Organismos del gobierno han anunciado que en marzo las jubilaciones recibirán entre un 16,9% y 19% de aumento por la movilidad trimestral que se calcula sobre el 50% de las recaudaciones y 50% del aumento de sueldos. Esto llevará a la mínima de $50.124, aproximadamente, a $59.146, la Puam de $40.099 a $46.836 y la pensión no contributiva de $35.086 a $40.980.

Junto con esto se anuncia un bono de $15.000 por tres meses, cuyo monto será decreciente hasta llegar a $5.000 para quienes cobren hasta dos mínimas, que no se suman supuestas sumas fijas que como en los últimos tiempos sólo la reciben un sector que está entre la mínima y las dos mínimas y no se incorpora al haber.

Se sigue con la política de mantener las jubilaciones despegadas de la inflación, lo que solamente en el 2022 implicó -sin contar los bonos parciales- aumentos del 73,51% contra una inflación del 94,8%.

Mientras Alberto Fernández, Massa y la oposición patronal le rinden pleitesía a las exigencias del FMI, que incluyen que no salga la moratoria para los dos millones de adultos mayores que no se pueden jubilar por haber trabajado en negro, las jubilaciones y pensiones, en su mayoría, no llegan a la canasta de indigencia calculada a diciembre en $67.187, aún incluyendo los bonos que llevaron a la mínima a $60.124.

El Frente de Todos lo hizo: arrasó con las jubilaciones

A más de tres años de asumido el gobierno de Alberto Fernández, el balance para los jubilados y adultos mayores es absolutamente negativo.

No cumplieron con la promesa electoral de recomponer las jubilaciones en un 20%. Lo real es que el poder adquisitivo bajó 17,7% respecto a enero 2020, según Ámbito, y 18,2 % según Silvia Stang de La Nación (25/1). Esta tendencia a la baja se mantiene firme por haber adoptado una fórmula que no contempla la inflación y la movilidad automática.

No garantizan el acceso a la jubilación de más de dos millones de trabajadores. No resuelven la moratoria que es imprescindible para garantizar que los que han trabajado toda su vida en la informalidad o que llegaron a la edad sin aportes, luego de ser despedidos. La mayoría son los miles y miles que perdieron sus trabajos estables durante la privatización y la reforma antilaboral basada en el trabajo por contrato, la polifuncionalidad y la productividad que viene aplicándose desde el menemismo.

Mantienen a más de la mitad de los asalariados en la informalidad y con contratos basura, con lo que no se efectúan los aportes y eximen a las patronales de toda contribución previsional.

Resolvieron una movilidad que al no tomar en cuenta la inflación va rebajando el poder de compra de los jubilados y pensionados cada tres meses.

Acaban de determinar la prórroga de la eximición de las patronales de las escuelas privadas del pago de contribuciones patronales.

Las organizaciones de jubilados terminaron el año marchando a Plaza de Mayo. Se comenzará este año con nuevas medidas. Por aumento de emergencia y una mínima de $170.000, moratoria universal ya, movilidad automática basada en la inflación y en los sueldos, 82%. Se plantea la restitución de los aportes patronales, la exigencia de que paguen lo adeudado y que el gobierno devuelva los fondos jubilatorios usados para pagar al FMI y subsidiar a las patronales.

La lucha jubilatoria debe ser tomada por las organizaciones sindicales, rompiendo sus acuerdos con el FMI, con las patronales y el gobierno. En lo inmediato, vamos a fondo por la moratoria universal ya. Sin pago por parte de los trabajadores.

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