A medida que pasan las horas, el círculo de las responsabilidades por la desaparición forzada de Santiago Maldonado se cierra inexorablemente sobre la Gendarmería, la fuerza que Patricia Bullrich dirigió al sur para aplacar los reclamos de la comunidad mapuche. El gobierno creyó que lograría disipar o al menos postergar esta crisis después de los incidentes y de la brutal represión desatada al término de la gigantesca marcha del viernes pasado. Pero el alivio le duró poco: el mismo lunes se derrumbó la versión oficial que daba a Maldonado herido o muerto en el asalto a un puesto de Benetton. Poco después, uno de los miembros de la comunidad mapuche que soportó aquella represión se presentó a la Justicia y dio testimonio de cómo vio detener y apalear a Santiago. Pudo superar el temor a declarar a partir del “gran acompañamiento del pueblo” a esta causa; de ese modo, dio cuenta del papel de la movilización popular para tirar abajo el encubrimiento.

 

Luego, el ministro de Gobierno de Chubut se encargó de derrumbar otro de los mitos oficiales -la presencia “sólo circunstancial” de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Bullrich, en el sur, en los días de aquella represión. El funcionario provincial, por el contrario, señaló que Nocetti mismo ordenó el operativo. La propia Gendarmería, que no quiere cargar sola el fardo de la crisis, refrendó la versión. Finalmente, llegó a la Justicia un reporte ‘oficioso’ de la Policía Federal, indicando con pelos y señales las circunstancias de la detención y, según el informe, un apaleamiento mortal a Maldonado por parte de la Gendarmería. Tirando de este caso, aflora una crisis política y una guerra al interior de los aparatos de represión del Estado y del propio gobierno. Los federales y sus agentes han encontrado la oportunidad para un ajuste de cuentas con la Gendarmería, la fuerza que los desplazó de la llamada ‘seguridad interior’ y del ‘control’ del narcotráfico. Del lado del gobierno, el ministro ‘político’ Frigerio sería favorable a una echada de lastre, que incluya el apartamiento -o al menos una bajada de perfil- de la represora Bullrich. A partir de estas revelaciones, un fiscal ha decidido investigar al Gabinete por posible encubrimiento. La crisis política está llevando a los represores al banquillo.

 

Crisis de Estado

 

La línea de un “sinceramiento” apuntaría a volcar las culpas en los “excesos” de algunos gendarmes -o sea, una maniobra para rescatar de la crisis al gobierno que ordenó la represión y montó durante treinta días un enorme operativo de encubrimiento. Dos periodistas del diario Clarín, que se han sumado a la echada de lastre, revelan esta operación. El editorialista Van der Kooy señala que el juez Otranto allanó los cuarteles de Gendarmería recién “diez días después de sucedido el incidente”, otorgando un tiempo precioso a los represores para limpiar sus huellas y, naturalmente, cerrar un pacto de silencio en torno de los hechos, lo que se hubiera dificultado con una intervención judicial inmediata. Otro periodista, Santiago Fioriti, pone de manifiesto el silencio con el cual los grandes medios buscaron aplacar la causa, supuestamente, porque “carecía de interés popular”. Pero las propias encuestas oficiales terminaron de derrumbar esa pretensión, porque la mitad de los que conocen el caso consideran al gobierno como encubridor. Aunque Macri presente ahora cualquier revelación como “prueba de que no ocultamos nada”, es claro que a ese desenlace se llegaría como resultado de una derrota del ocultamiento oficial. Es decir, de las versiones falsas, de las mentiras de Bullrich y de la mora de la Justicia. Concientes de ello, Bullrich y los suyos siguen blindando por ahora a la Gendarmería, lo que va a seguir echando nafta al fuego de la inquietud popular.

