El último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) arrojó que durante el mes de octubre se profundizó el recorte del gasto primario, el cual cayó un 11,7% interanual real, incluso pese a la contracción del 4% real de ingresos que causó la sequía. Así, el gobierno continúa ajustando a la población, que ya tiene 40% hundido en la pobreza, es víctima de una estampida inflacionaria permanente y sucesivas corridas cambiarias, para arrimarse a la meta de déficit fiscal que impone el FMI.

El informe confirma que los principales recortes ocurrieron en asignaciones familiares y en los subsidios a la energía, que cayeron 28,5% y 25,8%, respectivamente. El oficialismo, en medio de una crisis social de envergadura que pulveriza día a día el bolsillo de la población, descarga el ajuste sobre los que menos tienen, recortando la asistencia social. Son los mismos que se encuentran luchando en la calle contra el hambre y la miseria generada por el propio gobierno, mientras son demonizados por funcionarios públicos como Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social.

A su vez, la contra cara del recorte de subsidios es la política de tarifazos permanentes, la cual ha incrementado enormemente los precios de los servicios de agua, luz y gas y que promete seguir su curso hasta eliminarlos por completo. Esta es una exigencia que el FMI ha impuesto en su última misión, donde además pidió un redoble del ajuste en curso.

En paralelo, en la comparación interanual, los ingresos impositivos se contrajeron 9,9% real, impulsados mayormente por las bajas registradas en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 63,8% en el acumulado anual. De esta forma, mientras Massa beneficia a las patronales agrarias con beneficios impositivos, el ajuste recae sobre los trabajadores, quienes además pagan las consecuencias de la quita de retenciones con el incremento de precios en los alimentos.

El FMI impone un rojo primario de 1,9% para fin de año, pero en los primeros 9 meses del año el Estado llegó a uno de 1,5%, por lo que su cumplimiento depende de un impulso mayor en el recorte. Milei también se comprometió con el organismo para llevar a fondo el acuerdo, lo cual incluye su “plan motosierra” que buscaría reducir al máximo el gasto público mediante un profundo recorte en la salud, la educación y la asistencia social. Esto vaticina que, gane quien gane, se vienen nuevos ataques a la población laboriosa del país. Organicémonos para enfrentarlo en las calles.

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