El proyecto pactado entre el gobierno, la CGT y la oposición sobre el impuesto a las Ganancias fue elaborado en los términos fijados por Macri. La versión que será aprobada por el Congreso establece un aumento del mínimo no imponible del 22,8%, un porcentaje que podrá incluso verse superado por la inflación de 2017. Bastará con que las paritarias emparden a los aumentos de precios para que termine pagando Ganancias la misma cantidad de trabajadores que lo hace en la actualidad: más de un millón y medio. Podría ocurrir, incluso, que si la inflación fuese superior al 22,8% (algo nada descartable dada la aceleración de la devaluación y los tarifazos previstos) termine incrementándose la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto. La continuidad de la confiscación del salario salta a la vista. Ocurre otro tanto con la actualización de las escalas, que quedaron muy por detrás de todas las propuestas previas, incluso la que había elaborado el propio gobierno. En la versión consensuada con la CGT, éstas aumentan sólo entre un 167 y 300%, cuando la inflación acumulada durante los 17 años ronda el 1.900%.

A mediano plazo, el gobierno logró otra conquista valiosa. Luego de decir en la campaña que eliminaría el impuesto al salario, Macri pasó a prometer que eso ocurriría gradualmente, aplicando un esquema decreciente hasta 2019.

 

Con este proyecto, en cambio, el impuesto al salario queda consagrado para siempre mediante una ley del Congreso.

 

El ‘gradualismo’ prometido ha pasado a mejor vida. Como la actualización del mínimo no imponible y de las escalas está asociada a lo que suceda con los salarios, queda establecido paraturo que siempre pagarán el impuesto 1,5 millón de trabajadores. Así, éstos deberán sostener el Estado que gobierna para los capitalistas. Los trabajadores no sólo pagan el IVA y otros impuestos sobre el consumo, sino que en cifras actuales aportarán más de 100.000 millones de pesos anualmente por el impuesto al salario. Como contraparte, la versión final del proyecto elimina los impuestos a los capitalistas que habían sido incorporados por Diputados. Unánimemente todos los bloques salieron al rescate de las mineras y de los especuladores, que no quieren ningún gravamen sobre la renta financiera. A los defensores del ‘equilibrio fiscal’ no les importó que estas eliminaciones agraven el déficit, que s el fuerá cubierto con emisión inflacionaria o con nuevo endeudamiento.

 

El soporte ideológico para elaborar este proyecto reaccionario fue aportado por el kirchnerismo. Como querían Cristina Kirchner y Kicillof, su nueva denominación será “impuesto a los altos ingresos”, para encubrir que se continúa con la bestialidad tributaria de cobrar Ganancias sobre el salario de los trabajadores, cuyo sentido es garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Kicillof, además, se anotó otro poroto. El ex ministro se declaró partidario de imponer un esquema que asegure que paguen el impuesto el 10% de los trabajadores que más ganan si se cuenta la totalidad de la fuerza de trabajo, eso arroja 1,5 millón. Pero como en Argentina los salarios son de miseria, alcanza con tener un salario de 23.000 pesos (el equivalente a una modesta canasta familiar) para ser parte del 10% ‘más rico’. Lo que debiera ser el piso salarial de un trabajador -el acceso a la canasta familiar- se convierte en un privilegio que es castigado con un impuesto.

 

La liga del ajuste

 

La liga de gobernadores del FpV-PJ prestó un apoyo inestimable al macrismo. Primero, fueron el factor clave para neutralizar en el Senado el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados; luego presionaron para que salga la versión más gravosa para los trabajadores. Los gobernadores le permitieron presentarse al gobierno como un defensor de los intereses de las provincias, cuando es el pago de la deuda pública y los subsidios millonarios al capital lo que aplasta el federalismo y las autonomías provinciales. El macrismo apeló a los Gioja, Urtubey y compañía para frenar la reposición de las retenciones a las mineras, así como otros tributos a los capitalistas. De este bloque ajustador participó activamente el kirchnerismo. El ministro de Economía de Santa Cruz estampó su firma junto a sus pares provinciales para reclamarle al Senado que no apruebe el proyecto de diputados.

