El miércoles 9 se realizó la Audiencia Pública convocada por la bancada del FIT para denunciar un nuevo saqueo a la Obra Social de los trabajadores del Estado bonaerense en nombre del artículo 66 del proyecto de presupuesto 2021 que confisca el “superávit del Ioma”. Para tener una idea de lo que esto representa, algunos estiman en 8.000 millones de pesos esta incautación de los fondos a la Obra Social a la que están afiliados unos 2.600.000 trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, entre quienes se encuentran estatales, municipales, trabajadores de la salud, docentes, de organismos del Estado, y afiliados voluntarios entre otros.

Se trata de un brutal vaciamiento del Ioma, que ha sido la caja negra de todos los gobiernos capitalistas bonaerenses y una vía para los negociados y corruptela de los grandes prestadores y corporaciones de la medicina privada. A poco de asumir y al inicio de la cuarentena, Kicillof y el presidente de la Obra Social, Homero Giles, impusieron con la complicidad y pasividad de los veedores “sindicales” y las burocracias el subsidio a tasa cero de 400 millones de pesos por mes a los grandes sanatorios y clínicas mientras dure la pandemia.

De la mesa convocante a la Audiencia participaron Claudio Dellecarbonara del PTS, actual diputado provincial; Guillermo Kane, diputado del PO con mandato cumplido; y Mercedes Trimarchi de Izquierda Socialista. Guillermo Pacagnini lo hizo en nombre del MST y como dirigente de la Cicop. Entre las oradoras tomaron la palabra Luana Simeoni de la Junta Interna del Ioma y Mónica Ciuffarella, integrante de la Comisión de Familiares que denunció la muerte criminal de su hermana. Gabriela Ciuffarella, docente de Lomas de Zamora, falleció en el 2018 víctima de la desidia y abandono de la presidencia del Ioma que no garantizó la atención sanitaria negándole la medicación correspondiente.

La Coordinadora Sindical Clasista participó presencial y virtualmente con una amplia delegación sindical de la que fueron parte Churi Uro, secretaria general de la Junta Interna de ATE Educación; Facundo Sandoval, directivo de la CTA de Almirante Brown y Presidente Perón; Rubén Allende, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez; Daniel Rapanelli, secretario general de Suteba La Plata; Luciano Lago, secretario general de Suteba Madariaga; Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados; Flor Stevani, integrante delegada de Desarrollo Agrario; y Alberto Villoldo de Tribuna Docente y la Multicolor de La Plata, entre otras y otros dirigentes.

Confiscación

A una semana del tratamiento posible del Presupuesto promovido por Kicillof y el gobierno del Frente de Todos, la Audiencia del FIT puso el foco en la denuncia del artículo 66 del Presupuesto 2021 que habilita la confiscación del “superávit” del Ioma correspondiente al presente ejercicio. Esta “estatización” blanquea lo que ya viene ocurriendo, ya que todos los gobiernos han consignado fraudulentamente los recursos del Ioma como parte del presupuesto del Estado bonaerense, cuando en verdad este organismo descentralizado y dependiente del Ministerio de Salud se financia con lo que aportan los trabajadores y con lo que debería aportar el Estado y no lo hace o lo retacea. La larga deuda con los acompañantes terapéuticos y el atraso en los pagos a estos trabajadores de la salud precarizados es la contracara de las concesiones a la Agremiación Médica Platense (AMP), que impuso el encarecimiento de las prestaciones por la vía del lock out de la corporación dirigida por los grandes propietarios de los sanatorios.

El artículo 66 es un robo liso y llano en línea con un Presupuesto a la medida de los bonistas buitres de la deuda y de los subsidios a los capitalistas. Como ocurre con las jubilaciones, no es el Estado el que sostiene a los afiliados al Ioma sino que son los trabajadores afiliados los que sostienen y financian el quebranto del Estado bonaerense. Guillermo Kane reivindicó el proyecto para el Ioma presentado en su momento por el FIT que opone al manejo discrecional del Estado un directorio elegido por el voto de los trabajadores afiliados y la investigación y resarcimiento de los fondos apropiados por los gobiernos en la última década.

