La conmoción que provocara el pedido público de Axel Kicillof para que los acreedores internacionales acepten postergar por tres meses el vencimiento del bono por u$s277 (entre capital e intereses) que la provincia de Buenos Aires debe afrontar el próximo 26 de enero, ocultó, por un momento, que prácticamente todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, enfrentan este año importantes compromisos que casi ninguna podría pagar.

En el 2020, según relevó la consultora especializada Elypsis, además de los U$S 2.700 que debe la provincia de Buenos Aires, los vencimientos conjuntos de los otros estados provinciales y la Ciudad alcanzan a u$s1256 millones (El Cronista, 15/1/2020), mientras que el total de los compromisos en dólares de los estados provinciales y de la Ciudad asciende a más de u$s20.500 millones tomados, en un alto porcentaje, en los años 2016 y 2017 (Infobae, 21/9/2019). 

La consultora citada destaca que el problema que genera el monto abultado de los compromisos se acrecienta porque casi el 75% de los bonos emitidos al tomar la deuda está nominado en moneda extranjera y bajo la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, es decir que cualquier “reperfilamiento” requiere la aprobación de los acreedores y cualquier eventual juicio se sustanciaría en los Estados Unidos.

La nominación mayoritaria en dólares ha provocado, además, que, en pesos, el monto se haya multiplicado al ritmo de las devaluaciones. Desde abril del 2018 hasta hoy el valor del dólar mayorista creció casi un 200 por ciento.

Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, “desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8 por ciento. Y los distritos más comprometidos son Buenos Aires, Córdoba y CABA” (La Nación, 3/9/2019).

Y “el problema de la mayor exposición al dólar en la deuda hace la carga más pesada porque las provincias recaudan en pesos. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el salto del dólar de $45 a $60 implicó una suba de $40.000 millones en su stock de deuda (ídem).

La crisis profunda

Esto se da en un cuadro en el cual la mayoría de los gobiernos provinciales, tanto peronistas y como del PRO, tienen cuadros de profundas crisis económicas, con caídas sistemáticas de la producción, con cierres de empresas, suspensiones y despidos masivos y convenios a la baja. Esto, lo acompañan con la aplicación de planes de ajuste sobre los trabajadores estatales con la virtual eliminación de aumentos salariales y el pagos en cuotas. 

Un caso emblemático es el de Santa Cruz, donde el menor endeudamiento se asentó en que, en los últimos 4 años el gobierno de Alicia Kirchner congeló los salarios y provocó la caída del poder adquisitivo de los empleados estatales entre el 60 y el 65 por ciento. 

En una muestra del cuadro de necesidades que viven las provincias, el gobierno nacional se vio obligado a autorizar la semana pasada una asistencia financiera de urgencia por $5.650 millones, destinada a las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Chaco y Tucumán, para que pudieran hacer frente al pago de salarios de los trabajadores estatales. 

Así, el auxilio del gobierno nacional aparece como imprescindible. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, no auxilió al muy urgido Kicillof para enfrentar el pago de su deuda de este mes y esto aparece como un mensaje hacia el resto de las provincias. 

El camino que se abre para estas es el de un mayor ajuste donde los principales recortes pretenderán que recaigan sobre las espaldas de los trabajadores, junto a los sistemas educativos y de salud. A esto se le suman los jubilados, en aquellos casos en que las cajas aún se mantienen en manos de los gobiernos provinciales. 

Aunque el cuadro que presentan las provincias no es en todos los casos el mismo (algunas tienen un mayor porcentaje de su deuda tomada con el gobierno nacional), la mayoría de los gobiernos provinciales y el de Rodriguez Larreta en la Ciudad deberán encarar negociaciones similares a la de Kicillof con los mismos buitres, antes y después que se haya negociado la deuda nacional por parte del gobierno de Alberto Fernández. Y con los mismos problemas y condicionantes.

Las condiciones para una eventual renovación pueden ser aún más gravosas que las actuales, si es que los buitres aceptan el “reperfilamiento”. Lo que pueden ofrecer las provincias, que recaudan en pesos y no en dólares, es un mayor ajuste fiscal, lo que lleva acompañado un apriete general contra los trabajadores. El adelanto del gobernador de Tucumán de anular la “cláusula gatillo” que regía para los salarios de los estatales y el llamado general de Alberto Fernández a “moderar” los reclamos salariales , son ejemplos del camino que prioriza el pago de la deuda. 

Los trabajadores provinciales –en primer lugar los bonaerenses por su masividad- deben prepararse para la pelea por sus condiciones de vida y la de sus familias. La crisis que ellos generaron quieren que la paguen los trabajadores. Que la paguen los capitalistas.