Los despidos masivos, no sólo en Techint, y la imagen de multitudes apiñadas en torno de los cajeros para poder cobrar el “plus” para las AUH y las jubilaciones en La Matanza y Quilmes resumen los dos aspectos más explosivos de la situación, mientras avanza la epidemia.

Los distritos pobres del conurbano bonaerense incuban conflictos sociales de alcances imprevisibles, que la asistencia oficial actual difícilmente logrará contener. El Comité de Emergencia, convocado por el gobierno -que reúne a las iglesias católica y evangelistas, los intendentes y las organizaciones sociales integradas al gobierno- tendrá la tarea de administrar recursos muy insuficientes, tal como denuncian el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero. Los saqueos y llamados a salir a las calles que estallaron en el empobrecido sur de Italia adelantan lo que podría ocurrir en nuestro país, aunque multiplicado por diez, si no se toman las medidas apropiadas.

El anuncio de Techint, por su parte, fue un inequívoco mensaje, compartido por todo el arco patronal, para que el gobierno priorice el auxilio a la industria. Igual que ocurrió en Italia, los capitalistas presionan por poner en marcha la producción, argumentando que la quiebra económica tiene efectos más nocivos que la pandemia. 

Prohibición de despidos y rescate al capital con plata del Anses

La lista de despidos es interminable: tercerizados de la empresa GPS, que prestan servicios para aerolíneas; 56 trabajadores estatales de Educación de La Plata; un centenar de empleados de Vía Bariloche; 60 trabajadores de la cadena de cines Cinemark; más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa; 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, propiedad de Nicolás Caputo; 800 trabajadores de la minera Livent, entre muchos más. 

De este modo, las patronales presionan para que se ponga fin a la cuarentena lo antes posible y se avance con la implementación de un programa que incluya el pago de salarios por parte del Estado o líneas de crédito subsidiadas, exenciones impositivas y la eximición de contribuciones patronales.

El DNU que dispone la prohibición de despidos y suspensiones “sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por un período de 60 días, carente de efecto retroactivo, es una medida ultralimitada porque deja afuera a todos los que ya fueron despedidos y a los trabajadores informales. Las empleadas domésticas, obreros de la construcción y rurales en negro son millones, deben ser incluidos con garantía de estabilidad laboral.

La contraparte será, según difundió el diario Clarín, un amplio plan de apoyo a las empresas, que incluye la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales y una disminución de hasta el 95% para abril en el caso de las empresas de menos de 60 trabajadores. Por otra parte, se dispondría una Asignación Compensatoria al Salario mediante una suma no remunerativa a las empresas con menos de 100 trabajadores (que varía entre un salario mínimo y la mitad) que podrá tomarse como parte del pago de los salarios. Además, por medio de Repro, se pagará una asignación no contributiva de entre 6 y 10 mil pesos a trabajadores de empresas de más de cien empleados y se aumenta el fondo de desempleo. Según los trascendidos, las empresas que adhieran a estos programas tendrán que reincorporar los trabajadores despedidos hasta el 29 de febrero.

Pero no es el Tesoro el que pone estos fondos, es la Anses -o sea, los jubilados; o sea, los propios trabajadores. Eximen de aportes y financian salarios con plata de la Anses; el saqueo a los jubilados no tiene antecedentes. Debemos rechazar semejante vaciamiento, mientras se siguen pagando los vencimientos de la deuda.

Defensa del salario

Las patronales también reclaman la reducción salarial o el pago en cuotas. Algo que ya adelantaron grandes empresas como la aerolínea Latam, el multimedio “La Capital” de Mar del Plata, la avícola Tres Arroyos, el Grupo Indalo de Cristóbal López, el Grupo América, varias automotrices y petroleras. “No se puede tener paralización de actividades a salario pleno y, además, esto implica sobrecostos muy grandes e imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero”, sintetizó el vicepresidente de la UIA y titular de la poderosa cámara de empresas alimenticias, Funes de Rioja.

