Mientras Massa guitarreaba sobre el FMI en Estados Unidos, su jefa parlamentaria Graciela Camaño y toda la oposición levantaron la sesión especial de Diputados prevista para derogar el tarifazo del gas. Enorme concesión al macrismo, porque convalidaron la maniobra de que el Estado compense a las distribuidoras por 20.000 millones de pesos por la devaluación pasada. O sea que lo pagaremos todos a través de impuestos y ajustes en otras partidas. Pero además, y por sobre todas las cosas, dejan pasar el tarifazo de hasta el 56% en los consumos bajos y medios y el tope a la tarifa social del consumo de miseria de 26 metros cúbicos de promedio.

La oposición se contentó con una maniobra en el Senado, votada por 60 votos a favor, solicitando al gobierno dar la marcha atrás menos costosa, la que ya estaba resuelta. La gambeta opositora pasa la esponja también a la continuidad de la dolarización de los contratos y al sendero ascendente del gas en boca de pozo, que todavía deparará varios tarifazos futuros. Un punto clave para que Vaca Muerta sea una de las garantías del pacto colonial con el FMI.

Semejante arrugue pejotista-massista se opera en el escenario de otra gran entregada: la del Presupuesto 2019, la pieza política por excelencia para ofrendar al FMI. Bossio, en el único debate de la Comisión de Presupuesto, terminó su exposición diciendo que “vamos a debatir hasta el último día: nuestra obligación es generar paz social”. Las “concesiones” a la oposición ya están en marcha: retrocederían en la eliminación de los adicionales por zonas desfavorables, en la Patagonia en jubilaciones y asignaciones familiares, y en las exenciones al impuesto a las ganancias en los salarios. Se desembarazan de una granada de mano para salvar un misil del plan de guerra.

Todas las alas del PJ denunciaron no conocer los acuerdos secretos con el FMI, pero se movieron en torno al planteo de “rehacer” el presupuesto sobre “pautas realistas”. El kirchnerismo colgó de sus bancas el cartelito “Presupuesto Rehacer”. De manera que votará en contra, pero desde una postura similar a la de los que votarán a favor o se abstendrán, todo lo cual formará parte del complejo diseño de la entregada. El kirchnerismo vota en contra a sabiendas de que sus votos no impiden la aprobación. Ya se han ocupado sus voceros de aclarar que el pacto con el FMI “condicionará” al próximo gobierno, o sea que si “vuelven”, “honrarán” el conjunto de la hipoteca usuraria de la deuda externa.

En tanto los gobernadores firmaron la “adenda” de la ley tributaria que completa el presupuesto liquidando el Fondo Sojero, pero sin tocar la rebaja de aportes patronales que socava los cimientos del Anses y de todo el sistema jubilatorio. La entrega al FMI se compone de un conjunto de leyes y del “dejar hacer” al conjunto del “rodrigazo”.

Nadie discute el único punto que importa: la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda que constituirá un 8% del PBI, aún cuando logren el déficit primario cero a costa de padecimientos brutales de las masas. La cláusula que no están moviendo, porque el teléfono rojo con Washington lo impide, es la de reestructuración de deuda en ´condiciones de mercado´, o sea, agravando las cargas de intereses y de plazos.

Desde el punto de vista de los trabajadores, el Presupuesto sólo puede ser rechazado. Es un plan de guerra contra los trabajadores para salvar a los banqueros. Es probable que ni así lo logren: la bomba de las Leliq, las nuevas letras del Banco Central, son el endeudamiento encubierto de esta Argentina en default técnico. Las tasas de interés del 74%, mientras paralizan la economía y aceleran los despidos y cierres de empresas, van transformando los dineros depositados en los bancos en papeles de deuda de dudosa cobrabilidad. El fantasma del traslado de la crisis hacia los bancos crece cada día, con un “supermartes” de vencimientos cada semana.

