El gobierno celebra la firma de paritarias a la baja -15% y en cuotas- en un conjunto de gremios importantes, y hasta se animó a sacar del cajón a la meneada reforma laboral, para la cual busca el concurso de los senadores de la oposición pejotista. Pero el 15% es un porcentaje que podría consumirse en apenas siete u ocho meses, si se tiene en cuenta la secuela de devaluación y tarifazos. Ninguna paritaria de estas podría haber pasado por el cedazo de una asamblea de trabajadores. En rigor, y tras las enormes movilizaciones de diciembre, que hicieron implosionar al triunvirato cegetista, de uno en fondo los burócratas sindicales han ido arreglando con el gobierno. El eje de la reorganización de la CGT es un mayor colaboracionismo con el gobierno. La burocracia sindical teme más a la reacción de las bases obreras que al ajuste de Macri.



Moyano después del 21F está cada día más aislado. El reagrupamiento que convocó en la 9 de Julio no planteó otra perspectiva que no fuera la de “votar bien”… en 2019. El aislamiento de Moyano se ha operado desde las “62” macristas hasta la Corriente Federal del kirchnerista Palazzo, quien ha entrado en la conversación de la nueva CGT. Palazzo, justamente, está ‘dosificando’ la disposición de lucha de los bancarios contra la patronal beneficiaria de las ganancias más suculentas. Baradel y Ctera, por su parte, han descartado toda perspectiva huelguística, al punto que no hubo un paro nacional docente el día del asesinato de Fuentealba. Los paros aislados de estas dos paritarias reflejan una adaptación al recule general la burocracia.



Las luchas de la etapa, entre ellas la más determinada de todas, la huelga general con ocupación en el Inti, atraviesan un marco de aislamiento y sabotaje por parte de todas las variantes de la burocracia sindical. No hablamos sólo de la burocracia de la UOM en conflictos como Envases del Plata o Stockl, sino también de la de centroizquierda, que en ATE y la CTA Autónoma han tenido los conflictos de Fanazul, azucareros, Río Turbio, UEP, Inti, Posadas y otros.

El “frente antimacrista”, una política criminal para el movimiento obrero



Este escenario de contención está asociado a la gran función de freno y distraccionismo que cumple el llamado “frente antimacrista”, un emprendimiento que no es un frente, porque no logra reunir ni a las distintas camarillas del pejotismo ni antimacrista, porque los gobernadores y senadores del PJ son un sostén clave de la gobernabilidad del ajuste. En ese andarivel se anota la burocracia de la CGT, que no sólo firma los topes paritarios sino también convenios de flexibilidad laboral como el de ferroviarios. Por otro lado, en torno de los planes sociales se ha montado un vasto ataque conjunto a las organizaciones sociales y a la educación pública, por la vía de una mayor precarización laboral docente.



Esta política le permite al gobierno volver a la carga con la reforma laboral. Otras prioridades como la ley del mercado de capitales vuelve a Diputados, así como las reformas del Ministerio Público fiscal y del Código Procesal.



La contraofensiva macrista, tras las grandes movilizaciones de diciembre, tiene a este frente opositor en grado de tentativa, como socio menor. Del otro lado, el 8M mostró que, alrededor de reivindicaciones centrales como el derecho al aborto legal, la movilización popular puede emplazar al gobierno y al conjunto del régimen político. Ese día, el pretendido frente antimacrista reunió a toda la burocracia sindical -incluida la de centroizquierda- en una convocatoria que omitió al derecho al aborto legal, mostrando que el Vaticano opera en las sombras del operativo político “hay 2019”.



Otro tanto podemos decir del 24 de Marzo, que fue escenario de movilizaciones multitudinarias en todo el país. Como resultado de la lucha política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Memoria, Verdad y Justicia disputó de igual a igual una Plaza de Mayo de independencia política al kirchnerismo.



Por eso la consigna central del XXV Congreso del Partido Obrero es “Por una alternativa de la clase obrera y la izquierda para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores con la movilización popular y la lucha de clases”.

Contradicciones y crisis de régimen



En este escenario, el Banco Central remató en marzo 2 mil millones de dólares de sus reservas para evitar una mayor desvalorización del peso, algo que no se podrá sostener indefinidamente. Si de devaluación se trata, digamos que las exportaciones e ingresos fiscales por la soja se han desplomado a la mitad respecto de 2017, ello, porque los pulpos y exportadores agrarios retienen la cosecha a la espera de una nueva depreciación del peso y de una baja en las retenciones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dado su primer remezón sobre Argentina -una caída en el precio de la soja y la confirmación del bloqueo yanqui a las compras de biodiesel por un lustro- pone de manifiesto que la “amistad” Trump-Macri no está por arriba de la guerra comercial internacional, aunque hayan tenido una “deferencia” en el caso del aluminio y el acero. La burguesía argentina está en un brete: José Urtubey, hermano del más macrista de los gobernadores del Pejota y dirigente de la UIA, ha salido a reclamar “tarifa social”… para la industria. Los capitalistas no han dejado de saludar la “apertura al mundo”, pero ahora quieren que el ‘aperturista’ (Macri) sea también un rescatista.                     