El burócrata petrolero Guillermo Pereyra una vez más hizo punta (fue el primero en firmar convenios flexibilizados; lo que le granjeó el elogio del “candidato” Alberto Fernández) y acordó el pago de un 70% de los salarios “de forma no remunerativa para que las empresas no tengan que afrontar los aportes patronales”. Antes, Pereyra decidió suspender la discusión paritaria. De este modo le marcó la cancha al conjunto de la burocracia sindical. Héctor Daer también se mostró dispuesto a secundar a las patronales y propuso que “se arme una mesa y se analice cómo se va pagar a quienes hoy están impedidos de trabajar”. Precisamente el DNU da vía libre a las direcciones sindicales y a las patronales para pactar suspensiones y recortes de salarios, sin el pago de cargas y otros conceptos.

La campaña contra las dietas exorbitantes de los legisladores, impulsada por el macrismo, será utilizada como antecedente para justificar una reducción general. El economista de la consultora Fiel, Daniel Artana, sostuvo que “cortar los sueldos de los políticos suena bien pero no alcanza” y reclamó que el sector público resigne parte de sus salarios para evitar una crisis mayor.

Un programa del movimiento obrero tiene que plantear que no haya ningún recorte, que se respeten los acuerdos paritarios preexistentes y que mientras dure la cuarentena y no haya paritarias, se mantenga el poder adquisitivo del salario, actualizando las escalas con los índices de costo de vida del Indec.

Volvamos al Fondo, parte 2

La recaudación de enero y febrero cayó un 5,2% en términos reales y se calcula que ese porcentaje podría duplicarse en marzo y abril; máxime si se suspenden los vencimientos tributarios y se reducen las retenciones petroleras como reclaman las operadoras (para atenuar el derrumbe del barril).

¿Cómo hará el quebrado Estado argentino para financiar el plan de los capitalistas? 

Con más emisión monetaria. Sin estrictas medidas de control, como la apertura de los libros y el control obrero de las cadenas de comercialización y de la industria de la alimentación, supone un alto riesgo hiperinflacionario. 

Echando mano a la caja de la Anses y preparando el terreno para un nuevo golpe a la movilidad.

Con más deuda. Contrariando “el relato” Alberto Fernández se negocia secretamente una línea de financiamiento con el FMI denominada Derechos Especiales de Giro; destinada a cubrir necesidades ante catástrofes naturales o emergencias sanitarias. Se trata de un crédito de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.

Un programa para enfrentar la catástrofe

En medio del derrumbe económico, el gobierno acaba de hacer otro pago a los bonistas de unos 250 millones de dólares y otro de 1.850 millones en pesos, y anunció que continuará el diálogo para reestructurar la deuda de casi 70 mil millones de dólares. 

1) Se deben anular de manera unilateral todos los pagos de deuda, tanto a bonistascomo a organismos multilaterales, para volcar todos los recursos a la lucha contra la pandemia y sus secuelas sociales.

2) La defensa de los puestos de trabajo y de los salarios, con cláusulas de actualización automáticas y un seguro universal para todos los trabajadores que no tengan ingreso alguno de 30.000 pesos, son cuestiones vitales.

3) La prohibición de despidos y suspensiones debe incluir la reincorporación de todos los despedidos desde el 29 de febrero, incluyendo los trabajadores en negro, con su sola denuncia. Esto, por lo menos hasta fin de año, porque el plazo de 60 días permite todo tipo de maniobras para despedir igual. Además ¿qué pasa con las empresas que cierran? Reclamamos su continuidad incondicional a cargo del Estado, bajo control obrero.

4) Hay que centralizar de todo el sistema de salud -estatal, privado y de obras sociales- bajo un comando único para su utilización masiva, sin distinción de cobertura. Hay que reconvertir parcialmente las industrias no esenciales para la fabricar elementos e insumos sanitarios. Hay que nacionalizar la banca para terminar con la especulación y los negocios financieros, y asegurar créditos baratos para la producción, la vivienda y todas las necesidades de los trabajadores. Hay que nacionalizar los hidrocarburos, la minería y los recursos estratégicos, sin indemnización alguna, para abastecer un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

5) Llamamos a organizar comisiones obreras de control y ejecución de las medidas de seguridad, independientes de la burocracia sindical, en todos los lugares de trabajo. En la salud, en las áreas esenciales y, desde la cuarentena, con los medios disponibles en el resto del movimiento obrero.

¡Derrotemos la pandemia luchando contra el capitalismo!