16/03/2006 | 937

El 24 de Marzo a lo largo de treinta años


 


Desde las primeras manifestaciones contra la dictadura, cada movilización, cada lucha contra la impunidad se convirtió en arena de importantísimas delimitaciones y debates políticos.


 


Manifestaciones


 


Los movimientos de familiares de víctimas nacieron en pleno terror. Fueron ganando vigor a medida que la dictadura militar acentuaba su descomposición y la crisis económica y las movilizaciones populares se profundizaban1. Sus integrantes son perseguidos y asesinados por el gobierno militar (Azucena Villaflor).


 


A inicios de los ’80, los movimientos habían adquirido una gran trascendencia política. En diciembre de 1981, la marcha de Madres “resiste” durante 24 horas en Plaza de Mayo inaugurando una movilización que se repetiría todos los años. En 1982, la “Marcha por la vida” congrega a miles. La lucha por el “juicio y castigo” y la “aparición con vida” exigía el fin de la dictadura asesina. El Partido Obrero militó desde un principio en este movimiento y participó, en especial a través de la compañera ‘Cata’ Guagnini, de la fundación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.


 


Alfonsín


 


Cuando se produce el derrumbe de la dictadura, la preocupación fundamental de la burguesía es preservar el aparato represivo y el Estado en su conjunto. Por eso puso en marcha una “institucionalización”, a través de una multipartidaria de la UCR, el PJ, el PI y el PC, entre otros. Bajo la máscara democrática preservó el cuerpo legal de la dictadura, garantizó la continuidad de la burocracia civil, militar y judicial, y de los compromisos internacionales con el FMI y reconoció la deuda externa capitalista que había sido estatizada. El que encabezó ese proceso fue Raúl Alfonsín.


 


Las manifestaciones por el juicio y castigo chocan con el gobierno de la UCR, que amparaba la impunidad. El 22 de marzo de 1984 se realiza la primera “marcha prolongada” convocada por los organismos de derechos humanos, en la cual confluyen trabajadores de Luz y Fuerza, Foetra y centros de estudiantes. El gobierno armó actos paralelos.


 


El 22 de abril de 1985, cuando comienza el Juicio a las Juntas, cien mil personas ganan la calle (aunque no lo hacen a Tribunales por pedido expreso del gobierno, que tiene su propia gente en la dirección de la APDH). La movilización fue una elocuente demostración de la falta de confianza en el gobierno. Pero éste consiguió armar una contra-marcha de contenido político oficialista el 26, a la que sumó a la inmensa mayoría de las organizaciones políticas y de derechos humanos. Es decir que no hubo que esperar a Kirchner para que empezara a funcionar la cooptación política de los “organismos” por parte del Estado. El ala oficialista reivindicaba el juzgamiento de los militares como una cuestión de responsabilidades individuales y no juzgar al aparato de represión y al Estado; mucho menos a las clases sociales que financiaron el gobierno militar. El “juicio” apuntó a desviar la lucha por el desmantelamiento del conjunto del aparato de la dictadura.


 


El Partido Obrero advirtió tempranamente que “la orientación del gobierno es hacer desembocar este juicio en una amnistía”2. Fueron condenados solamente 16 oficiales (absolviendo a los otros 1.684 acusados). El proceso judicial consagró de hecho el principio de “obediencia debida” (se limitó a castigar a los mandos superiores) antes de que fuera convalidado por una ley especial. Del mismo modo, marcó el “punto final” de la investigación del genocidio. Las leyes de impunidad sancionadas más tarde no fueron una ‘claudicación’ del gobierno de turno sino la continuidad (no la negación) de la política que dio lugar al juicio a las juntas. Cuando Madres denuncia el amparo alfonsinista al aparato represivo, la mayoría de los organismos de derechos humanos se suma a la maniobra gubernamental para aislarlas y silenciarlas. Por esto, incluso, esos organismos no participan del acto en la Plaza del 24 de marzo de 1986 (décimo aniversario del golpe). En una solicitada explican que había que “afirmar la democracia y la libertad de hoy”. Como se ve, hoy no se observa nada nuevo bajo el sol, salvo que a esta maniobra se han incorporado ahora, las propias Madres.