 

Luego de este debut de la ‘liga del ajuste’ promete ir por más. Acaban de anunciar que negociarán en bloque la paritaria docente, con el claro propósito de imponer una nueva reducción salarial a los trabajadores de la educación.

 

Todos han saludado el modelo Vidal, que firmó una paritaria por el 18% en cuatro cuotas, lo que equivale a consagrar la reducción salarial de más de 10 puntos de 2016. En Mendoza, Cornejo pretende establecer el 17%. El kirchnerismo acá también picó en punta, porque en Santa Cruz estableció la paritaria más baja del año en curso.

 

Crisis política

 

Aunque el gobierno pueda declararse ganador de esta contienda, lo cierto es que pagó un costo político muy elevado para lo que debiera haber sido un trámite legislativo regular. La “coalición a la carta” que funcionó durante todo el año y le permitió al macrismo aprobar las leyes fundamentales sin tener mayoría parlamentaria está en terapia intensiva. El gobierno deberá buscar el modo de evitar sufrir un desgaste tan fuerte para cada nueva ley que pretenda aprobar. Pero esta necesidad ha derivado en un principio de ruptura a su interior. Mientras el bloque de Monzó -apuntado por los editorialistas de los diarios oficialistas- reclama pasar de esa “coalición a la carta” a un gobierno de coalición con sectores del peronismo, otro bloque del gobierno es partidario de mantener el esquema actual y tratar de dirimir la crisis en las elecciones legislativas próximas. En un régimen presidencialista como el de Argentina, los gobiernos de coalición han sido en general inviables. Sucede que cuando la crisis aún no es terminal, el Poder Ejecutivo rechaza convocar a un gobierno de coalición para no resignar su poder, aunque una parte de la oposición esté dispuesta a aceptar el convite. Pero, cuando la crisis se agudiza y es el Ejecutivo el que quiere un gobierno de coalición, ya la oposición no está dispuesta a aceptarlo y se pasa abiertamente al campo del golpismo.

 

Si el gobierno tuvo costos y beneficios en esta crisis, lo de Massa ha sido una derrota sin atenuantes. Macri y los gobernadores del PJ se encargaron de asestarle un golpe al mandar al tacho de basura el proyecto aprobado por Diputados, que lo tuvo como protagonista estrella. En el PJ existen muchos caciques que no están dispuestos a consagrar a Massa como su candidato presidencial para 2019, incluso si para eso tienen que reforzar su colaboración con el macrismo. Para el caso del kirchnerismo, el final de esta crisis ha sido simplemente patético.

 

Empezó sumándose al pacto con el massismo y el PJ con la expectativa de ser aceptado en una futura unificación peronista para terminar amenazado con una próxima expulsión del bloque de senadores del PJ. La dinámica política mostrará nuevas agachadas del kirchnerismo para evitar que esta expulsión se consume. En estas condiciones debe destacarse que el único bloque que defendió la eliminación del impuesto al salario, como parte de un planteo integral de salida de los trabajadores a la crisis, fue el del Frente de Izquierda.

 

El movimiento obrero y la izquierda

 

Puede haber llamado la atención el papel relevante que ocupó la burocracia sindical durante esta crisis. Aún siendo una casta degradada y desprestigiada frente a la población, terminó convirtiéndose en un árbitro de las negociaciones en el Senado y con los gobernadores. Pero no hay que llamarse a error. El protagonismo de la burocracia es una expresión distorsionada del hecho de que toda la situación nacional está condicionada por la acción de los trabajadores. Hubiese bastado un plan de lucha real de los sindicatos para tirar abajo el impuesto al salario o hacer fracasar el esquema paritario armado por Vidal como prueba piloto para el año que viene.

 

Que ésta es la clave de la situación salta a la vista cuando se toma verdadera dimensión del alcance de la bancarrota económica, que todas las fracciones y camarillas capitalistas quieren descargar sobre las espaldas de los trabajadores. Para la izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero, esta caracterización es esencial, pues debe llevar a reforzar el trabajo de organización y lucha de los trabajadores, como parte de un planteo político integral de salida a la crisis. Esta fue la gran conclusión que dejó planteada la jornada masiva del 20 de diciembre, protagonizada por el sindicalismo combativo, los movimientos sociales independientes y la izquierda.

 

 

Foto Sebastián Baracco