La máxima sobre la cual se asentó el acuerdo con el FMI, que era el reingreso al mercado de crédito internacional, está seriamente cuestionada. Los mercados respondieron al cierre de las negociaciones con una caída de los bonos argentinos y una suba del riesgo país, que oscila en los 1.900 puntos. Esta reacción se debe en gran medida al carácter impagable de la deuda a refinanciar, donde solo se retrasan algunos años los vencimientos más gruesos.

Ocurre que entre 2024 y 2028 solo los vencimientos de capital acordados con el FMI y con los bonistas privados que ingresaron al canje de 2020 alcanzan la friolera de USD 28.000 millones, esto, sin contar los intereses y los compromisos de deuda nominada en pesos. El capital financiero es consciente de que Argentina no cuenta con semejante capacidad de pago y que la necesidad de una nueva restructuración está asegurada. Con lo cual, el acceso al crédito internacional permanecerá vedado para el país, puesto que estamos hablando de una tasa de interés prohibitiva del 19%.

Esto pone en apuros a los capitalistas locales, urgidos por refinanciar la deuda privada externa ante las restricciones que impone el cepo cambiario para poder cancelarla con dólares oficiales. La misma, al 30 de septiembre del 2021 sumaba USD 78 mil millones, y, en el transcurso de un año, se deben afrontar vencimientos de capital de deuda comercial por USD 34.144 millones y de deuda financiera por USD 15.959 millones. En ese sentido, una crisis de pago en el terreno del endeudamiento empresarial puede provocar una ola de quiebras y efectos profundamente recesivos.

Como vemos, el entendimiento con el Fondo se muestra infructuoso a la hora de aceitar un ciclo de endeudamiento en dólares; apenas cumple la función de patear el default hacia delante. La precariedad descripta explica en parte las divisiones y crisis políticas que envuelven a los bloques patronales a días del tratamiento parlamentario de dicho acuerdo. Ninguno quiere aventurarse a apoyar de manera tan explícita un pacto cuyos resultados son verdaderamente inciertos.

Es evidente que el acuerdo en puertas no ofrece ninguna salida a la crisis nacional. Por el contrario, la profundiza ya que recrudecerá el ajuste sobre las partidas sociales y acarrea un sinfín de ataques a la población trabajadora. A su vez, lejos de promover el desendeudamiento del país, la deuda pública no hará más que crecer. Se estima que “solo este año, para cumplir con la meta de emisión monetaria de apenas 1% del PBI, Guzmán deberá obtener el equivalente a unos USD 10.000 millones” (Infobae, 7/3) a través de la colocación de bonos destinados a financiar el déficit fiscal.

Por otro lado, la exigencia fondomonetarista de financiar al Estado mayormente con deuda y apelando lo menos posible a la emisión monetaria conlleva subir las tasas de los títulos emitidos por encima de la inflación, a fin de hacer más atractivas estas inversiones financieras y que las licitaciones den el resultado esperado. Lo anterior hará que la banca vuelque la mayor parte de su cartera a la compra de esos instrumentos, encareciendo el crédito a la industria. De este modo, el pacto con el Fondo no solo que no destraba los préstamos en dólares para la clase capitalista, sino que la priva de contraerlos también en moneda local, acentuando un cuadro de recesión y huelga de inversiones.

Así las cosas, la hoja de ruta del FMI nos propone un callejón sin salida, de mayor subordinación al imperialismo y atraso nacional. Debemos entonces romper con la política de rescate de la deuda usuraria, que nos ha conducido a la bancarrota actual, para orientar el ahorro del país a un plan de industrialización al servicio de las necesidades populares. La nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior son pasos clave en ese propósito. Copemos las calles cuando se trate en el Congreso este acuerdo ruinoso, urge la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha para derrotarlo.

 

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