06/07/2020

Nueva oferta por la deuda: crónica de una entrega anunciada

Festejan en la bolsa y Wall Street ante la magnitud de las concesiones.

En el día de hoy el gobierno argentino presentó una nueva propuesta para la reestructuración de la deuda ante la SEC, el organismo norteamericano en la materia. Aunque todavía no se conocen oficialmente las opiniones de los acreedores, los rumores hablan de una recepción más que aceptable que entusiasma al ministro Martín Guzmán y que seguramente se traducirá en la suba de los bonos argentinos en la bolsa local.

La reacción del mercado financiero está más que justificada. El gobierno argentino está ofreciendo u$s53,3 de valor presente neto (VPN) para los bonos emitidos durante el gobierno de Macri, cuando buena parte de esos valían u$s29 y por los cuales el gobierno había comenzado ofreciendo u$s39 en abril, lo que ya había sido percibido por el mercado como una oferta más benevolente de lo que se esperaba. Incluso estos cálculos sobreestiman la tasa de descuento, por lo que el valor de salida de los nuevos títulos podría ser aún mayor. Pero estas estimaciones solo representan el cálculo de la ganancia inmediata de los fondos de inversión, que omiten que la quita de capital es casi inexistente, por lo que si mantienen las tenencias hasta la fecha de vencimiento cobrarán u$s98.

Esta la tercera oferta “mejorada” que se hace pública, es decir que estamos frente a una capitulación de la capitulación. La nueva oferta achica considerablemente los plazos de repago. En lugar de los tres años de gracia solicitados en un comienzo, ahora se pagarían intereses desde septiembre de 2021. Además de una concesión financiera, este aspecto opera como una garantía de que se ejecutará el ajuste necesario durante el mandato de Alberto Fernández. Además, la enorme mayoría de los nuevos bonos culmina los pagos de la totalidad del capital para 2030 y 2035.

La situación se agrava aún más si nos detenemos en la oferta a los dueños de los bonos emitidos por los gobiernos kirchneristas en los canjes de 2005 y 2010, dado que a ellos se les ofrece u$s57,5 y conservar todas las normas que operan a su favor en lo que se conocen como las CAC, las cláusulas de acción colectiva que determinan las condiciones en las cuales los bonistas pueden litigar en caso de incumplimiento de los pagos.

Este punto es mucho más que un detalle. Los medios informan que las negociaciones con BlackRock están interrumpidas justamente porque este fondo pretende que todos los nuevos bonos ofrecidos contemplen esos beneficios de los bonos emitidos durante el kirchnerismo, a diferencia de los emitidos a partir de 2016 que incluyen las llamadas “cláusulas antibuitre”.

O sea que los bonistas que tienen títulos del macrismo reclaman igual trato que el que obtuvieron los acreedores en tiempos del canje de los “nacionales y populares”, que tuvieron a Néstor Kirchner y Lavagna como protagonistas. Sin embargo, estas pretensiones de BlackRock y su comité de acreedores Ad Hoc se contraponen a toda la jurisprudencia internacional en materia de reestructuraciones de deuda de la última década, cuando a nivel mundial la propia burguesía decidió poner un coto al abuso de los acreedores sobre los países quebrados.

La historia sin fin

Junto con la nueva propuesta, el gobierno nacional ha extendido una vez más el plazo de vencimiento de la oferta, otorgando tiempo para decidirse hasta fines de agosto. Más allá de la dilación, la realidad es que Argentina se encuentra en default de la deuda en dólares y los titulares de una parte de la deuda macrista ya se encuentra en condiciones de presentar en los juzgados de Nueva York la cláusula de aceleración, que implica que el gobierno debe pagar todos los intereses de esos bonos. Una fecha por demás importante será el 31 de julio, cuando los bonistas “K” entren también en condiciones de litigar. Es decir que somos rehenes cada vez más apretados y el tiempo lo ganan los lobos de Wall Street, no nuestro país.

