El gobierno ha frenado el alza del dólar a costa de un nuevo saqueo nacional. La renovación de los 30.000 millones de dólares en Letras del Banco Central (Lebac) a una tasa del 40% implica intereses a pagar, si se los proyecta al año, equivalentes a 12.000 millones de dólares. Lo más grave es que el 65% de esta nueva deuda vence en 35 días (lo que llega al 80% si se incluyen las de un plazo de 60 días). O sea que en menos de dos meses el gobierno enfrentará el mismo cuello de botella, pero agravado por la carga de los nuevos intereses a pagar. Algunos adelantan que “si en los próximos 35 días no logra dejar atrás la tensión financiera, habrá otro supermartes con los riesgos y costos que esto significa” (La Nación, 16/5).



Estamos ante una salida agarrada con alambres y a un gobierno en terapia intensiva. Luego de una mega devaluación del 35% en los últimos meses, se han reactivado las bases para una bicicleta financiera de corto aliento, que aproveche las tasas descomunales que se ofrecen en Argentina. Junto con estos capitales golondrina, habrían reaparecido los dólares retenidos por los exportadores de granos -que ingresaron cuando la divisa estaba a 19-20 pesos, y liquidan a 25 -o sea, con ganancias del 25-30% en cuestión de semanas.

Ha trascendido que por gestión directa del propio Caputo, se habría impulsado el ingreso de grandes fondos de inversión, entre los que se mencionó a Black Rock y Templeton, los cuales ingresaron dólares para comprar títulos en pesos -Botes- a cinco años. El Cronista señala que esta emisión “fue hecha casi a medida de quienes ya tenían esos títulos (de emisiones anteriores), como el fondo Templeton” (El Cronista, 16/5). Esta operación permitiría revalorizar estos otros títulos y gambetear un potencial derrumbe de sus precios. Vanoli, ex presidente del BCRA bajo el kirchnerismo, alude a un posible acuerdo de recompra de esos bonos por el Estado. En lugar de un salvataje del país, tenemos un rescate de los fondos buitres. Caputo añade una causa más a su prontuario y deberá comparecer ante los tribunales por este pacto espurio.

El árbitro



Esta nueva bicicleta es una salida absolutamente precaria, y no puede ser la base de sustento del gobierno. El gran árbitro ha pasado a ser el FMI -el macrismo, y todo el régimen político, han quedado a merced del capital financiero internacional.



El FMI no va a prestar los dólares para financiar una fuga de capitales, lo que significa que el desembolso de sus fondos estará atado a un ajuste en regla. El Fondo alentó la devaluación que fogoneó el gobierno. Pero advirtió que si hiciera falta, habría que ir más lejos, llevando al dólar a 28 ó 30. Ello echaría más nafta al fuego de las tarifas, que están atadas a un esquema de dolarización. El mazazo a salarios y haberes jubilatorios, por lo tanto, ya está planteado. Pero las exigencias del FMI incluyen un recorte drástico del gasto en educación, salud y vivienda, un ajuste y presión fiscal mayores sobre las provincias, una reforma jubilatoria que eleve la edad de retiro a los 70 años y reprivatice el sistema, y una reforma laboral precarizadora.



Pero el macrismo carece de los recursos políticos para semejante plan de guerra. Luego de la conmoción desatada por la reforma jubilatoria (movilizaciones del 14D y 18D), el gobierno logró absorber el golpe y lanzar nuevos ataques -paritarias con techo del 15%, despidos en el Estado. Para ello, se valió de la política de contención establecida por la burocracia. Pero estas medidas han sido insuficientes frente a la envergadura de las contradicciones de la política oficial y de la resistencia de los trabajadores.

