quien le aconsejó a él y al ministro Guzmán que “había que ceder”. Los centroizquierdistas que ingresaron al gobierno agitando la bandera de la investigación de la deuda también aplaudieron sin importarles que la reestructuración pactada implique un reconocimiento a todas las estafas y negociados que están en la base de la deuda externa. En estas condiciones, la única fuerza política que rechazó y denunció abiertamente el acuerdo fue el Frente de Izquierda-Unidad. En un país donde pululan tantos nacionalistas, el campo nacional quedó representado exclusivamente por la izquierda internacionalista.

Pacto colonial

La orientación de Cristina Kirchner, la “jefa”, fue seguida al pie de la letra. Es que entre la propuesta original presentada en marzo y la finalmente aceptada por los fondos de inversión, el gobierno argentino cedió unos 16.000 millones de dólares adicionales. Las concesiones fueron de todo tipo. Por un lado, en las cláusulas legales, que los fondos de inversión habían tomado como un tema crucial, ya que la reestructuración de deuda argentina es considerada una prueba piloto de nuevas reestructuraciones que deberán hacer otros países como consecuencia de la aceleración de la bancarrota económica internacional. La disputa en torno de las cláusulas legales, por ejemplo, estaba bloqueando la reestructuración de la deuda soberana ecuatoriana. Luego del acuerdo del gobierno argentino, BlackRock tendrá mejores condiciones para lograr una capitulación del gobierno de Ecuador. Son los servicios prestados a la “patria grande”. Por otro, el gobierno admitió reducir el período de gracia y hasta emitir un bono especial para capitalizar los intereses no pagados durante los últimos meses.

Oficialistas y opositores, y los medios de comunicación que reportan a unos y otros, se sumaron abiertamente a falsificar la información sobre el verdadero contenido del acuerdo. La especie de que la reestructuración se hace sobre la base de reconocer el 54,8% del valor presente neto de los bonos, intenta hacer creer que la reducción de deuda será del orden del 45%. Pero se trata de una falsedad completa. Que el debate haya girado en torno al llamado “valor presente” fue el primer triunfo de los acreedores y, si se quiere, un triunfo estratégico que anticipó la capitulación del gobierno argentino. Es que desde el punto de vista de Argentina, el tema crucial era cuál era el capital que había que emitir con los nuevos bonos, la tasa de interés y los períodos de pago. Visto así, el acuerdo implica una reducción insignificante del capital, menor al 2%. Para bonos que cotizaban al 35% de ese valor, el reconocimiento del 98,2% del capital es un rescate de características extraordinarias, que supera todo lo visto en materia internacional. En relación con los intereses, se reconoce una tasa que supera largamente la que pagan la inmensa mayoría de los países.

Como este esquema de deuda se replicará para la deuda en moneda extranjera bajo legislación local y como, a su vez, la deuda con el FMI y otros organismos internacionales de crédito no permite reducción de capital, la deuda final de Argentina se mantendrá casi sin alteraciones, en un contexto de caída significativa del PBI. No es casual, por lo tanto, que en el oficialismo nadie salude el acuerdo en nombre del “desendeudamiento”. Al mantenerse casi sin alteraciones el capital total de la deuda, que hoy supera el 100% del PBI si se suman las deudas provinciales, la lógica del endeudamiento permanente se mantendrá sin alteraciones. Cuando lleguen los vencimientos de capital, Argentina deberá, otra vez, recurrir a nueva deuda o proceder a una nueva reestructuración. Quien sabe perfectamente esta lógica es el fondo Pimco, que acaba de ser beneficiado con la posibilidad de dolarizar sus títulos en pesos.

Es probable que por las subas y bajas especulativas que caracterizan a los mercados financieros, los bonos coticen al momento de su emisión por encima de lo que hoy se estima. En ese caso, aplicando una tasa de descuento menor, el llamado valor presente neto será con seguridad bastante mayor al 54,8% que hoy se informa. En todo caso, la insistencia en referirse a ese índice demuestra que los fondos de inversión están pensando en liquidar rápido los bonos de la Argentina y pasarse a otras inversiones.

