El gobierno nacional autorizaría la suba de las tarifas de luz y gas entre un 17% y un 20%. La resolución se difundió un día después de convocarse a audiencia pública para el próximo 19 de enero en función de fijar el aumento del gas para todo el año entrante, por lo que el tarifazo veraniego sería el piso de futuros incrementos en servicios tan elementales.

El plan anunciado es avanzar en un tarifazo segmentado posteriormente, que según deslizaron procedería a una quita total del subsidio entre las propiedades de mayor valuación fiscal y “el 10% de la población más rica”. Pero anticipando de antemano que podría alcanzar también a la “clase media”.

El objetivo sería crear tres categorías tarifarias para proceder a la reducción de subsidios energéticos (Clarín, 21/8). La primera abarcaría al 40% de hogares más pobres, que obtendrían la tarifa social, aunque Enargas convocó a las distribuidoras a volver a relevar la titularidad real del servicio en los domicilios. Como sea, estas familias sumidas en la pobreza deberán costear un 20% de aumento, un duro golpe a sus ingresos.

Luego, el gobierno contemplaría como “clase media” a los hogares que superen la canasta básica familiar, que tendrían aumentos en los servicios atados al desarrollo de la inflación. Así, las tarifas se indexarían a la evolución de los precios, mientras que por contrapartida a los salarios se les imponen techos paritarios.

La noticia llega luego de las palabras del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que confirmó que el próximo mes el subte se irá a $45 y que está en carpeta el aumento sobre el boleto nacional de los colectivos. Se trata del cumplimiento de una parte sustancial de los deberes que le dicta el FMI al gobierno nacional para achicar el gasto fiscal a través de la quita de subsidios, pero que, claro, siempre terminan pagando los trabajadores y el bolsillo popular con la vía de los tarifazos.

Por tanto, el cuadro general de elevación tarifaria que sacudirá con fuerza las condiciones de vida de los trabajadores del país plantea la importancia crucial de luchar, en los próximos meses, por paritarias que superen y se actualicen conforme evolucione una inflación -que las expectativas relevadas por el Banco Central ubican arriba del 50%.

Pero también pone la lupa sobre todo un régimen de saqueo que mantiene desde hace décadas intactas las privatizaciones del menemismo sobre la energía y sus empresas distribuidoras, bajo todos los gobiernos y sin distinciones de “color político”. Privatizadas que gozan desde entonces, con absoluto parasitismo, de un provechoso esquema de subsidios y prebendas, incluidos los tarifazos contra la población. Alegan que los usuarios pagan una boleta que representa solo una pequeña porción de los costos de generación y transporte de la energía, pero ello es incomprobable; para evaluar los costos reales hay que partir por abrir los libros de las empresas al control obrero.

La cuestión de los tarifazos evidencia la urgencia por una verdadera recomposición salarial y por abrir al control popular de trabajadores y usuarios los libros de los pulpos energéticos, y rever así el “costo real” aducido para aumentar las tarifas. Debe ser parte de un planteo que rompa con todos los principios fundamentales de un régimen supeditado a la brújula económica del FMI, que ordena este retiro de subsidios para juntar los dólares para el repago de la deuda externa pero tiene especial interés en que los servicios públicos sigan privatizados. En esencia, los trabajadores tenemos que poner en pie este programa para avanzar hacia la íntegra nacionalización de la energía y los servicios bajo control de sus trabajadores y usuarios.

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