La “coalición a la carta” que formó el gobierno con la oposición patronal ha mostrado sus fisuras en la sesión del Congreso que trató el impuesto a las Ganancias. Mientras cerraba esta edición de Prensa Obrera, un acuerdo entre el massismo, el FPV y el PJ parecía imponerle al gobierno una ley que modifica el actual impuesto a las Ganancias sobre el salario. Aunque este desafío al macrismo se produce en torno de una cuestión que afecta a los trabajadores, su telón de fondo es el impasse económico que ha acentuado la deliberación y divisiones entre los capitalistas.

 

Mientras Macri se autoasigna notas altas para evaluar su gestión, el derrumbe industrial y del conjunto de la actividad económica no deja lugar a dudas. El macrismo debutó con un paquete gigantesco de incentivos a todas las fracciones del capital, entre la devaluación, las exenciones impositivas y los tarifazos. El resultado conjunto ha sido un agravamiento de la bancarrota que dejó el kirchnerismo. Macri celebra su año con temor a que le toque  la suerte de su par brasileño Temer, que enfrenta un reguero de movilizaciones masivas y su propio lava jato (escándalo de corrupción). La pretensión de un ciclo derechista consolidado, que muchos izquierdistas daban por hecho a comienzos de año, no logró llegar con vida al final de 2016.

                                                   

 Acuerdo mezquino

 

Pero a la hora de desafiar al gobierno con el impuesto a las Ganancias, esta oposición, la misma que firmó con el gobierno el pacto buitre y “administra” el ajuste en las provincias, estuvo muy lejos de satisfacer una reivindicación obrera. Por eso, se las arregló para parir un acuerdo ultramezquino, que deja en pie -e incluso consolida- el carácter confiscatorio de este impuesto. El proyecto “consensuado” plantea un mínino no imponible (MNI) de 33.500 pesos brutos para trabajadores solteros. Teniendo en cuenta que regirá para todo 2017; que excluye al aguinaldo de su cómputo, y asumiendo para el año que viene un aumento paritario del 25%, el nuevo MNI mete dentro del impuesto a todo aquel trabajador que gane actualmente unos 21.000 a 21.500 pesos netos. ¡Apenas dos mil pesos más del actual mínimo macrista! Si el proyecto del gobierno metía dentro del impuesto a 500.000 nuevos trabajadores, el acuerdo opositor afectará a la casi totalidad de quienes hoy lo pagan. Kicillof lo dijo con todas las letras, al señalar que el impuesto lo pagará el 10% de los asalariados. Considerando que el universo de trabajadores registrados ronda los 8 millones, tenemos que, como mínimo, pagarán el impuesto al salario unos 800.000 trabajadores. Ello, con un agravante: hasta ahora, el impuesto al salario era la suma de un conjunto de arbitrariedades -retraso en la corrección de escalas y mínimos no imponibles- dispuestas por decreto. Ahora, a través del Congreso, esta confiscación adquiriría la estatura de una ley. Sólo el bloque del Frente de Izquierda denunció este nuevo despojo, y le opuso un proyecto que abole el impuesto para todas las categorías de trabajadores convencionados.

 

El acuerdo alcanzado ha “limado” los alcances del proyecto original de Massa. Los encargados de esa poda fueron los gobernadores y senadores “nac & pop” del FpV, que buscaron reducir a la mínima expresión la merma de ingresos a las provincias que resultaría de una menor carga del impuesto. Esa moderación también la saludaron Kicillof y Máximo, el sobrino de la gobernadora más ajustadora del país. Es significativo que el acuerdo haya sido anunciado por Oscar Romero, diputado del Smata. Con ello, expresó la conformidad de la burocracia sindical con una ley que dejará en pie esta confiscación al salario.

                                                              

Emergencia Social

 

Quienes defendieron la mezquindad de este acuerdo argumentaron, como lo venía haciendo el gobierno, que el “Estado no puede desfinanciar a los que menos tienen”. Con ello, reconocieron que la “emergencia social” votada apenas unas horas antes será bancada…con los impuestos a los trabajadores -“ganancias”, IVA, naftazos y otros.  Antes de discrepar sobre el impuesto al salario, macristas, massistas y kirchneristas acordaron en crear una enorme plataforma de trabajo precario, a través de planes y “cooperativas” que remunerarán a sus trabajadores con el 60% del salario mínimo.  La coincidencia en este punto marca un hilo conductor de fondo entre oficialistas y opositores: dejar pasar el ajuste, golpear la capacidad de lucha de la clase obrera y promover la flexibilización del trabajo (reforma laboral), mientras se refuerza un cordón asistencial dirigido a contener la rebelión popular contra la escalada antiobrera. En la boca de Victoria Donda o Leonardo Grosso -los laderos centroizquierdistas de esta política- el tercio de trabajadores precarizados o subocupados han pasado a ser “aquellos que ya nunca conseguirán trabajo”(sic). La nueva burocracia piquetera presenta como un fenómeno natural a la miseria social fabricada por las políticas capitalistas. Mientras tanto, lucran a mano llena con las prebendas y recursos de las “unidades de gestión” otorgadas por la ministra Carolina Stanley.  

                                                              

 Una lucha necesaria

 

El episodio del impuesto al salario aún deberá pasar por el Senado, y podría encontrarse luego con un veto presidencial. Pero en cualquier caso, el saldo para los trabajadores es tan magro como el de todos los reclamos que se “parlamentarizaron”. Mientras recoge migajas por el impuesto a las Ganancias, la burocracia sindical asiste al despido de 1.700 petroleros en Neuquén; o de miles de metalúrgicos fueguinos, que penden de un hilo. En el plano salarial, el acuerdo de Vidal con UPCN -18% en ¡15 meses!- anticipa otro golpe al salario, que querrá ser usado como antecedente contra docentes y estatales de todo el país. La conclusión es clara: de la mano de los Massa, Pichetto o Kirchner, y sus socios sindicales, sólo podremos esperar migajas o fraudes políticos. Es necesaria una deliberación en los sindicatos, las organizaciones sociales y todos los frentes de lucha en torno de un programa y una estrategia de independencia política y sindical. Por la abolición definitiva del impuesto al salario; por el pase a planta de los compañeros precarizados, ningún despido, paritarias sin techo en 2017. Por estas, y todas las reivindicaciones pendientes, marchemos con el clasismo y la izquierda el próximo 20 de diciembre.