El gobierno pretende salir del atolladero en el que se encuentra mediante redoblados ataques a los trabajadores y un ajuste general que afecte decididamente las condiciones de vida del pueblo. El diario BAE fue enfático cuando tituló “El empleo se derrumba en el conurbano”. Es que las estimaciones ya colocan al índice de desocupación en la zona más caliente del país en el 11,3% con una tendencia creciente. La recesión en curso llevará la desocupación a niveles récords, afectando a millones de trabajadores.



Siguiendo con la cuestión del empleo, el Ejecutivo acaba de anunciar que dará por concluido miles de contratos precarios firmados a través de las universidades. Esto representará en lo inmediato nuevos despidos en la administración pública. A esto hay que agregarle los despidos en las empresas estatales, cuya reducción de partidas está prevista especialmente en el pacto con el FMI. El primer paso lo estamos viendo en Télam, con los 357 despedidos. Importa, además, como dato político, porque transforma al gobierno en la vanguardia de la clase capitalista contra la clase obrera, cuando los despidos, como consecuencia de la recesión, se multiplicarán en todas las ramas de la economía.



Las provincias son otro de los escenarios de esta ofensiva. Las transferencias del Estado nacional han crecido sólo un 8% contra una inflación que en el mismo período arrojaba el 26% anualizada. O sea, una reducción presupuestaria real del 18% para la salud y la educación a cargo de las provincias. El ajuste es aún peor si se mira la obra pública, con una caída nominal del 33%, lo que -teniendo en cuenta la inflación- implica un retroceso del 60%. El periodista de Clarín” Alcadio Oña, deduce de ello que en los primeros cinco meses del año -ojo, la crisis más grave viene ahora- a las provincias les quitaron más de 22.000 millones de pesos.

Ataque al salario



La cuestión salarial es otro de los capítulos más importantes. El ministro Triaca acaba de anunciar que no homologará más acuerdos salariales que contengan cifras no remunerativas. Viniendo de un negrero consuetudinario, semejante apego al trabajo en blanco es sospechoso. En realidad, por esta vía se pretende reducir aún más los salarios, ya que las cifras no remunerativas suelen usarse por las patronales y la burocracia sindical para aumentar salarios eludiendo las cargas patronales. Es lo que hace, incluso, el propio Estado con sus empleados. Esta resolución llega justo cuando el impacto de la inflación sobre los salarios es enorme. La mayoría de las paritarias han quedado a más de 10 puntos por debajo de la inflación prevista. La situación de los empleados públicos y los docentes es aún peor.

Para ellos ni siquiera corre el decreto de Macri de homologación simple de las dos cuotas de 2,5%, por el simple motivo que no se la piensan dar. Así, los trabajadores del Estado sufrirían una caída salarial de 15 o más puntos. Es un golpe enorme sobre salarios que, en su mayoría, ya están por debajo de la línea de pobreza -el salario inicial de un docente de la Ciudad de Buenos Aires es de 15.500 pesos.

Gobierno en crisis



Pero esta ofensiva sobre los trabajadores, la salud, la educación y las provincias está muy lejos de ser encabezada por un gobierno fuerte. Por caso, las medidas pactadas con el FMI están empantanadas. Uno de sus puntos centrales, la recapitalización del Banco Central, ha sido postergado para un futuro incierto. Es que el Tesoro no tiene fondos para recomprar las letras intransferibles que tiene el BCRA, ya que para ello debiera endeudarse a tasas usurarias. También está empantanado el canje de las Lebac, comprometido en el acuerdo con el FMI. El llamado ‘swap’ para recomprar las Lebac y evitar un megavencimiento la semana que viene directamente fracasó; logró adquirir menos de un 10% de los vencimientos previstos para el martes 17, aún convalidando una tasa de interés en el mercado secundario que ronda el 50%. Otro tanto ocurrió con el canje por Letes en dólares del Tesoro, el cual, aún ofreciendo una tasa más alta, no concitó la adhesión de los especuladores. Ahora el gobierno insiste con un ‘bono dual’, que asegura un rendimiento en dólares alto, en el caso de que la tasa en pesos resulte superada por la devaluación. Esta dolarización de la economía no sirve para superar la crisis, sino que agrava todas sus contradicciones. Por lo pronto, los seguros contra defol ya superaron en su cotización a los de Grecia.



