16/04/2020 | 1589

Editorial | Se disparó la curva de los despidos y las suspensiones

Techint impuso 1400 despidos, homologados por el Ministerio de Trabajo

En su último discurso, Alberto Fernández se jactó de que el crecimiento de la curva de los contagios de coronavirus estaba por detrás de lo esperado. No faltaron especialistas que cuestionaron esos índices, señalando que en ausencia de testeos masivos es imposible determinar con exactitud una curva de contagios. La reducción en la curva la impuso la cuarentena, pero el tiempo ganado no ha servido para equipar adecuadamente el sistema de salud. La lucha contra la pandemia recién comienza y la Argentina continúa desguarnecida. 


Los números que no ofrecen controversias son los que trazan un cuadro de la situación laboral en el país. Según el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, los despidos que se ejecutaron en el país desde que se decretó la cuarentena ascienden a 45.000. Se trata de un número muy importante, pero de todos modos parcial. Debe tenerse en cuenta que los trabajadores no registrados son los primeros afectados por los despidos, por el simple motivo que la desvinculación es gratuita. Otro tanto ocurre con los trabajadores de la construcción, cuyos despidos aparecen encubiertos por la forma transitoria de sus tareas. A esto hay que agregarle que millones de trabajadores que figuran como monotributistas están imposibilitados de realizar su trabajo, perdiendo el sustento diario. Para ellos, los 10.000 pesos, distribuidos por la Anses bajo el rótulo de Ingreso Familiar de Emergencia, representan una pequeña parte de sus ingresos habituales que, por otra parte, no empezaron a cobrarse cuando van 25 días de cuarentena total.


Aún todavía más que los despidos, crecen las empresas que aplican reducciones salariales a sus trabajadores. Muchas veces estas reducciones superan incluso el 50% del salario. A la cabeza de esta práctica están las principales empresas instaladas en el país, varias de ellas de alcance internacional. Las rebajas salariales se imponen bajo el método del chantaje: o se acepta la reducción o se pasa directamente al despido. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la aceptación de las rebajas salariales, lejos de asegurar los puestos de trabajo, suelen ser la antesala de los despidos. El papel de las direcciones sindicales ha sido, en este cuadro, especialmente nefasto. La UOM negocia reducciones salariales en las principales empresas, como Aluar y Acindar. El Smata lo ha hecho con todas las automotrices, con el agravante de que en algunos casos los acuerdos fueron previos a la cuarentena. Barrionuevo se ha pronunciado directamente por una rebaja generalizada. La casi totalidad de la burocracia sindical se encuentra jugada en estos pactos con las patronales.


El crecimiento de los despidos y de las suspensiones con rebaja salarial ha convertido al decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández en papel mojado. Luego de sus entredichos públicos con Techint, el Presidente se ha llamado a silencio ante este desacato alevoso de los capitalistas. En el discurso del fin de semana prefirió perder el tiempo sobre la pertinencia o no de habilitar el ejercicio físico en el espacio público, sin hacer referencia alguna a la ofensiva que están sufriendo los trabajadores. En un reportaje posterior, el Presidente señaló que el conflicto con Techint estaba superado. No aclaró, claro, que el grupo que comanda Paolo Rocca se salió con la suya. No solo impuso los 1.400 despidos; logró además que el Ministerio de Trabajo los homologue. 


Dólar a 110 pesos


Junto con la que mide los despidos y las suspensiones, se ha disparado también la curva que refleja las cotizaciones del dólar. El salto por encima de los 100 pesos de los tipos de cambio que se obtienen en el mercado de acciones y de bonos agravan todas las contradicciones de un proceso económico en ruinas. Por estos mecanismos, los capitalistas logran sortear los controles de cambio establecidos por el gobierno y acelerar la fuga de capitales. A la vez, al incrementar la brecha con la cotización oficial, que ya se ubica en el orden del 60%, opera como una fuerte presión devaluatoria, agravada por la depreciación de las monedas de los países de la región, en primer lugar el real brasileño. Con seguridad, esa presión devaluatoria llevará a una retención de la cosecha por parte del capital agrario, para imponer una devaluación que mejore la cotización de sus ventas en moneda local.


