A comienzos de 1994, entre las empresas de electricidad EDENOR y EDESUR y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se suscribió un convenio, llamado “acuerdo marco”, en el que se fijan las condiciones para la instalación y el suministro de luz en villas y barrios carenciados del conurbano.

La noticia no trascendió en los medios y el gobierno provincial, que se presenta haciendo “obra” —y realiza una costosa propaganda en ese sentido— tampoco se empeñó para que no pasara desapercibida. Lo que sucede es que el acuerdo es una “obra” maestra, pero... del fraude y la confiscación al pueblo.

En primer lugar, el “acuerdo marco” asegura a los concesionarios privados la recaudación del consumo eléctrico en los barrios comprendidos en este plan de “normalización”. El desfasaje que pudiera existir entre la facturación y el cobro de los usuarios es cubierto por las municipalidades. Para ello, se crea un “canon municipal” (léase impuesto) que se incluye en la facturación de los barrios afectados. Es decir que son los propios vecinos los que concluyen financiando —municipio mediante— a EDENOR y EDESUR. Por supuesto, esto encarece el servicio. En el caso de medidores colectivos, las tarifas por vivienda se fijaron inicialmente en 12 pesos, pero en la actualidad las compañías privadas están ya pidiendo 20 pesos.

Pero como si esto no fuera suficiente, se crea un “Fondo Especial” a cargo de los estados nacional y provincial. El primero se compromete a aportar el 18% de la facturación neta correspondiente al suministro a los usuarios incorporados al nuevo régimen. La provincia, a su turno, le reintegra a la empresa, por el lapso de 4 años, los impuestos provinciales y municipales que le hubiera correspondido abonar a las concesionarias. Los impuestos incluidos en la facturación, por lo tanto, se los embolsan integralmente las compañías eléctricas.

Este “Fondo Especial”, además de cubrir los saldos impagos que no pueden afrontar los municipios, es destinado a indemnizar a EDENOR y EDESUR por el consumo eléctrico pasado que ambas no pudieron cobrar a raíz del “hurto” de energía y que se fija en la suma de 20.000.000 de pesos para cada empresa. Por último, el “Fondo Especial” será aplicado a la realización por parte de las compañías distribuidoras de “una infraestructura eléctrica en los asentamientos y barrios que integran el presente acuerdo”. Es decir, el costo de la obra también proviene de los fondos públicos.

Ni aun así, medidores individuales

Luego de semejantes ventajas, se podría suponer que, al menos, los usuarios van a contar con medidores individuales y normalizar su situación. ¡Pero no es así! La instalación de medidores individuales quedaría supeditada a que “la regularización de calles y encauzamiento de la regularización dominial hayan sido realizadas por el municipio”.

Es bien sabida la resistencia oficial a extender facturas individuales por los servicios a los millares de pobladores precarios, porque esto representa un reconocimiento de hecho de la propiedad de la tierra que están ocupando. Los planes de urbanización, como viene sucediendo hasta ahora, sucumbirán ante el quebranto en que están sumergidos la mayor parte de los municipios. Por lo tanto, mientras las condiciones mencionadas no se cumplan, persistirán “los medidores colectivos” que a las empresas, por otra parte, les conviene por la escasa inversión que demandan.

En las primeras obras que se han hecho, las concesionarias ya han adelantado que se comprometen a colocar medidores individuales donde “sea técnica y comercialmente posible” ... “dándose prioridad a aquellas viviendas regularizadas urbanísticamente en donde se obtenga una mayor recaudación”. En otras palabras, “medidores individuales” para el día del arquero.

Cabe agregar que en todos estos emprendimientos, para colmo, el alumbrado público o los gastos que derivase su instalación, es obligación y queda a cargo de la Municipalidad.

Municipios gendarmes

El acuerdo marco coloca al Estado provincial y a los municipios como gendarmes para asegurar el cumplimiento del mismo. Se procura convertir a la organización de los vecinos de los barrios en agentes de recaudación a favor de las concesionarias, bajo el celoso control, por supuesto, de las municipalidades. El duhaldismo ya ha movido a los punteros y su aparato para encabezar esa tarea, combatiendo cualquier comisión o iniciativa independiente. La comisión de vecinos “será organizada y auditada por la Municipalidad, no admitiendo ninguna otra representación”. Por este medio, por otra parte, se pretende enfrentar y dividir a los vecinos, alentando que grupos de ellos se presten a ser policías de los demás.

Recordemos que Pierri, cuando EDENOR y EDESUR comenzaron con los cortes de luz el año pasado, afirmó que sus directivos deberían ser procesados y ser metidos presos. La conducta delictiva de las empresas no ha cambiado: lo que ha cambiado es la conducta del gobierno provincial, que ha cedido en toda la línea frente al chantaje y la extorsión de aquéllas. Los que deben ser procesados ahora, por lo tanto, son Duhalde, Pierri y el gobierno provincial, por su responsabilidad en el acuerdo que legaliza todos estos atropellos.

La resistencia ha comenzado

Los primeros pasos dados en la aplicación del convenio, ya han generado una resistencia en las barriadas del Gran Buenos Aires (en Villa Jardín, Lanús, se cortó la ruta durante varios días en señal de protesta).

Frente a esta situación, planteamos:

— Instalación de medidores individuales en cada una de las viviendas.

— Entrega inmediata de los títulos de propiedad en barrios y asentamientos. Urbanización (agua, luz, pavimentación, etc.) a cargo de las empresas de servicio público y del Estado provincial, financiada por un impuesto al gran capital.

—Rebaja de 50% de la tarifa. Eliminación del canon municipal incluido en las facturas.

— Elección en los barrios afectados de comisiones independientes designadas en asambleas y revocables en cualquier momento, y su reconocimiento como la única representación genuina y válida para hablar y negociar en nombre de los vecinos.