Desde la banca del FIT en la Legislatura de la Provincia, que ejerce Guillermo Kane, presentamos un proyecto modificando la Ley 14.744, de Educación Sexual Integral.

Nuestro proyecto le otorga el protagonismo en la aplicación de la ley a los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a las organizaciones del movimiento de mujeres y de minorías sexuales. Son quienes deben jugar un papel central en la elaboración de contenidos y en la forma que debe asumir su dictado de la materia, asegurando el debate colectivo y democrático. Para ese fin, consideramos la creación de una comisión compuesta por dichos actores y la DGCyE, que se constituya como Autoridad de Aplicación y la instauración de dos horas-cátedra semanales destinadas específicamente al dictado de educación sexual, que garanticen el trabajo de contenidos y la reflexión crítica sobre estos temas.

Según encuestas, actualmente sólo 2 de cada 10 estudiantes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires afirman haber recibido contenidos vinculados a la educación sexual. Estudios revelan además que quienes sí recibieron, lo hicieron un promedio de dos horas al año. Esto, a 12 años de la sanción de la ley nacional de ESI y 3 años de la ley provincial. A su vez, en las pocas instituciones donde se dicta se aborda la temática desde una perspectiva biologicista.

Las consecuencias de esto están a la vista. En la Provincia de Buenos Aires se hallan los índices de embarazo adolescente más altos del país, con un 11,3% según las últimas cifras oficiales publicadas por el ministerio de Salud en 2016. Otro dato preocupante es el descenso de la edad de las niñas que atraviesan embarazos no deseados a la franja de entre 10 y 14 años. Según los números vertidos por el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años que tiene un hijo reporta que ese embarazo no fue buscado, y a su vez un 30% de las adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad.

Lucha contra el clero

La razón de fondo de esta situación es que el dictado de educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad y libre de prejuicios, es incompatible no solo con la jerarquía jurídica y política con la que cuenta la Iglesia Católica, sino con la naturaleza de clase del Estado, resorte último y principal para preservar un orden social basado en la explotación, la opresión, la violencia y la discriminación.

Un brutal ejemplo de los obstáculos puestos a que se avance en el dictado de educación sexual es el reciente mensaje del Arzobispo de La Plata, el repugnante monseñor Aguer, dirigido “a los representantes legales y directivos de todos los colegios católicos de la Arquidiócesis” pidiendo que “todos los jóvenes sean instruidos sobre el tema con claridad” para “evitar la confusión” sobre lo que la Iglesia concibe como un “crimen abominable”. De paso, insta a las escuelas confesionales a “que inviten a las familias a participar de la Marcha por la Vida” del próximo 20 de mayo. En la movilización pro aborto clandestino del pasado 25 de marzo, el Arzobispado de La Plata puso más de $150.000 (que saca de los subsidios que recibe del Estado) para ofrecer micros a quienes quisieran asistir. En esa marcha también estuvo el ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De La Torre, agente del Opus Dei y quien promoviera junto al ahora Procurador General de la Provincia, Conte Grand, el veto al protocolo para la implementación del aborto no punible.

Si el reclamo por la implementación de la ESI se topa con esta resistencia, una educación sexual integral –es decir crítica de este orden social y las relaciones sociales que le dan sustento- nunca podrá venir de la mano de éste Estado, sino que deben tener centralidad en ella los animadores principales de la enorme lucha que conmueve a la Argentina por los derechos de las mujeres y la disidencia sexual, en particular por el derecho aborto legal, seguro y gratuito.

Movilización

En los últimos años, el movimiento estudiantil secundario viene reclamando con insistencia la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en la Provincia. Dicho reclamo motivó la organización de comisiones estudiantiles de género en las escuelas y abrió procesos de deliberación en muchos ámbitos educativos. Allí, se discute por ejemplo acerca de carácter represivo y misógino de los códigos de convivencia y vestimenta, dando lugar a “pollerazos” y “besazos” en rechazo. Ante las prácticas escolares binarias, que llevan a la invisibilidad de la heterodisidencia, la homosexualidad, las infancias y adolescencias trans, y problemáticas como el aborto y el embarazo adolescente, los y las estudiantes denuncian la falta una educación sexual que abarque todas estas cuestiones de manera crítica, científica y con perspectiva de género. Este debate está presente también en las deliberaciones estudiantiles en institutos y facultades, e incluye a la docencia de los distintos niveles.

Este proyecto es un aporte a la lucha que encabezan el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres. La UJS y el Plenario de Trabajadoras se lanzan a una campaña en toda la Provincia, para llegar a los colegios, facultades e institutos con este planteo, en busca de pronunciamientos y acciones para conquistar la aprobación de esta modificación a la Ley 14.744. Será también un impulso a la pelea que recorre todo el país para arrancarle a este régimen el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.