De todas maneras, las presentaciones judiciales no son la variante más probable que se baraja en estos días. Para evitarlo el gobierno ha reculado sobre cada uno de los ítems de su propuesta inicial: la quita de capital que desde el primer momento fue baja, ahora es prácticamente nula; la baja de los intereses viene siendo cada vez menor, triplicando la media internacional; y finalmente el plazo, como dijimos se acorta.

Para colmo de males, un nuevo “endulzante” para quienes ingresen ahora al canje, es incorporar un bono que pague los intereses acumulados durante el periodo de negociación. Recordemos a su vez que Argentina ya aceptó que vuelvan los monitoreos del FMI en el marco del famoso Artículo IV, y según trasciende los fondos mantienen en la mesa exigencias coloniales como garantías sobre las exportaciones.

Sin embargo, todo esto no sería suficiente para BlackRock y los grupos que lo acompañan en la negociación, que siguen amenazando con juicios y que de conjunto pueden vetar el acuerdo. Mientras la estrategia oficial es intentar dividir al grupo entregando cada vez más y más concesiones, el fondo de inversión más grande del mundo se mantiene firme especulando con que el planteo de que “es todo lo que el país puede pagar” ya se flexibilizó dos veces.

Los bonistas le tomaron el tiempo al gobierno, saben que está dispuesto a entregar lo que no tiene para llegar un acuerdo porque es un reclamo común de toda la burguesía que opera en el país. Algunos han estimado que lleva cedidos unos 15.000 millones de dólares en lo que va de la negociación, cumpliendo la mayoría de las demandas de los acreedores, que nuevamente se enriquecen a costa de una política que condena al hambre a millones de trabajadores.

  ¿Sustentabilidad? El gobierno lanzó su primera oferta poniendo como condición la sustentabilidad de la de deuda, luego de que el propio Guzmán manifestara que era “impagable”. Por iniciativa oficial se trató en el congreso de una ley, que con el lema de la sustentabilidad fue apenas una maniobra para mostrar el compromiso de todos los partidos patronales con el saqueo. Ahí, solo el Frente de Izquierda denunció que el sometimiento del país al pago de la deuda externa es incompatible con su desarrollo, y votó en contra. Desde el primer momento el gobierno recibió el apoyo del Fondo Monetario. Ocurre que el organismo internacional es parte interesada en la negociación de la deuda con los privados, porque una vez que se haya llegado a un acuerdo con ellos será la hora de sentarse a negociar los nada menos que u$s44.000 millones que se deben al FMI. El gobierno vendió la especie que “a peor arreglo con los bonistas, menos recursos para el Fondo”, y que el organismo había puesto un límite de lo que Argentina podía pagar en u$s50 de VPN. Pero ya vemos que no es así, han ido más lejos, con la anuencia del FMI que luego será el encargado de garantizar los planes de ajuste. Como dijimos más arriba, la oferta actual excede ese valor que ya de por sí implicaba un salvataje enorme a los acreedores. La deuda en dólares bajo legislación local también será reestructurada. Se trata de otros u$s15.000 millones a los cuales el gobierno promete otorgar las mismas condiciones que se acuerden con los bonistas de ley extranjera, aunque en este caso no existe la posibilidad de litigar en el extranjero. Teniendo en cuenta la totalidad de la deuda -y no solo la negociación actual- la pelea de los fondos por las condiciones para litigar en caso de incumplimiento de los bonos nuevos toma otro color, porque son quienes ahora se van a beneficiar de la entrega del gobierno argentino. Son los más conscientes de que el pago de la deuda argentina es completamente inviable y que este acuerdo sienta las bases del próximo default. Es necesario rechazar esta política colonial de entrega de los recursos nacionales, contraponiéndole el no pago de la deuda externa como el puntapié inicial para un desarrollo industrial del país sobre nuevas bases sociales.  
 
 
       

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