FMI

El acuerdo logrado es solo una parada en el largo vía crucis que los acreedores tienen armado sobre el país. La próxima parada será con seguridad la más compleja de todas: la renegociación de la deuda con el FMI, que hoy es el principal acreedor de la Argentina. El FMI no solo quiere cobrar los 44.000 millones de dólares que ya entregó sino, por sobre todas las cosas, dictar los términos de la política económica. Los BlackRock y compañía están a la espera de ese acuerdo, porque quieren ver las condiciones políticas y económicas del repago de la deuda. Por lo pronto, pusieron su granito de arena al reducir el período de gracia que había solicitado el gobierno. Buscaron por esa vía comprometer al gobierno de Alberto Fernández con que el pago de los intereses comience en su propio mandato.

Los requerimientos del FMI son ya conocidos, pero la cuestión es cómo se conjugan con la bancarrota sin precedentes que alcanza a la Argentina y más en general a la economía mundial. El clásico pedido de austeridad fiscal choca con los reclamos de los capitalistas para obtener mayores subsidios por parte del Estado. El programa presentado por la UIA y apoyado por la burocracia sindical que comanda la CGT es un rosario de pedidos de asistencia al Estado, cuando este justamente no tiene condiciones para continuar bancando los subsidios, en un cuadro signado por la caída de la recaudación impositiva y la falta de acceso al mercado de capitales. La etapa de depresión económica que atraviesa el país -y agreguemos a escala mundial- planteará necesariamente quiebras masivas de empresas, que es la vía por la cual la crisis capitalista liquida el capital sobrante. La postergación dispuesta por el oficialismo de suspensión de quiebras hasta el 31 de marzo de 2021 solo prueba que el gobierno no tiene una solución al respecto e intenta ganar tiempo.

Estos choques por ver qué sectores sobreviven a la crisis alimentarán la crisis política en el próximo período. No importa que sus protagonistas justifiquen públicamente sus peleas invocando la “transparencia”, la “república”, la “división de poderes” o frases de ese tipo. La función del análisis político es desentrañar qué intereses de clase se esconden detrás de esas disputas. El gobierno, ante esta situación, está en una encerrona: en pocos días ha bendecido el programa de la UIA basado en subsidios del Estado y el programa de los exportadores de la cadena agraria que reclama menos retenciones. Por otro lado, el FMI ya anticipó que pedirá que continúen los controles de cambio, chocando con sectores capitalistas que quieren una mayor devaluación y libre acceso a las divisas. Las contradicciones de fondo que enfrentan a los sectores capitalistas dan una dimensión de que la bancarrota argentina está lejos de solucionarse por el pacto con BlackRock.

Lo que se viene

Mientras los sectores capitalistas disputan por ver quién rasca la olla, acuerdan en aplicar un ajuste de mayores proporciones sobre los trabajadores. La llamada “ampliación presupuestaria” votada en el Congreso implica un ajuste en toda la línea sobre los trabajadores del Estado, los jubilados, la salud y la educación. Un ejemplo claro es lo que sucede con el presupuesto universitario: la llamada “ampliación”, en realidad, implica en términos reales (descontada la inflación) una reducción presupuestaria mayor a la que aplicó López Murphy en 2001. Lo mismo sucede con los jubilados, a los que se les quitó la movilidad, y a los trabajadores del Estado. El desconocimiento de la paritaria firmada por los docentes universitarios por parte del gobierno nacional fue replicado por Larreta en la Ciudad, desconociendo también la paritaria firmada con la docencia porteña.

La burocracia sindical opera en esta crisis como un agente directo de las patronales. Apoya abiertamente el programa de subsidios al capital, reclamado por la UIA en nombre de que ese modo se podrán defender los puestos de trabajo. Con ese mismo argumento firman reducciones salariales nominales, afirmando que es mejor tener trabajo que salario y admiten despidos, en nombre de que es mejor perder una parte de los empleos a la totalidad de ellos si la empresa cierra. Esta orientación de recule sistemático solo prepara mayores pérdidas de conquista de los trabajadores, sin que eso detenga una ola de quiebras, como ya se viene registrando.

La envergadura de la crisis plantea, de modo más urgente que nunca, quién la paga: si los trabajadores o los capitalistas. Nuestro planteo de que la crisis la paguen los capitalistas apunta a esta cuestión crucial y destaca un programa: rechazo a los despidos y defensa de los puestos de trabajo; ajuste salarial por inflación; reposición de la movilidad jubilatoria; defensa de los convenios colectivos; triplicación del presupuesto de salud y educación; no al pago de la deuda; control obrero y apertura de los libros de las empresas; nacionalización de la banca y del comercio exterior, por un plan económico y político de los trabajadores y la izquierda.