“Mastican el sabor de la tierra,

Conocen el peso de las piedras,

encallecen sus manos y congelan sus

sonrisas”.

El 2021 ha sido consagrado por la ONU como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Sin embargo, se trata de una carta de intención puesto que, al calor del incremento de la crisis social, son cada día más los niños, niñas y adolescentes que se ven forzados a generar ingresos en el mercado laboral. En Argentina, esta situación afecta aproximadamente a 760 mil infancias y se profundizó a raíz de la pandemia.

A pesar de que en el país la Ley N° 26.390 prohíbe el trabajo en personas menores de 16 años y protege con normativas particulares la actividad laboral de lxs jóvenes entre 16 y 18 años, 1 de cada 10 niñxs entre 5 y 15 años y 3 de cada 10 adolescentes entre 16 y 17 años son víctimas del trabajo infantil. En el ámbito rural, 2 de cada 10 niñxs entre 5 y 15 años y el 43% de los adolescentes entre 16 y 17 años se ve obligadx a trabajar.

Un estudio realizado por la OIT, junto con Unicef y el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, reveló que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia y quienes ya trabajaban tuvieron que intensificar la tarea. A su vez, el informe dio cuenta que el 16% de lxs menores entre 13 y 17 años se encuentra dentro del mercado laboral y que 1 de cada 10 adolescentes buscó trabajo durante el año pasado. La mitad de quienes se ven sometidos al trabajo infantil pertenecen a familias cuyos ingresos disminuyeron en el último período.

La investigación también refleja cómo se agravó el peso de las tareas de cuidado y las tareas domésticas en las infancias como resultado de la crisis económica. El 36% de los niños, niñas y adolescentes encuestados se ve afectado al cuidado de niñxs o personas mayores y el 78% se ocupa del lavado, la limpieza y la cocina. Por otra parte, 1 de cada 3 no realizaba esas tareas previo al 2020 o las hacía con menor intensidad.

El trabajo infantil, como vemos, involucra al grueso de los sectores económicos. Podemos encontrarlo en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en la industria, en la construcción, en el ámbito doméstico, en la vía pública, en la minería o en el comercio. Está a la vista de todxs, sin embargo, quienes gobiernan no mueven un dedo para combatirlo. No sorprende, dado que el régimen político se encuentra al servicio de las patronales, y, de este modo, también permite que el 32,7% de lxs asalariadxs se halle en la informalidad.

Esta realidad atenta contra la salud psicofísica, el derecho a jugar y las trayectorias educativas de la niñez, convirtiendo en letra muerta a toda la regulación existente en materia de protección a las infancias. Sin lugar a dudas, el costado más descarnado de este flagelo es la proliferación de la trata de niñxs para la explotación sexual o laboral, negociado que crece como fruto de la descomposición capitalista, al amparo del poder político.

Las políticas de Alberto Fernández han acentuado el empobrecimiento de las familias trabajadoras y han obligado a que más niños, niñas y adolescentes tengan que vender su fuerza de trabajo para subsistir. El gobierno es responsable de la pulverización de los ingresos de los sectores populares por medio de topes salariales, la extensión de la informalidad laboral, la falta de asistencia económica durante el aislamiento social y el reguero de despidos que tuvo lugar durante su gestión, eludiendo el decreto que los prohibía. A su vez, contribuye activamente en la escalada inflacionaria estableciendo aumentos en los combustibles, desarmando paulatinamente los dispositivos para controlar precios -ya precarios de por sí- y habilitando tarifazos en los servicios públicos. De esta forma, se fue edificando un escenario propicio para que avance el trabajo infantil.

Solo la organización de las y los trabajadores podrá poner fin a este atropello a las infancias. Es necesario terminar con la informalidad laboral y recomponer los ingresos del pueblo trabajador, exigiendo un salario mínimo de $63.000, un seguro al desocupado de $40.000, la prohibición de los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales, paritarias sin techo con salarios indexados a la inflación y estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios. Esto forma parte de un programa que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad que plantea una reorganización social guiada por un interés mayoritario.

Para que haya niñeces libres de explotación laboral, las necesidades de los hogares deben estar resueltas.