 


La “defensa de la democracia” es la excusa que utilizará Alfonsín en las Pascuas de 1987 para claudicar ante el levantamiento carapintada encabezado por Aldo Rico, con la complicidad del alto mando militar. Mientras el gobierno reprimía las masivas manifestaciones populares contra los cuarteles, la “defensa de la democracia” paría un “acta” firmada por todos los partidos, incluido el PC, donde son expuestos con claridad los fundamentos de la futura Ley de Obediencia Debida. El santacruceño Kirchner formó parte de la legión de los demócratas que apoyaron el “acta democrática”.


 


La Tablada


 


Alfonsín recurrió varias veces a la militarización y hasta instauró el estado de sitio por decreto. En enero de 1989, con motivo del asalto al cuartel de La Tablada, decenas de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) son muertos, desaparecidos, torturados y encarcelados. Los carapintadas que habían protagonizado, mientras tanto, otros levantamientos militares, participan de la represión. El Congreso se reúne con las dos cámaras para saludar la intervención del Ejército. Izquierda Unida publica una solicitada que condena el asalto y no dice una palabra sobre la masacre. Los hombres de la dictadura actuaban ahora amparados por el gobierno de Alfonsín, que ingresaba a un acelerado ocaso. Por esos días, procederá a una devaluación del peso que lo llevará al derrumbe.


 


Para el 23 de marzo, en otro aniversario del golpe, las Madres convocan a una nueva marcha. Izquierda Unida (PC y MAS), por intermedio de su candidato a presidente, Néstor Vicente, y de su vice (y futuro diputado), Luis Zamora, anuncia públicamente que boicotea dicha marcha porque su convocatoria repudia la masacre de La Tablada. Había elecciones y no querían ser acusados de cómplices de “los terroristas”. Estos ausentes fueron el blanco de la multitud que coreó que la Plaza no era para los cobardes.


 


Los ’90


 


Carlos Menem, el sucesor de Alfonsín, culminará la obra de impunidad con los decretos de indulto y la liberación de Videla y compañía, que de todos modos habían gozado de un encarcelamiento de lujo (denunciado con frecuencia en la prensa). En nuestro periódico explicábamos que el indulto era el resultado de “la inconsistencia de los movimientos políticos pequeño burgueses y de las organizaciones de derechos humanos, que sistemáticamente subordinaron la lucha por el castigo a los genocidas a la estrategia de la defensa del orden político llamado democrático”3. Es que, con el tiempo, el Estado capitalista se fue sintiendo lo suficientemente seguro como para cancelar lo que habían sido concesiones anteriores, realizadas en un marco de intensa presión popular.


 


Sin embargo, luego de un tiempo, las manifestaciones contra el ‘gatillo fácil’ (Bru, Bulacio), y las que siguieron al asesinato del colimba Carrasco y de María Soledad en Catamarca, produjeron una renovación de la lucha contra la represión, sus aparatos y el Estado. El pueblo pagaba con nuevas víctimas la tarea inconclusa de desmantelar el régimen dejado por la dictadura militar.


 


En el vigésimo aniversario, en 1996, las movilizaciones del 23 y 24 congregaron a más de cien mil personas. Era el comienzo de la segunda presidencia menemista y el comienzo, también, de su debacle. La concurrencia masiva demostraba que estaban dadas las condiciones para una lucha de conjunto contra el menemismo. En 1997, dos meses antes del 24 de marzo, es asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas.


 


Los movimientos de derechos humanos y la CTA, sin embargo, se cuidaron muy bien de no levantar la consigna “Fuera Menem” en esas masivas movilizaciones, bajo el menemismo, de los 24 de Marzo. Es que, en definitiva, apuntaban a un relevo del tipo de lo fue el gobierno de la Alianza. En el marco de los indultos del menemismo y de la levantada de cabeza de los milicos y los aparatos represivos, se produce el atentado a la Amia.


