Según los últimos informes de la Secretaría de Finanzas, el Estado consolidó un superávit fiscal de $518.408 millones a costa de una reducción del 39,1% interanual en términos reales del gasto primario, el cual se centró sobre todo en jubilaciones, programas sociales y subsidios energéticos. Lo que el gobierno se ahorró en materia fiscal a costa de licuar jubilaciones y salarios y y suspender toda asistencia a los comedores populares fue utilizado para pagar intereses a los fondos de inversión que especulan con la deuda argentina.

Las jubilaciones y pensiones contributivas cayeron un 38% con respecto al mismo mes del año anterior, con el 33% de participación (-$885.074 millones) fueron el sector que más aportó a la reducción del gasto, equivalente a haberles robado casi un billón de pesos a los adultos mayores con la pérdida de su poder adquisitivo frente a la inflación.

Para licuar estos ingresos el gobierno recurrió a la estampida inflacionaria y a la fórmula de movilidad regresiva aplicada por el gobierno anterior. Para marzo, esta pérdida se seguirá consolidando considerando que la fórmula de movilidad arrojó un aumento del 27,18%, muy por debajo de la inflación en el último trimestre, llevando la mínima a $200.000 pesos (bono incluido), cuando la canasta de pobreza asciende a los $600.000. En febrero la jubilación mínima (incluyendo los bonos) cayó un 26% con respecto a noviembre.

A su vez, en lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, la erogación de las mismas ascendió a $1.599.676 millones. En tanto los ingresos por aportes y contribuciones a la Seguridad Social fueron de $1.731.459 millones, lo que significa que el Estado percibe más ingresos por el régimen jubilatorio del que realmente destina a esos haberes. Es una estafa lisa y llana a quienes aportaron toda su vida.

A este recorte le siguen los subsidios a la energía con el 14% (-$366.451 millones), inversión real directa, con un 12% (-$321.474 millones) y transferencias totales a provincias, con igual porcentaje (-$310.781 millones). Este ajuste se traduce en haberes de indigencia para los jubilados, tarifazos en las boletas de luz y gas y desempleo. A esto se suma el recorte en el gasto de programas sociales, que percibió una caída del 23,1% e incluye la eliminación de la entrega de comida a comedores y merenderos populares donde comen miles de familias.

Al sumar el recorte de los cuatro sectores, se alcanza una cifra de casi $1.883.000 millones a moneda de enero de 2024, lo que representa casi el 70% del total ahorrado. En paralelo, la deuda pública se incrementó en $7.719.312 millones y U$S 3.509 millones, respectivamente, con respecto al cierre de 2023. A su vez, el pago de intereses alcanzó los $1.492.338 millones, es decir que se cuadruplicaron con respecto a enero 2023 ($334.031,4 millones), lo que significa que los recursos que el gobierno le saca a los pobres, a los jubilados y a los trabajadores, protagonistas de la aguda crisis social, se los transfieren a especuladores y capitalistas.

El gobierno que presuntamente venía a ajustar a la casta, le engorda los bolsillos a costa del hambre de la población. Desde el oficialismo prometen profundizar este rumbo que solo traerá mayores penurias, para seguir beneficiando a los mismos que se enriquecieron saqueando a la argentina todos estos años.

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