La sanción del punto final dejó fuera de proceso al 95 % de la oficialidad involucrada en la represión genocida, pero aun así hubo quien sostuviera que este punto final había sido derrotado porque se aceleraban los procesos contra el 5 % restante, entre los cuales se encontraban figuras claves de la represión, y porque mantenía abierta la crisis militar.

Todo esto se va demoliendo día a día con topadora.

Los principales acusados en la denominada causa 450, correspondiente al Primer Cuerpo de Ejército generales Adolfo Sigwald y Olivera Rovere, han quedado en libertad. Ahora esta causa ha quedado limitada a 25 oficiales, de los cuales solo 2 están en actividad. Según los diarios, las restantes Cámaras Federales del Interior seguirían el mismo criterio de no afectar judicialmente a los oficiales en actividad, de modo de llevar “tranquilidad” a los cuarteles.

Al mismo tiempo, en otras causas, los jueces han decidido postergar citaciones y. respecto de los oficiales de la Armada, de acuerdo a Ámbito Financiero (13-4) “la Cámara Federal estaría decidida a evitar llamarlos durante el tratamiento del juicio, no dando lugar por ejemplo a las ruedas de reconocimiento de presos y otros procedimientos que podrían ocasionar una crisis”. Todos estos pasos se están dando con el aval de Alfonsín, para lo cual se reúne en forma cada vez más frecuente con los miembros del Poder Judicial (“Ámbito").

Finalmente, la Corte Suprema establecería el principio de “obediencia debida” en la causa Camps. lo que servirá para que queden automáticamente libres de todo cargo las decenas de oficiales y policías involucrados en las desapariciones en la Provincia de Buenos Aires, y constituiría un antecedente fundamental para el resto de los juicios (también "Ámbito").

Todo esto nos dice que cuando los izquierdistas afirman que el “punto final” está superado, tienen razón, pero al revés: está efectivamente superado, pero por la amnistía. No es de otro modo que se debe caracterizar a las libertades y desprocesamientos carentes de todo fundamento jurídico. La hipocresía democratizante bate a pleno, y es así que la “independencia de los poderes”, la “majestad de la justicia" y el “estado de derecho” son, precisamente, el marco de violación de todos los principios constitucionales más elementales.