En medio de una inmensa crisis política, la Legislatura porteña acaba de votar la casi totalidad de la ley que crea las comunas barriales. El proyecto permaneció trabado durante ocho años, por la falta de un acuerdo respecto del número de comunas a crear y de los barrios que cada una de ellas debía abarcar. Ahora quedó pendiente precisamente “la aprobación de un anexo que defina la cantidad de comunas, sus límites y la fecha de elecciones para designar autoridades comunales” (La Nación, 9/6).

Descomposición

El avance en la ley fue definido por Ambito (26/4) como “la idea de un generoso reparto de cargos (que) parece sólida a los ojos de los legisladores, y el momento, propicio”, pues “para todos los políticos es una tentación poder tener al menos una zona de la Ciudad para administrar” (ídem). Los macristas y otros “opositores” aspiran a capturar el centenar de cargos rentados de “representantes comunales” que crea la nueva ley, junto con el manejo de los recursos presupuestarios que se les asignará. La legión de “transversales” y pejotistas remendados detrás de Kirchner también saluda la extensión del sistema de cargos y prebendas políticas.

Comunas de punteros

La ley ha sido sancionada en medio de la indiferencia vecinal, incluso por parte de las organizaciones barriales que siempre impulsaron la creación de comunas.

Las Juntas Comunales estarán integradas por funcionarios electos, pero no revocables, que percibirán el 70% del sueldo de un legislador. La Junta no es responsable ante ninguna asamblea de vecinos o trabajadores, sino ante un “consejo consultivo” de las ONG y cámaras empresariales de cada barrio. A las escasas atribuciones que siempre se previeron para las comunas barriales — mantenimiento de las calles secundarias y espacios verdes — , la ley votada por la Legislatura añadió “funciones de inspección y habilitación”. El planteo procura dar respuesta a lo ocurrido en Cromañón, y fue propuesto originalmente por legisladores del “interbloque de izquierda”. Pero estas funciones serán ejercidas por los burócratas comunales sometidos a los “chabanes” de cada barrio, es decir, a sus lobbies inmobiliarios y comerciales.

La estafa de las comunas es el rostro de la “democracia participativa”.