 


Pero el gobierno de De la Rúa y Chacho Alvarez debuta, en diciembre de 1999, asesinando obreros en Corrientes, militarizando y asesinando, luego, en Mosconi y Tartagal, garantizando la impunidad establecida para los asesinos.


 


El 24 de marzo de 2001 el movimiento de lucha, que venía de protagonizar importantes paros y piquetes desde mediados de 2000 y acababa de echar a López Murphy, reunió a setenta mil manifestantes en una Plaza de Mayo piquetera. “La ausencia de columnas sindicales organizadas por la burocracia fue total”4. Moyano quería impedir que se viabilizara en las calles (como ocurrió el 19 y 20 de diciembre de ese año) la oposición política al gobierno delarruista. La misma orientación exhibieron “los organismos”, que mantenían la tesitura de una marcha por la ‘memoria’.


 


Para el próximo 24, cuando se cumple el 30 aniversario, observamos que nada ha cambiado en el empeño de los pseudodemócratas de querer convertir la conmemoración en un pretexto para defender al régimen político existente, el cual no vacila en militarizar Santa Cruz, como lo hacían los milicos, simplemente para defender los intereses de los pulpos internacionales, nada menos que del petróleo.


 


Treinta años


 


El Argentinazo demostró que la lucha popular en defensa de las libertades democráticas sigue vigente. Esta sola circunstancia impugna los títulos que se arrogan los pseudodemócratas. La imposición del estado de sitio, la militarización y asesinato masivo llevados a cabo por de De la Rúa provocaron un masivo repudio en las calles y una rebelión generalizada. Lo mismo ocurrió, más tarde, con el asesinato de Maxi y Darío bajo el gobierno de Duhalde.


 


Que treinta años después la lucha contra la represión, contra los aparatos represivos y contra la impunidad mantenga su vigencia, es la demostración más cabal de que el régimen democratizante no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas planteados por la dictadura militar.


 


Una lucha democrática consecuente es antagónica del Estado y sus aparatos. Por eso todos los gobiernos se esforzaron por reducir la conmemoración del 24 de Marzo a un momento de recogimiento, que ahora va a ganar el condimento del feriado. El empeño ha sido siempre desligarlo de la situación política concreta del momento; valerse de la represión del pasado para ocultar la represión del presente; ‘recordar’ cuando Acdel Vilas, primero, y Domingo Bussi, después, militarizaron Tucumán, para tapar la criminal militarización, en este mismo momento, del norte de Santa Cruz. Lo que Kirchner hace hoy es una mala copia de las fechorías políticas, en su momento, de Alfonsín, la Alianza, Duhalde, Rodríguez Saá y, a su modo, Menem.


 


La historia reciente es testigo de que los gobiernos “democráticos” no sólo consagraron la impunidad a los asesinos de ayer: son, fundamentalmente, los que encubren y protegen al aparato represivo del gatillo fácil; mandan a la Gendarmería a reprimir puebladas y a militarizar ciudades enteras (Cutral Co, Mosconi, Corrientes, Tartagal, ahora Las Heras) y apelan al estado de sitio cuando les resulta necesario; llevaron adelante masacres (La Tablada, 20 de Diciembre, Puente Pueyrredón); asesinaron a decenas de luchadores obreros y piqueteros; encarcelaron a luchadores políticos y procesan, aún hoy, a otros miles de ellos.


 


El verdadero ajuste de cuentas con los verdugos será el entierro definitivo del régimen social capitalista.


 


 


1) Prensa Obrera N° 936.


2) Prensa Obrera N° 93, 18/4/85.


3) Prensa Obrera N° 320, 19/12/90.


4) Prensa Obrera N° 700, 29/03/01.


 


30 Años del 24 de Marzo en Prensa Obrera


 


Cómo la “burguesía nacional” organizó el golpe del 76 


(PO N° 933 – 16/2)


 


La dictadura, el gran negociado de la burguesía nacional


(PO N° 935 – 2/3)


 


La lucha de la clase obrera contra la dictadura


(PO N° 936 – 9/3)


 


Ver también:


 


Techint y la Dictadura


(PO N° 935 – 2/3)


 


La burocracia con los milicos


(PO N° 936 – 9/3)


 

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