El cierre del año 2018 no deja dudas respecto del derrumbe económico macrista. No se trata solamente del retroceso del producto nacional o la caída general de la industria y el comercio. En las últimas horas, el riesgo país superaba los 800 puntos básicos, un valor equivalente al de los días más álgidos de la crisis cambiaria de mayo pasado.  Esta señal de desconfianza del capital financiero llegaba, sin embargo, en el mismo momento en que el FMI concretaba un nuevo desembolso de su préstamo, y cuando China reforzaba las reservas internacionales del Banco Central.  O sea que los especuladores avizoran una cesación de pagos a pesar de estos “salvavidas” internacionales. Entre los economistas de la oposición, abunda la denuncia de que el gobierno se gastaría todos los recursos del FMI en 2019, dejando “sin frazada” al gobierno que vendrá.  Pero esta visión, que descuenta un 2019 sin sobresaltos, es a esta altura demasiado optimista. Esos números dan por supuesto un elevado nivel de renovación de los vencimientos de deuda del próximo año. Una previsión que no toma en cuenta, en primer lugar, que la insolvencia prevista para 2020 podría anticipar la fuga de capitales para el mismísimo 2019. Y, luego, que esa retirada podría ser acelerada por una nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos,  y por una posterior recesión en ese país y en los principales bloques económicos mundiales. En ese cuadro, una renovación de deuda por debajo de los niveles esperados por el gobierno obligaría al Banco Central a vender dólares aceleradamente, llevando sus reservas por debajo del umbral mínimo exigido por el FMI. La pretensión de que el año electoral transcurra sin convulsiones económicas está, por lo tanto, severamente cuestionada.  

Reestructuración

A partir de este cuadro, la cuestión de una reestructuración de deuda se ha instalado en la agenda del capital y sus partidos.  La palabra “reestructuración” intenta disimular el contenido de ese operativo financiero, que encierra la declaración de insolvencia del país. La fantástica pérdida de valor de los bonos de deuda que vencen en los próximos dos o tres años anticipa esa quiebra. Como ya ha ocurrido en la Argentina, una “reestructuración” implicará confiscaciones económicas, divisiones y crisis políticas. En el gabinete macrista, Dujovne ata su suerte a la de los fondos de inversión que continúan ‘abrochados’ a la deuda argentina, y que temen a las pérdidas que acarrearían una quita o reestructuración. Dujovne-Macri apuestan al sostén de Trump y de los acreedores. Pero los cimientos de ese edificio tambalean: es lo que ocurre, por ejemplo, con el fracaso de la “propiedad participada”, que debía ser la puerta de ingreso del capital internacional a la obra pública, a partir de la suba astronómica del costo de financiarse en el exterior o en el mercado local. La causa de los “cuadernos” ha golpeado a la burguesía contratista local, pero su reemplazo por pulpos extranjeros está cuestionado por la bancarrota financiera del país.   

Es este colapso del macrismo el que explica, a su turno, la aguda fragmentación política que ha comenzado a operarse en el gobierno y en su propia base social capitalista. Hace sólo dos semanas, la UIA estuvo cerca de firmar un pronunciamiento crítico junto a la CGT y a los movimientos sociales de San Cayetano -algo que consiguió frenar a último momento Funes de Rioja, el abanderado de la reforma laboral. Otros jefes patronales, como Cristiano Ratazzi, de Fiat, continúan aferrados al gobierno, aunque condicionan ese apoyo a un régimen devaluatorio permanente. En el plano político, Elisa Carrió acentúa su distancia de Macri, mientras los radicales amenazan con una Paso de Cambiemos. La fractura del Estado se extiende a la Justicia y a la propia Corte. Allí, una “nueva mayoría” filopejotista -que ha aislado al macrista Rozenkrantz- acaba de golpear al gobierno con un fallo que eleva el reajuste de los juicios jubilatorios, aún cuando luego habilita al Congreso a dar marcha atrás en ese criterio a través de un pacto parlamentario. La Corte también le dio su aval a la fraudulenta ley de lemas de Santa Cruz, lo que ha habilitado a que en otras provincias -como San Luis o La Rioja- el pejotismo quiera implementar este régimen electoral en aras de reagruparse.  

