Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción (CAC), realizó declaraciones públicas advirtiendo sobre las consecuencias ruinosas que tendrá sobre su actividad la “ralentización” que viene mostrando la obra pública. Sucede que el gobierno ha profundizado el ajuste en ese área con el objetivo de cumplir con la meta fiscal anual que impuso el FMI, con la cual el empresario mencionado suscribe ya que se encargó de aclarar que “el ajuste hay que hacerlo” (Ámbito, 26/9). Lo anterior acarrea efectos recesivos e impacta negativamente en la generación de empleo, además de dejar insatisfechas un tendal de necesidades sociales en materia de infraestructura.

En agosto, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el gasto acumulado del año cayó, en términos reales, un 4,9% interanual. La inversión real directa en obras de vialidad, por su parte, retrocedió un 29,3%, las transferencias de capital destinadas a las provincias un 19,8% y las destinadas a las empresas públicas un 22%.

A su vez, según la consultora Analytica, en el bimestre julio-agosto se registró una caída real del 31% en inversión directa y del 17,6% en transferencias de capital, comparado con el mismo período del año anterior. Una tendencia cada vez más marcada ya que el gasto primario en obra pública cayó 35,2% interanual durante la tercera semana de septiembre y 16,9% en relación a la tercera semana de agosto. Como resultado, ya en julio la producción de asfalto se desplomó un 13,8% interanual y la de ladrillo hueco lo hizo en un 12,5%.

Además de la ejecución presupuestaria por debajo de la inflación, recordemos que Massa recortó nominalmente partidas destinadas a obra pública en $20 mil millones, de los cuales $8 mil millones correspondían a transferencias a gobiernos provinciales y municipales y $5 mil millones a inversión en recursos hídricos.

Es un ajuste que pisotea más todavía el derecho de la población a acceder a los servicios básicos, en un país donde el 20% de los habitantes no cuenta con conexión de agua potable y el 44% no posee desagües cloacales, según al Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento. La situación se agrava en los barrios pobres, donde directamente el 88% de las personas no cuenta con servicio de agua de red y el 97,5% carece de cloacas.

En ese sentido, el último informe del Indec sobre condiciones de vida de los hogares, basado en la realidad de 31 aglomerados urbanos, arroja que el 33% de las personas no tiene acceso al servicio de gas natural, el 5,4% habita cerca de basurales y el 8% en zonas inundables.

Por otra parte, el ajuste en obra pública augura una caída en otras actividades económicas ligadas a la construcción, como la producción ceramista, de cemento, hierro, acero, ladrillos, placas de yeso, vidrios, pintura, etc; asestándole un duro golpe a la generación de empleo. Sin ir más lejos, según el Estimador de Empleo de la Obra Pública, entre enero y septiembre 2021, un promedio de 238.375 puestos de trabajo estaban vinculadas a ella.

Cabe destacar la impostura de un gobierno que, mientras lanza sus diatribas contra el justo reclamo salarial de los trabajadores del neumático aduciendo que su lucha perjudica a la industria automotriz, afila sus tijeras sobre la obra pública, a pedido del FMI, poniéndole un freno al conjunto de la economía. Al mismo tiempo, actúa a contramano de la necesidad de crear más fuentes laborales para los millones de trabajadores que se encuentran desocupados y subocupados.

Por eso la Unidad Piquetera gana las calles, no solo levantando el reclamo de apertura y actualización de los programas sociales y asistencia alimentaria para poder sobrevivir, sino también exigiendo trabajo genuino a partir de la creación de un programa integral de vivienda y obra pública, que emplee mano de obra desocupada bajo convenio colectivo. Derrotar en las calles el ajuste fondomonetarista del gobierno, que apoya la derecha, es fundamental en esa perspectiva.