Macri se tiene que endeudar para sostener la “gobernabilidad”, pero esa “gobernabilidad” volaría por los aires si la acumulación de deuda y la crisis mundial terminan de hundir al financiamiento internacional. Esta impasse explica la crisis política que divide crecientemente al gobierno y al régimen en su conjunto. Para que no se esfume la llegada de fondos del exterior, el macrismo fogonea un régimen de garantías extraordinarias al gran capital, que abarca desde la apertura irrestricta de la Bolsa, del mercado energético a las petroleras internacionales y, naturalmente, la reforma laboral.



Postergando el estallido de estas contradicciones, el gobierno continúa apelando al endeudamiento serial. Pero las voces que advierten sobre una crisis de deuda y un defol a término crecen entre los críticos derechistas del gobierno, al que le exigen que deje de financiar el “gradualismo” y aplique un ajuste feroz. Ese gradualismo, que los funcionarios y hasta el propio FMI continúan defendiendo, es la confesión de que las medidas de ajuste exigidas para dejar de endeudarse podrían desatar una rebelión popular. El fantasma de diciembre recorre la situación política. Una de las pruebas piloto del ajuste fiscal, la provincia de Chubut, enfrenta esta semana un paro activo estatal provincial y una crisis política aguda, que puede llevarse puesto al gobernador.



La “seguridad jurídica” para este plan exige una colonización integral de la Justicia, algo que choca con las camarillas pejotistas presentes en el elenco de jueces y en la propia Corte. La avanzada de este choque es la ‘republicana’ Carrió, a la cual, y como devolución de favores por sus denuncias a los jueces y a sus aliados políticos, le han deschavado sus chanchullos con los pasajes aéreos del Congreso. Macri, sin embargo, tiene una preocupación mayor: una escalada sobre la Justicia podría poner en peligro la coalición a la carta con los Pichetto y compañía, y dejar en el limbo a las leyes antiobreras y de recolonización económica. El operativo reeleccionista busca la continuidad del hombre más seguro del imperialismo en América Latina. Pero antes de colocarse en ‘carrera’, Macri y los suyos tendrán que pasar por la prueba de esta impasse económica y ganar una pulseada de fondo contra la clase obrera.

La clase obrera



La cuestión de las cuestiones, en este cuadro, es la respuesta de la clase obrera y sus organizaciones al ajuste de la coalición de Macri y los gobernadores pejotistas. ¿Cómo las ponemos en pie para desenvolver esta lucha? Este fue el corazón del debate y de las resoluciones de nuestro XXV Congreso del Partido Obrero. A la luz de ese interrogante, la campaña por un Congreso de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos tiene un sentido claro: abrir paso a un paro activo nacional y un plan de lucha. Es decir, preparar una acción de conjunto, en la perspectiva de la huelga general, que recoja las valiosas lecciones de diciembre y el paro internacional de la mujer trabajadora. Oponemos a la burocracia el reclamo de plenarios de delegados, asambleas seccionales y todas las mediaciones necesarias. Naturalmente, la oposición a la burocracia exige un programa, desde el salario equivalente a la canasta familiar y los paritarios electos por asamblea hasta la ocupación de todo lugar que despida masivamente o cierre; el rechazo de plano a la reforma laboral y a los convenios flexibles.



Lo mismo podemos decir de la otra gran tarea colocada hoy en la agenda popular, la batalla por el aborto legal. Tenemos que involucrar en esta lucha a toda la clase obrera, la juventud y el movimiento popular. La reivindicación del aborto legal divide al kirchnerismo, coloca a la retranca a la burocracia sindical clerical y es la peste para el pejotismo tradicional. La habilitación del debate del aborto, que buscó descomprimir la bronca popular, puede ser un búmeran para el gobierno, incluso si los partidos del régimen terminaran bloqueando este reclamo que hoy conquista la mayoría de la opinión popular.



El telón de fondo de esta agenda es un nuevo estadio de la crisis mundial. Esa misma crisis capitalista, a su turno, es la que condena a los regímenes continentales de Temer o Kuczinski, el presidente peruano depuesto, a un escenario permanente de golpes, crisis intestinas y enfrentamientos agudos con las masas.



El XXV Congreso del PO ha salido con todas las fuerzas para intervenir en esta etapa política preparatoria, para que la izquierda revolucionaria sea protagonista de la lucha planteada para la clase obrera y todos los explotados. La primera tarea de las campañas votadas será proponer al FIT la convocatoria a un gran acto el 1° de Mayo en la Plaza de Mayo, del clasismo, las luchas y la izquierda, de carácter internacionalista. El movimiento huelguístico, con centro en los ferroviarios franceses, pocos meses después de que la burocracia sindical entregara al movimiento obrero a la reforma laboral de Macrón, marca el tenor de los giros bruscos del cuadro político internacional, en el que se desenvuelve la combativa clase obrera argentina.