Montado en la euforia por haber cerrado el acuerdo de canje de la deuda externa con los bonistas, el ministro Martín Guzmán estableció a principios de septiembre como una prioridad la reestructuración de las deudas provinciales bajo jurisdicción extranjera. Pasados tres meses, las negociaciones están empantanadas.

Solo se cerró el canje de Mendoza, a un costo leonino; mientras que centralmente entraron en un laberinto con las tratativas por las deudas de Buenos Aires y Córdoba, que sumadas explican casi tres cuartas partes de los aproximadamente 12.500 millones de dólares, que en total once jurisdicciones buscan canjear. Los bonistas están “cebados” frente a la urgencia de la Nación y los gobernadores, y reclaman mayores pagos y mejores garantías.

“La caja es una sola”

El apuro de Guzmán para que las provincias reestructuren sus deudas en dólares responde al agotamiento de las reservas del Banco Central. Eso llevó al gobierno a tener que meter la mano en los depósitos en dólares, lo que despertó temores por la posibilidad de que se termine en un nuevo corralito. “La caja es una sola”, fue lo que dijo el ministro de Economía para reclamar que todo endeudamiento bajo jurisdicción extranjera requiera aprobación del Congreso, tanto para el Estado nacional como para las provincias.

Es en este cuadro que, para contener de manera precaria la corrida cambiaria, el gobierno anunció que dejará de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria y recurrió a la emisión de bonos linkeados al dólar. Estos títulos de deuda tienen rendimientos del 15% aproximadamente, una tasa altísima, similar a la que rinden los bonos malvendidos por la Anses y el Central para bajar la brecha con el contado con liqui. Esta es la mejor refutación de que ese proyecto de ley oficial sirva para evitar nuevos ciclos de endeudamiento como el de 2017/2018, que redundó en el quebranto actual.

La caja es una sola y está vacía.

Buenos Aires y Córdoba

Las nuevas ofertas que hicieron a los fondos las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron rechazadas por grupos de acreedores que tienen en sus manos el 50% de los bonos que se renegocian, lo cual directamente bloquea cualquier acuerdo.

En el caso de Buenos Aires, los bonistas amenazan con declarar en default a la provincia e ir a los tribunales. Es que después de la novena postergación del plazo para adherir al canje -esta vez hasta el 4 de diciembre- los tenedores de deuda comunicaron a Kicillof que rechazarán toda oferta que no mejore las condiciones propuestas, que consiste en una quita de apenas el 7% del capital, una reducción de las tasas de interés usurarias que igualmente se mantienen altas y un período de tres años de gracia.

Al mismo tiempo, la nueva propuesta del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, propone una reestructuración sin modificar el capital y solo levemente los intereses, mantiene un período de gracia que va de dos años a cinco (dependiendo el bono), pero comprime el tiempo de amortización, colocando vencimientos cada tres meses en lugar de seis. Los bonistas dicen entender los desafíos de la provincia, pero consideran que está por detrás de sus apetitos. Reclaman mayor austeridad fiscal, en un cuadro de creciente malestar por salarios de miseria.

Estas dos provincias representan casi el 73% del total de deudas en dólares del total de las provincias que se están renegociando. Si entran en default Buenos Aires (por 7.148 millones de dólares) y Córdoba (por otros 1.930 millones), sería como un agujero negro para la precaria ingeniería financiera montada por Guzmán y Alberto Fernández, en medio de las negociaciones apuradas por cerrar un acuerdo con el FMI.

El “modelo Mendoza”

El modelo de lo que reclaman los bonistas es el acuerdo que alcanzó el gobierno mendocino de Rodolfo Suárez, que reestructuró 570 millones de dólares en coordinación con el despacho de Martín Guzmán, sin grietas.

El acuerdo consistió en respetar el 100% del capital, mantener la jurisdicción extranjera, modificar apenas los cupones pasando de 8,1 a 5%, y extender cinco años los vencimientos. Es casi una suerte de rollover o “reperfilamiento”. El resultado final es que la deuda total a pagar pasa de 596,5 millones de dólares a 655,3 millones. Como se ve, está lejos de ser un “ahorro”.

Pero el grueso de las negociaciones provinciales están empantanadas o en retroceso. Es el caso de Neuquén, que no pagó un cupón de su bono Tideneu 2025 por 13,7 millones de dólares, y a fines noviembre podría entrar en default. Para evitarlo, busca utilizar el mecanismo de otro bono neuquino, el Ticade, que tiene garantías en las regalías petroleras -las cuales van directamente a un fideicomiso que garantiza el pago automático- y por el cual el gobierno de Omar Gutiérrez acaba de ofrecer una sobretasa usuraria.

En el caso de la deuda salteña, por 380 millones de dólares, funcionarios deslizaron que podría establecer como garantía de pago las regalías de la mina de oro que opera en la provincia. Sería un esquema similar al de Chubut, cuya deuda también se cobra directamente de las regalías petroleras y está sumiendo a la provincia en una crisis brutal, ante lo cual presenta la habilitación de la megaminería como forma de garantizar el pago de los vencimientos e incluso tomar nuevos créditos.

Otra modalidad es la de poner como garantía los fondos de la coparticipación federal, como acaba de fijar Buenos Aires con un endeudamiento de 100 millones con un organismo internacional. Pero eso agudizaría la crisis de las arcas provinciales. En el proceso de renegociaciones, el respeto de la totalidad del capital y la extensión de cupones de pago se han transformado en un piso. Con provincias totalmente hipotecadas, los bonistas presionan por la entrega de todos los activos.

El horizonte es de un mayor ataque contra los trabajadores y sectores populares. Esto ya se puede apreciar en los borradores del Presupuesto 2021 de la Nación y algunas jurisdicciones, con fuertes recortes a salud, educación y el pago de los salarios a los trabajadores del Estado.

Es necesario romper con el FMI, desconocer las deudas usurarias y proceder a responder a las necesidades populares en base a la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero.

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