Las “bromas” de Carrió

Las marchas y contramarchas de Carrió sólo expresan la crisis política del conjunto del gobierno y del régimen. La denunciadora serial de Cambiemos cargó contra Garavano a raíz de las operaciones del gobierno en la Justicia para acotar el “cuadernogate”. Cuando en la AFIP se destapó que Calcaterra y una empresa fantasma del grupo Macri estaban envueltos en coimas por 5 millones de dólares en la causa Odebrecht, tres altos funcionarios fueron removidos.

Carrió, al verse retratada en el espejo del Chacho Alvarez, quien con su renuncia inició la cuenta regresiva de la Alianza que terminó en el helicóptero, bajó un cambio y giró, primero hacia la “broma” y luego a poner el centro de sus cuestionamientos en Angelici. Finalmente, presentó el pedido de juicio político sabiendo que la Comisión respectiva del Congreso jamás se reúne. Hay varios pedidos de juicio al propio Macri, -entre ellos el del Partido Obrero por la estafa del Correo- y además, los radicales y el PRO ya dijeron que votarán en contra del juicio a Garavano.Los radicales, a través de Negri, han planteado que Cambiemos “necesita un service”. Se perfila una nueva crisis en la alianza de gobierno, mientras el peronismo huye como de la peste a variante alguna de gobierno de coalición. La crisis llevó a los ajustes I y II del FMI, y ahora escala sobre la fragilidad del conjunto del régimen. El apoyo de la burguesía no le está alcanzando a Macri para enfrentar la tormenta eterna y los costos de la ofensiva contra las masas.

La CGT, Moyano y el paro en defensa propia

Que el gobierno opera en la Justicia, se ha visto en el caso Pablo Moyano más que nunca. El Juez Carzoglio denunció amenazas de muerte y presiones del Procurador de la Provincia Conte Grand, mientras los medios apretaban al Juez para aplicar sin más la polémica figura de la asociación ilícita, la más difícil de probar y cuyo origen histórico fue la persecución a las organizaciones obreras. Por otro lado, el fiscal no se privó de usar la preventiva en su función de condena previa.

La vinculación de la burocracia sindical con las barras bravas es de vieja data, basta recordar a Cristian Favale, principal acusado del crimen de Mariano cuyo vértice fue Pedraza. Tampoco son nuevos los negocios de una burocracia sindical empresarial que en muchos casos es dueña de las operadoras tercerizadas, como también lo fue el pedracismo. Ese es el caso del clan Moyano. Pero la Justicia de Macri prefirió acorralar a Moyano por el lado de los negocios del fútbol antes de aquellos que remueven los cimientos de toda la burocracia sindical.

No obstante, la burocracia de la CGT cerró filas ante el ataque al caído en desgracia. La actitud que no tuvieron ante la cárcel de los compañeros por las jornadas de diciembre. El paro que no llega por el “rodrigazo” y el pacto con el FMI se disparó automáticamente –al menos en son de amenaza- en defensa de Moyano. Mientras el gobierno y su Congreso cómplice preparan el Presupuesto del FMI, la burocracia sólo atina a amagar con un paro en defensa propia.

El 24, a rodear el Congreso con el Plenario Sindical Combativo. Más que nunca, a luchar desde todas las organizaciones obreras por el paro activo nacional de 36 horas con abandono de tareas, por la reapertura general de paritarias y el reclamo de 45% de aumento en todos los gremios, aumento de emergencia a los jubilados, ocupación de todas las plantas que cierran como acaban de hacer los obreros de Metalúrgica Tandil.

Fuera el pacto colonial y antiobrero con el FMI. Que la crisis la paguen los capitalistas. No al Presupuesto de guerra fondomonetarista. Que se vaya Macri y se convoque una Asamblea Constituyente, libre, soberana, con poder político, para ejecutar una reorganización del país sobre la base de un programa de los trabajadores. Por un Congreso de delegados mandatados por la Base de todos los sindicatos para debatir esta perspectiva y el plan de lucha para llevarla adelante.