El proceso de fondo que alimenta el salto del dólar es la emisión monetaria que el gobierno viene incrementando para pagar los vencimientos de la deuda pública en pesos y asistir a los capitalistas. Muchos analistas coinciden en que el salto actual del dólar fue generado por la noticia de que el gobierno se apresta a emitir 500.000 millones de pesos para pagar esos vencimientos. A esto hay que agregarle que el Banco Central ha llevado adelante una reducción del stock de leliq para que los bancos usen esos fondos para asistir a las empresas que no pueden pagar los salarios. Esta reducción implicó inyectar 400.000 millones de pesos a los bancos. Sin embargo, las empresas denuncian que esa asistencia se aplica a cuentagotas. El plan del gobierno para que los bancos otorguen créditos al 24% es un fracaso. La razón de ello se debe a que impera el temor a que una quiebra generalizada convierta esos préstamos en incobrables. Los bancos, entonces, usan esos fondos para operar en los mercados haciéndose de dólares y tirando para arriba la cotización. Este proceso parasitario bien puede concluir en una hiperinflación, que termine de licuar finalmente esa emisión realizada. Pero los capitalistas estarían cubiertos en dólares, mientras los trabajadores sufrirían un golpe demoledor sobre sus condiciones de vida. 


Como el Estado se encuentra sin financiamiento, a excepción de esta emisión monetaria explosiva, han surgido del lado del oficialismo propuestas para aplicar impuestos especiales a los capitalistas de carácter extraordinario. Los borradores que se han dado a conocer hasta el momento se caracterizan por su conservadurismo. La propuesta original de afectar los fondos blanqueados bajo el macrismo (aproximadamente unos 110.000 millones de dólares) han sido reemplazados por un impuesto del 1% a los patrimonios superiores a los 3 millones de dólares -unos 200.000 millones de pesos a la cotización actual. Se dejaría de lado también afectar a las empresas, con la excusa de que no se quiere perjudicar al empleo, permitiendo que los capitalistas oculten su propio patrimonio detrás del capital de las sociedades. No es casual que la previsión que tengan de recaudación sea más que módica: unos 3.500 millones de dólares, esto siempre y cuando los capitalistas se dignen a pagar el tributo. Se trata de una cifra que está muy lejos de cubrir siquiera los vencimientos de deuda que no han sido refinanciados hasta fin de año que, sumados los que tiene la Nación con privados, organismos multilaterales de crédito y las provincias, rondan los 10.000 millones de dólares. Como la variante más probable es que la propuesta de reestructuración de deuda que presente el gobierno sea rechazada, se abre la alternativa de continuar la negociación mientras se continúan con esos pagos. Así, el impuesto a los ricos alcanzaría solo para pagar una parte menor de la deuda. Dicho de otro modo, el impuesto iría a sostener el edificio de la especulación capitalista y el rescate de la deuda, de ningún modo a financiar las necesidades de las masas ante la pandemia.


Los sindicatos deben actuar


A esta altura no caben dudas que la cuarentena está siendo aprovechada por los capitalistas para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Bastaron un par de semanas sin actividad para que empresas de porte internacional decidan despedir, rebajar salarios e imponer de hecho reformas laborales, que buscarán preservar una vez levantada la cuarentena. Para los trabajadores se impone la necesidad de rechazar la presión capitalista de levantar la restricción a la actividad, pues no existen condiciones sanitarias adecuadas para ello. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) acaba de sacar un documento alertando sobre los enormes peligros que representa levantar prematuramente la cuarentena. El rechazo a esa presión incluye denunciar los despidos y las suspensiones, y defender los puestos de trabajo, la integralidad del salario, la implementación de un seguro al desocupado de 30.000 pesos que cubra a trabajadores precarizados y monotributistas, y un incremento real de la asistencia de comida en las barriadas y colegios. Este programa plantea un reclamo a los sindicatos, que deben romper su sumisión a las patronales y tomar medidas de acción en defensa de los trabajadores. Plantea la ruptura de las centrales sindicales con el gobierno. Lo mismo vale para todas las organizaciones de los desocupados. La acción de la clase obrera no debe limitarse a un reclamo al Estado para que ejerza una protección, más cuando ese Estado se demuestra cómplice de las patronales. La compatibilidad entre las restricciones que plantea la cuarentena y la necesidad de una acción de lucha deberán ser debatidas y resueltas democráticamente por los trabajadores en asambleas. Incluimos la ocupación de toda fábrica que cierre, para exigir que el Estado garantice su continuidad bajo control de los trabajadores.


El salto de todas las curvas -la de los despidos, las suspensiones, la del dólar- plantea un programa de salida de conjunto: no al pago de la deuda, nacionalización de la banca y el comercio exterior, control de cambios, impuesto progresivo a los grandes capitalistas, centralización del sistema de salud bajo la dirección de los trabajadores, no a los despidos y las suspensiones, defensa del salario. 

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El gobierno ha actuado en función de licuar salarios y gasto social.
Salarios privados, públicos, cuentapropistas, trabajadores no regularizados y jubilados, todos afectados.