Unidad nacional



Las tratativas con el FMI no se limitan al plan económico sino también a quién lo aplica. Esto explica que Macri incorporara a su “mesa chica” a los aliados de Cambiemos, así como el retorno del “dialoguista” Monzó. Más relevante aún es el llamado del macrismo a un “gran acuerdo nacional”. Después de haber maquinado durante meses con la “reelección”, el núcleo duro del macrismo ha salido a buscar compromisos con el PJ. Por ahora, los acuerdos están dirigidos a hacer pasar el paquete que se pacte con el FMI, y cuya letra debe quedar inscripta en el presupuesto 2019. “Será también la forma de evitar que el Congreso analice y apruebe (o rechace) el acuerdo con el FMI” (La Nación, 16/5). Una primera señal de este acompañamiento de la seudoposición es el viraje del pejotista Schiaretti en torno de la ley que recorta -ultralimitadamente- el último tarifazo, y que debe tratarse en el Senado. Ahora, el gobernador cordobés pidió que ese cuerpo rechace el proyecto con el argumento de que “la fijación de tarifas es atribución del Poder Ejecutivo y no del Congreso” (ídem). El operativo para ahorrarle un veto a Macri ya está en marcha. Estas movidas podrían anticipar cambios de gabinete con una mayor injerencia de los aliados de Cambiemos y si la crisis se profundiza, un gobierno de coalición con el pejotismo. Esta operación política, todavía en grado de tentativa, es un esfuerzo por rescatar al gobierno en crisis. Pero si llegara a prosperar, no haría más que acentuar el desprestigio y la desintegración de la seudooposición, incluyendo a un kirchnerismo que los sigue convocando a un mentiroso “frente antimacrista”.



Esta política de colaboración con el macrismo también involucra a la burocracia sindical de todos los colores. Sin exceptuar a los que ahora posan de opositores y hasta consideran la posibilidad de un paro aislado para descomprimir. Una de las cartas que estudia el gobierno es poner en pie un “Consejo Económico y Social”, para reforzar la cooptación de la burocracia.

Límites



El precario parate a la corrida tiene un costo elevadísimo para los trabajadores. La devaluación y la consiguiente carestía hace estragos los salarios, con muchas paritarias cerradas al 15%. Por otro lado, las altas tasas de interés alimentan las tendencias recesivas, provocando una caída del consumo popular, financiado en muchos casos a través de las tarjetas, y una nueva oleada de despidos.

Se quiere poner de rodillas a la Argentina y a sus trabajadores en aras de una política sin futuro. Varios analistas caracterizan la corrida cambiaria de Argentina como el punto de partida de una nueva crisis internacional. Los funcionarios macristas se jactan de que pudieron renovar el 100% de las Lebacs en medio de un nuevo pico de devaluaciones de los países emergentes. No advierten que la Argentina no sólo ha sido arrastrada por la bancarrota capitalista sino que se ha convertido en uno de los que puede detonar una fase más aguda de esa crisis.



La megadevaluación e inflación en ascenso ponen en jaque a los créditos hipotecarios UVA, haciendo prohibitivo el acceso a una propiedad, cuyo valor en pesos se ha ido por las nubes. Pone en cuestión también los PPP (Participación Público Privada), cuya viabilidad depende de la capacidad de financiamiento del Estado. Si esto lo unimos a un recorte de la obra pública, como se prevé en el ajuste programado, tenemos una caída ya declarada de la construcción, una de las “estrellas” de la política oficial. La devaluación puede servir para licuar la deuda en pesos pero, por otro lado, encarece la deuda en dólares del Estado y de los privados, cuya situación financiera ya era delicada. La devaluación, asimismo, pone en tela de juicio todo el esquema de dolarización.

Paro activo nacional



Es necesaria una inmediata respuesta de los trabajadores, un paro activo y un plan de lucha para que no se firme este acuerdo infame y para enfrentar el plan de guerra en marcha.



En este cuadro, cobra más actualidad que nunca el reclamo y la campaña del Congreso de delegados con mandato de sus bases, mediante asambleas, dirigido a todos los sindicatos. Los sindicatos, comisiones internas y tendencias del movimiento obrero que luchan por esta perspectiva deben agruparse ellas mismas y convocar un plenario obrero con estos planteos de fondo.



A las salidas capitalistas en curso, es necesario oponerles un programa obrero de salida a la crisis. Ajustemos a los ajustadores: anulación del tarifazo y reconvocatoria inmediata de todas las paritarias; prohibición de despidos y suspensiones; defensa de los convenios colectivos y rechazo a la reforma laboral; nacionalización de los recursos naturales y energéticos bajo la dirección de los trabajadores; repudio a la deuda externa y nacionalización de la banca y el comercio exterior.



En oposición a la unión nacional entre el gobierno y la oposición patronal para hacer pasar los planes del FMI que viene fogoneando el capital financiero internacional, planteamos la unidad de la izquierda y el movimiento obrero para derrotar al macrismo y su plan de guerra y abrir una perspectiva de gobierno de los trabajadores.