El empantanamiento del gobierno se pone de manifiesto con mayor agudeza en la cuestión de las tarifas y las naftas. Aranguren fue despedido por negarse a revisar los contratos y los acuerdos de aumentos, pero su reemplazante terminó convalidando un naftazo de entre el 8 y el 12%, cuando el previsto por Aranguren era del 3%. Luego, la caída de las acciones de las empresas hizo retroceder al gobierno en chancletas. Ahora, y en relación con las tarifas de electricidad y gas, el gobierno ha dicho que respetará lo firmado. De ser así, los tarifazos del segundo semestre llegarán al 80%, sobre aumentos que ya llevan acumulados más de un 1.000%. Como no es claro que el gobierno se anime a tanto, explotaron los choques entre las empresas transportadoras y distribuidoras con las petroleras por los precios que deben pagar. Estas divisiones en el seno de la clase capitalista se multiplican todos los días. La Unión Industrial Argentina cuestiona, por ejemplo, las tasas usurarias que benefician a los bancos; los sojeros lograron que se mantenga el cronograma de reducción de retenciones, pero el efecto fiscal que causará pone en alerta a la Cámara de la Construcción, que amenaza con decenas de miles de despidos si se paraliza la obra pública. El último choque ha sido con Brasil, ante los subsidios que Temer anunció para las automotrices radicadas en el país.

Choques políticos



Estas divisiones explican, finalmente, los choques políticos que no se limitan al gobierno y la oposición, sino que ahora abarcan a la mesa chica del macrismo. La prensa refleja estos choques bajo un modo chismoso, como las idas y vueltas entre Carrió y la UCR. Pero las versiones más audaces señalan que el cambio de gabinete está lejos de haber concluido. La tarea pendiente sería reemplazar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por un pejotista del tipo Urtubey. Es a lo que se refiere el diario financiero Cronista cuando coloca en su tapa que “Los inversores externos apuntan a la gobernabilidad”.



Las negociaciones con el pejotismo para la aprobación del Presupuesto 2019 están en el centro de la crisis y agravan las divisiones en el oficialismo. Carrió desestima un acuerdo y plantea prorrogar el presupuesto actual, lo que equivale a un gobierno por decreto. De paso, presiona para que el gobierno reste votos al aborto legal en el Senado. El pejotismo propone un acuerdo pero no está claro que haya coincidencias en los términos; su propuesta de traspasar los servicios de electricidad, gas y agua a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires es un tiro a la base de sustentación del macrismo, la dupla Larreta-Vidal.



Estos choques y divisiones, sin embargo, no pueden ocultar el trabajo de colaboración de todas las fracciones de los partidos capitalistas con el ajuste en marcha. Los gobernadores son los principales ejecutores del ataque a los trabajadores de las provincias, sean empleados públicos o docentes. Lo mismo vale para el kirchnerismo. Su programa se reduce a una serie de “emergencias” (de alimentos, de tarifas, etc.), cuyo propósito no va más allá de una reducción de daños de la política diseñada por el FMI y aplicada por el gobierno nacional y los gobernadores. En su demagogia, afirman que las medidas de fondo contra el plan oficial quedarían reservadas para ser aplicadas luego de que retomen al poder a fines de 2019. De este modo, se colocan como garantes de la gobernabilidad de Macri.

Derrotar la ofensiva



La colaboración de la oposición patronal pejotista-kirchnerista, lo que incluye a la burocracia sindical en todas sus variantes, explica la paradoja de la situación política argentina: la de un gobierno en crisis, dividido internamente y con sus políticas empantanadas que es, a la vez, el ejecutor de un plan de guerra contra los trabajadores. Esta colaboración se pone más de manifiesto cuando se la contrasta con el paro nacional masivo del 25 de junio, que dejó planteado la necesidad de una continuidad que la burocracia sindical se niega a llevar adelante. La campaña por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha que han lanzado las organizaciones convocantes del Plenario de Lanús, coloca justamente la cuestión donde tiene que estar: en la necesaria intervención de la clase obrera para derrotar el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI. La oportunidad de desarrollar la lucha para derrotar la ofensiva está dada justamente por la debilidad del gobierno y del régimen político tomado en su conjunto. Tenemos que desarrollar entre los trabajadores está comprensión adecuada de la situación, para erradicar el derrotismo que pregonan los burócratas sindicales. 



En este contexto, la convocatoria de un Congreso de Delegados mandatados por asamblea de las centrales obreras y los sindicatos cobra más fuerza que nunca.



Los trabajadores y la izquierda enfrentan la necesidad de desarrollar un programa de oposición estratégica a esta coalición ajustadora. La clase obrera debe ofrecer una salida de conjunto frente al ataque y el descalabro nacional promovido por los ajustadores, tanto a nivel nacional como en las provincias.



Este programa debe plantear la reapertura inmediata de las paritarias, el rechazo a los despidos y las suspensiones, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos naturales, de la banca y del comercio exterior. Sobre la base de este programa y del impulso a las iniciativas de lucha adoptadas por el movimiento obrero combativo, llamamos al Frente de Izquierda a motorizar esta perspectiva.