Precisamente, son los voceros económicos de estos aspirantes a relevar al macrismo los que agitan el planteo de una reestructuración de deuda, para patear los vencimientos de 2020 en adelante. Es un nuevo planteo de rescate del Estado argentino, pero también, de la burguesía nacional, golpeada por el derrumbe económico general y por la incierta refinanciación de sus propias deudas. Pero ¿quién se ha puesto al frente de esta bandera de rescate? Nada menos que el cristinista Kicillof, cuando expresó la necesidad de “rediscutir con el FMI” las condiciones de su megarescate. Los diarios de negocios afirman que “Wall Street ha comenzado a descontar un sustancial riesgo político a la posibilidad que CFK o algún personaje aliado ganando las presidenciales de 2019” (Cronista, 17/9). El kirchnerismo, a su turno, se empeña en bajar ese “riesgo político” -quiere persuadir al capital internacional de las ventajas de un megacanje. Los que ejecutaron el canje de 2005-2010 sueñan con una remake en la década que empieza. Pero las condiciones internacionales son muy diferentes: los “reestructuradores” actuales tendrán que ingresar a la cancha en medio de un salto agudo de la crisis capitalista internacional. Un reciclaje de la deuda, en estas condiciones, sólo prosperaría al costo de monumentales concesiones a los acreedores, en términos de recolonización económica y ataques a la clase obrera. En el plano político, CFK está construyendo una coalición a la medida de esos objetivos, junto a buena parte del peronismo que, en estos años, cogobernó con el macrismo. Por eso mismo, y para el caso en que ella no fuera candidata, ha seleccionado a varios “hombre de Estado”. Como Agustín Rossi, un socio del pejotismo santafecino, o el mismísimo Daniel Scioli, a quien Cristina “reflota para el lote de presidenciables” (Ambito, 19/12). En los últimos dos años, Scioli sólo abrió la boca una vez, y hace poco, para hablar de la “razonabilidad” de los tarifazos macristas y de la política represiva de Bullrich. El Vaticano aporta otra pata crucial de este relevo, a cambio, claro, de mandar al freezer las reivindicaciones del laicismo y la mujer. Este es el contenido social concreto del “Frente antimacrista” en grado de tentativa.

Lucha de clases y elecciones

La radiografía de los intereses sociales que se mueven detrás de la bancarrota nacional sirve para entender qué está en juego en las próximas elecciones presidenciales, y en el largo derrotero de elecciones provinciales desdobladas. Los partidos del régimen debaten, en definitiva, en qué términos le trasladarán la quiebra del país a los trabajadores.  El macrismo apuesta a una nueva e incierta oleada de financiamiento internacional, a caballo del FMI, algo que parece cada día más lejano. En ese cuadro ha empezado a coquetear con el orden policíaco como argumento electoral y al mismo tiempo, como garantía ante el capital financiero de que está dispuesto a bolsonarizarse lo que haga falta para hacer pasar la ofensiva contra las masas. El adelantamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, ya reconocido por la propia Vidal como alternativa en discusión, es una maniobra extrema para afrontar la caída electoral del macrismo, que en determinadas condiciones puede acentuarla.

Del otro lado, se producen maniobras cada día más pronunciadas para asegurar un relevo potable en vistas al derrumbe electoral del macrismo que podría agravarse con el desenvolvimiento de la crisis y hasta tener que asumir la “reestructuración” de deuda durante el propio proceso electoral. Los realineamientos en la Corte, así como los debates en la UIA, presionan al interior del peronismo para hacerlo “razonable” al relevo fondomonetarista. Lo cual no excluye al kirchnerismo, sino más bien lo tiene en el centro de los debates y maniobras políticas, como la incorporación de Yasky a la mesa del PJ, junto a Daer, la unidad con el PJ de Schiaretti, la unidad del peronismo santafesino y varios ejemplos de este tenor en todo el país.

Ya hemos señalado en estas páginas los guiños de Kicillof al FMI. Por el lado de la propia burguesía se han sumado otras voces al “tampoco es tan grave que gane Cristina” como la del economista Guillermo Calvo. Es decir, hay un operativo “confluencia” en el que el Papa juega un papel vital. El papel del enemigo del aborto legal, sin embargo, se ha notado de manera más espectacular en su influencia en la “paz social”, frente al ajuste de tal magnitud que “nunca se hizo sin que caiga el gobierno” según las reveladoras palabras de Dujovne. El movimiento obrero ha sido entregado este fin de año por menos que un plato de lentejas, en lo que no sólo jugaron los Daer o Moyano, sino también las tres CTA y el trío Vaticano.

El operativo elecciones 2019 está maniatando al movimiento obrero, aislando sus luchas y facilitando la ofensiva de despidos y contra los convenios colectivos y hasta por sindicatos por empresas. La crisis económica y política debilita este operativo; podemos explotarla para romper el bloqueo a la acción de las masas. La condición para ello es una acción única del Frente de Izquierda y el clasismo como organizadores de la clase obrera en sus luchas y como alternativa política y de poder. Frente a los numerosos desdoblamientos electorales locales -que buscan ocultar el alcance de la quiebra nacional y a sus responsables- el Partido Obrero y el Frente de Izquierda no se “desdoblan”: es necesario que el FIT ponga de manifiesto su carácter de fuerza de alcance nacional, y despliegue una inmediata campaña por una salida de los trabajadores a la crisis. Con estos planteos, ingresamos a un 2019 que alberga enormes luchas y posibilidades de desarrollo político para la izquierda revolucionaria.