Las estimaciones periodísticas -y de quienes estuvimos en la Plaza- dan cuenta de que el pasado miércoles tuvo lugar una de las manifestaciones populares más expresivas de los últimos tiempos. Se volcaron a las calles, según los cálculos, entre 400.000 y 500.000 personas. Pero esta cifra no considera a la movilización del interior: tomando en cuenta a los 120.000 que marcharon en Córdoba y a los 70.000 que lo hicieron en Rosario, es probable que en todo el país se hayan manifestado un millón de personas. El alcance de esta movilización, naturalmente, ya se palpitaba en los días anteriores. Fue bajo esta presión que el Congreso salió a votar apresuradamente su ley “interpretativa” del 2×1. Con ello, es cierto, salió a rescatar a la Corte. Pero pagando el precio de cancelar, al menos por esa vía, una seguidilla de libertades a los genocidas.

 

La movilización tuvo lugar incluso cuando la ley restrictiva del 2×1 ya había sido sancionada. O sea que la multitud quiso condenar a toda una orientación de impunidad, que ha estado presente en la minimización del genocidio por parte de los funcionarios de Macri o en los pronunciamientos del Episcopado.

 

 

El 10M y la situación política

 

La importancia de este veredicto popular debe mirarse a la luz del conjunto de la situación política, signada por un enfrentamiento estratégico entre el Estado, sus partidos y la clase obrera. De cara al impasse de la clase capitalista, que se manifiesta en la persistencia de la recesión, en la crisis fiscal y en la multiplicación de todos los desequilibrios económicos, el gran capital emplaza al macrismo y le exige una reorganización social a costa de los trabajadores. En esa agenda reaccionaria revista una reforma previsional contra los jubilados, la progresiva privatización del hospital público, la liquidación de los convenios colectivos y, como parte de ellos, del estatuto del docente. No caben dudas que, para esta tarea, Cambiemos sabe que no está sólo: cuenta con el concurso de los partidos que, en el Congreso y en las gobernaciones, le han votado un paquete de más de cien leyes coloniales y antiobreras en 2016. Cuenta, además, con la burocracia sindical, que restauró la tregua que había interrumpido, bajo la presión obrera, el paro del 6 de abril.

 

Pero el gobierno es consciente que precisa del peso del aparato represivo para enfrentar todas las expresiones de lucha que superen el cepo burocrático, teniendo en cuenta la escalada antiobrera que tiene por delante. Ello explica el esfuerzo sistemático por restaurar la autoridad política de las Fuerzas Armadas. Frente a este escenario, la pueblada nacional del 10M no sólo es un golpe al 2×1: es la desautorización a una orientación de fondo, dirigida a colocar todo el peso del Estado a que las masas paguen la bancarrota del capital. Hay que inscribir esa reacción popular en una saga que atraviesa a las huelgas y marchas docentes, así como la gigantesca manifestación de la mujer, el pasado 8 de marzo. Del lado del aparato estatal, el revés del 2×1 también se suma a otras crisis del aparato de represión, como las destituciones de los jefes policiales de la Capital y de Buenos Aires.

 

 

La paradoja del 10M

 

Contradictoriamente, una parte importante de la multitud que se acercó a la Plaza lo hizo bajo la orientación de esos partidos de Estado, y principalmente, del kirchnerismo. Pero si esa multitud buscaba una condena concluyente a la política amnistiadora del macrismo, no la encontró en la Plaza. El documento que se leyó en el palco oficial -dominado por organismos de derechos humanos que habían sido afines al kirchnerismo- se caracterizó por su ambigüedad política. Condenaba la decisión de la Corte sin señalar lo evidente: a saber, la vinculación entre ese fallo y la política oficial. El documento se encontraba bajo la impronta de la “unidad nacional contra el 2×1”, que el gobierno comenzó a urdir cuando reculó de esta tentativa amnistiadora. Se trató, por lo tanto, de un encubrimiento del macrismo. Pero también del propio FpV, que votó en el Senado el nombramiento de los jueces amnistiadores. Momentos antes de la marcha, Estela Carlotto se fotografió con Florencio Randazzo, el hombre que ha salido a “renovar” al peronismo bonaerense de la mano de la burocracia de Pedraza y una parte -todavía menor- del aparato pejotista. El palco del acto no buscó unir a la multitud indignada contra el fallo amnistiador, sino explotar ese espíritu unitario en favor de un nuevo perdón -esta vez, a favor del gobierno y de sus aliados.

 

 

El kirchnerismo y la izquierda

 

Las consecuencias de esta orientación van más allá del propio 2×1 y pueden ser graves para la lucha contra la impunidad: según relata Morales Solá, Elisa Carrió se apresta a presentar un proyecto en favor de la libertad domiciliaria a los genocidas mayores de 75 años. Después del traspié del 2×1, se buscaría ahora el flanco “humanitario” para volver a beneficiarlos. Según sugiere el editorialista de La Nación, la tentativa de Carrió podría encontrar eco, incluso, en el campo “nacional y popular”. Hebe de Bonafini boicoteó la marcha con el argumento de que sus organizadores promovían un nuevo “nunca más”, desde la reivindicación de la teoría de los “dos demonios”. La autoridad para esta crítica, desde luego, queda desnaturalizada por su apoyo incondicional a otro genocida, el cristinista César Milani. Bonafini se sirvió de un argumento agudo para esconder otro disgusto: el de los cristinistas recalcitrantes, que están siendo relegados al fondo del cajón en la “unidad” que su jefa ha tejido con los caciques del pejota.

 

A la luz de lo anterior, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿no existe un abismo objetivo entre los que marcharon, por un lado, y los que pregonan la “unidad nacional” con los ajustadores”, del otro? La respuesta a esta pregunta abre un enorme campo de lucha política para la izquierda. En primer lugar, refuerza el acierto de haber marchado el mismo día 10 para batallar en la Plaza -y ante la enorme masa que se manifestó- por una orientación política independiente respecto de los partidos de Estado. 

 

El lugar de la izquierda es hacer conciente ese choque objetivo, lo que exige, primero, establecer una continuidad en la lucha contra la impunidad. Seguimos la campaña por el juicio político a la Corte, que se servirá de cualquier nuevo resquicio para abrirle paso a la política amnistiadora. Es necesario unir este planteo de lucha contra la prisión domiciliaria a los genocidas, frente a los nuevos embates de Carrió. La marcha del próximo 23, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es un peldaño para reforzar esa campaña en universidades, colegios, lugares de trabajo y barrios. La necesidad de una acción común contra la impunidad es otra razón de fondo para que el Frente de Izquierda acuerde listas comunes y concentre su acción contra los partidos y candidatos del ajuste y la impunidad.

 

 

Foto: Paula Acero