 

Entre agosto y octubre

 

La crisis de Maldonado ha derrumbado la pretensión de que entre las Paso y las elecciones generales no ocurriría otra cosa que una nueva campaña electoral. Esa campaña, que tendrá lugar, estará surcada por la crisis que ha desatado el caso de Maldonado. Por lo pronto, los candidatos oficiales, como Carrió o Bullrich, han ingresado a la condición de “desaparecidos políticos”, ello, si se exceptúan algunos tuits de Carrió que emulan las infamias de Aníbal Fernández cuando desapareció Jorge Julio López. Lo mismo ocurre con Martín Lousteau, cuya oposición alcanza para criticar la política municipal de Larreta (que sus legisladores suscriben), pero no para denunciar a un Estado y a unas fuerzas de represión a las cuales les tramitó la compra de armas desde su embajada en Washington.

El kirchnerismo ha salido a golpear al gobierno por el caso Maldonado, lo que los macristas denuncian por “aprovechamiento político”. Pero un debate a fondo sobre la cuestión, y es claro que la izquierda debe promoverlo, conduce a las responsabilidades de los “nac & pop”, que introdujeron a la Gendarmería en la represión interior. Ese debut tuvo lugar bajo Nilda Garré y Berni, en la acción de espionaje -“Proyecto X”- y represión directa a los movimientos populares, como ocurriera reiteradamente en la Panamericana. Cristina Kirchner ha justificado su maridaje con la Gendarmería señalando que “todo depende de la orientación política con que se dirija la fuerza”. Sin decirlo, está reivindicando aquellas represiones, que se ordenaron bajo la envoltura de la “seguridad democrática”.

El kirchnerismo también fue partícipe del proceso social que opera como telón de fondo de esta crisis: un acaparamiento capitalista de tierras que involucra a los Benetton y a los monopolios petroleros y mineros. El fracking tuvo su debut en los pactos secretos del kirchnerismo con Chevron, al igual que los beneficios leoninos a la minería. El caso Maldonado interpela, en definitiva, a todos los bloques políticos del capital.

 

Intervenir

 

El gobierno denuncia el “aprovechamiento electoral” de la oposición que se moviliza por Maldonado. No hay peor maniobra electoral, sin embargo, que la de quienes encubren la detención forzada para salvar un resultado en las urnas. El caso Maldonado ha desatado una crisis de Estado, pero sus premisas ya estaban presentes antes de la represión en el sur: la fractura del aparato estatal, que se traduce en una guerra entre las fuerzas de ‘seguridad’ y en las contradicciones sociales monumentales que resultan del copamiento de la Patagonia por parte del capital internacional. Más de conjunto, vuelven a plantearse los choques y rebeliones populares que tienen y tendrán lugar a partir de la pretensión de una salida ajustadora a la crisis nacional. Estos límites ya se habían puesto de manifiesto cuando se quiso poner en marcha el beneficio carcelario del 2×1 a los represores, algo que también reventó la intervención popular y obligó al gobierno a un recule apresurado en el Congreso. La crisis actual es una bofetada a todos los que auguraron una “larga noche bajo el macrismo” con el único objetivo de no luchar contra él -ello, comenzando por la burocracia de los sindicatos, lo que incluye a la que comulga o va en las listas de la Unidad Ciudadana. Por eso mismo, hay que enlazar la lucha por Maldonado con toda la agenda obrera y popular que está planteada. Una intensa campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por este motivo debe enlazarse con la lucha contra la reforma laboral; la reforma educativa precarizadora de la enseñanza media, que ya ha desatado una ola de tomas y movilizaciones masivas en los secundarios porteños; por las reivindicaciones de la mujer, que enfrentan a los opresores clericales y políticos de sus reclamos. Sigamos ganando la calle por la Aparición con vida de Maldonado, Fuera Bullrich y todos los encubridores; juicio penal y político a los responsables materiales y políticos de la detención forzada. Los que levantaron el dedo acusador contra el movimiento popular están hoy en el banquillo. Desarrollemos la crisis para abrirle paso a una salida de los trabajadores.