Un nuevo informe del Indec volvió a dejar al descubierto la precaria situación que viven miles de familias obreras, con un 60% de la población promediando ingresos por $51.597. La “reactivación económica” del gobierno viene de la mano de mayor ajuste y desigualdad social.

Se trata de la Evolución de la Distribución del Ingreso realizada en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide el tercer trimestre del 2021, y que además arrojó un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, ampliándose de 13,2 a 15,9 veces, teniendo como base ingresos altos por $286.389 contra ingresos bajos por $18.038.

Estas estadísticas miden la “salida” de la segunda la de la pandemia, con una actividad económica recompuesta. Pero dejan al desnudo que tal proceso ha ido acompañado de un deterioro en los salarios e ingresos populares y una mayor acaparación de la riqueza social por parte de los sectores más acaudalados y las patronales.

Los números de la desigualdad

Entre otros datos recogidos por el organismo oficial se calcula que el 50% de los hogares no llega a cubrir la Canasta Básica Total que, para el mes de septiembre, fue de $70.532.

El 60% de la población ocupada recibe ingresos equivalentes al 10% de las personas con mayores ingresos, aunque es difícil de precisar el carácter social de este último estrato, que va desde los $100.000 hasta los $4.000.000. De segmentarse aún más saltaría a la luz una desigualdad de clase mucho más inequitativa.

Incluso entre los deciles más altos (el 9 y 10) el ingreso promedio se ubica en $124.671: apenas por arriba de la Canasta Familiar que calcula la Junta Interna de ATE Indec, como un punto de partida para satisfacer las necesidades elementales.

Entre la población asalariada se registraron 8.733.953 personas con ingreso promedio de $50.849, tomando en cuenta que para las personas con descuento jubilatorio (mayor nivel de regularización) los ingresos promedio fueron de $62.038, mientras que quienes no tienen descuentos jubilatorios promediaron los $27.301. Un reflejo de la precarización laboral y de las negociaciones paritarias a la baja.

Solo este último dato sirve para registrar los niveles de miseria de los salarios regularizados, en tiempos donde las patronales pujan por una reducción de los “costos laborales” y desenvuelven una huelga de inversiones para tal fin. La continuidad de esta política puede significar que la mayoría de la clase obrera no alcance siquiera una canasta de pobreza.

Cabe destacar también que mientras el ingreso promedio de los hombres fue de $60.348, el de las mujeres llegó a $43.183, lo que implica una brecha del 40% de los ingresos, por razones de género.

El camino hacia el FMI

Los números recabados por el Indec reflejan las consecuencias de una política ajustadora del gobierno nacional y las patronales, que se fundamenta en una “recomposición económica” con mayor explotación laboral, peores salarios y más desempleo. A esto hay que sumarle la caída del gasto social, de la mano de la política de ajuste fiscal del ministro Guzmán, todo lo que va en línea de las demandas del FMI.

De esta manera se explica el crecimiento de la desigualdad social y los bajos niveles de ingresos medios, tanto de asalariados como del conjunto de la sociedad, ocupada y desocupada.

La salida a este régimen de ajuste y ajustadores implica una ruptura con el FMI y con el capital financiero, para reorganizar la economía nacional sobre las bases de un programa de los trabajadores, que incorpore la recomposición general de los salarios, el seguro universal al desocupado y un plan de obras públicas y viviendas para generar millones de puestos de trabajo y responder a las necesidades populares insatisfechas.