Vaciamiento y ajuste

Desde la CSC del PO se denunció también la impostura de un “superávit” amasado en base a un vaciamiento sistemático de las prestaciones médico asistenciales y del deterioro brutal de la atención del Ioma. La muerte de Gabriela Ciufarella y otras 26 víctimas es un testimonio trágico de este vaciamiento de la salud. La decisión de Kicillof y del Frente de Todos de meterle el guante a los fondos de la Obra Social replica lo hecho por Vidal en el 2017. En agosto del año pasado, Nicolás Kreplak -hoy viceministro de salud de Kicillof- cuestionaba el criterio de un “Ioma superavitario” en nombre de las inmensas carencias y la necesidad por lo tanto de invertir la totalidad de los aportes para mejorar la atención en calidad y tiempos de cumplimiento de las prestaciones. Hoy, como funcionario del gobierno peronista, Kreplak apoya la decisión de Kicillof y del presidente del Ioma Homero Giles, borrando con el codo lo que escribió con la mano, o mejor dicho dijo con la lengua. Lo mismo hacen las direcciones kirchneristas que acusaban a Vidal de apropiarse del Ioma y hoy justifican no movilizarse “para no hacerle el juego a la derecha”.

Importa señalar que las partidas para salud son un bis del presupuesto destinado por Vidal para el 2019 y con el que gobernó el peronismo durante todo este 2020. Cero inversión sanitaria en una provincia que pasó los 650.000 contagios y que está en las puerta de una segunda ola inevitable del coronavirus hacia marzo o abril, como lo anticipó el propio ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán. La burocracia kicillofista de Suteba, que forma parte de las veedurías de la Obra Social, está dejando pasar esta confiscación y el artículo 66 como dejaron pasar el financiamiento a los privados. Con los subsidios directos al capital a costa del Ioma, el “gobernador amigo de los trabajadores” dio un paso hacia la privatización de la Obra Social.

En la Audiencia del FIT los dirigentes de la Coordinadora Sindical Clasista del PO pusieron el acento en la denuncia del vínculo indisoluble que existe entre el artículo 66 y el Presupuesto 2021 de Kicillof. Esta “ley de leyes” pretende oficiar como garantía de ajuste fiscal para apurar un entendimiento con los bonistas después de diez “cierres de deuda” fracasados que colocaron a la provincia en default. Quien esto escribe hizo hincapié en la denuncia del pacto del Frente de Todos con Juntos por el Cambio para que salga el Presupuesto 2021 en línea con las exigencias del FMI y sus “reformas estructurales”. Churi Uro expuso ampliamente la gran lucha de la Junta Interna de ATE Educación por la reincorporación de los despedidos y el boicot de las distintas fracciones burocráticas de ATE como una manifestación de la falta de independencia de estas direcciones, la misma que bloquea toda reacción contra el presupuesto de ajuste y en defensa del Ioma. Nora Biaggio alertó sobre otra cuestión fundamental: la reforma antijubilatoria que el gobierno nacional se apresta a tratar este jueves en el Senado es un adelanto de lo que el FMI también exige para el IPS. La lucha contra el presupuesto de Kicillof plantea una movilización contra la “armonización” del Instituto de Previsión Social que quiere equipar a la baja las jubilaciones bonaerenses desligándolas por completo de la movilidad atada al salario en actividad.

De la Audiencia salió el compromiso de movilizar el próximo 17 cuando el proyecto de Presupuesto acordado por los “nacionales y populares” y la oposición derechista llegue a las cámaras. No al Presupuesto de ajuste de Kicillof y los bonistas. No al artículo 66 que confisca los fondos del Ioma. Por un directorio del Ioma electo por el voto de los trabajadores afiliados. ¡Extendamos la campaña de pronunciamientos en rechazo! Repudio al pago de la deuda externa nacional y provincial.