En las últimas horas la vocera presidencial Gabriela Cerruti anunció que el gobierno le iniciaría acciones legales… ¡a un participante de Gran Hermano! Quien recibiría la denuncia es “Alfa”, un hombre que asegura “tener conexiones” dentro del régimen político, y que montado en esa presunta autoridad de palabra comentó en una charla con otra participante que conocería a Alberto Fernández y que “lo habría coimeado” varias veces.

Si bien los vínculos del “Alfa” con los personeros del régimen político no están del todo claros (aunque se lo puede ver en fotos con Reutemann o Menem), una eventual denuncia concretaría un hecho muy grave. El gobierno estaría avanzando en una censura contra una denuncia por corrupción, por incompleta o inconsistente que sea. El abogado al frente de las acciones legales, Gregorio Dalbón, las presentaría bajo el alegato de “dañar el honor” del mandatario. Esto cuando el presidente viene de jactarse hace solo unos días en el Coloquio de Idea de haber sido el que “logró” el acuerdo con el FMI y el que viene desarrollando su programa de ajuste. ¿Buscan preservar “el honor” de los que saquean las cajas de los jubilados para pagar la deuda, los que someten a la tercera edad y a la población trabajadora más empobrecida a una vida de indigencia o ajustan a las infancias? ¿De qué honor habla Dalbón para defender a un gobierno que convalida una de las mayores estafas contra la Argentina?

El participante de Gran Hermano con Carlos Menem.
Cerruti decía a su vez que Fernández hizo de la “transparencia” un signo distintivo de su gestión, lo cual es falso. Su gobierno está salpicado por hechos concretos, quizás siendo el más recordado el vacunatorio VIP, agravado por la confirmación de que mientras la policía mataba pibes en los barrios por violar la cuarentena él hacía reuniones sociales en Olivos. O la corruptela que estalló ni bien asumido su gobierno por irregularidades en la provisión de alimentos a los comedores populares.

De hecho, el vínculo del “Alfa” con funcionarios menemistas puede dar mucho que hablar. Alberto Fernández, como la mayor parte de los integrantes del gobierno del Frente de Todos, fue funcionario en la “década infame” de los ’90 al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y es uno de los principales acusados del desvío millonario de fondos del Instituto del Reaseguro que debía supervisar como integrante de su directorio en beneficio de empresas privadas de seguros. Esto fue revelado en 2004 por el periodista Julio Nudler, de Página/12, que denunció luego una censura por parte del diario, lo que hizo un fuerte eco en el ámbito periodístico. El denominado “Caso Nudler” despertó un malestar entre los trabajadores de prensa, que pusieron sobre el tapete muchos casos de censura de las patronales de los medios a distintos trabajos de investigación y artículos.

Entonces, la intención de Cerruti y el gobierno de presentar a Fernández como un adalid de la “transparencia” y exonerarlo de cualquier caso de corrupción es otro capítulo del mismo cuento. El alcance de las palabras del “Alfa” todavía están carentes de comprobación, claro. Pero lo que es seguro es que estamos frente a un hecho que detrás de su ridiculez encubre un propósito grave. Todo el régimen político heredero del menemismo que nos gobernó en las últimas décadas no solo es responsable de largos años de hambre popular, sino también de hechos escandalosos de corrupción, de censuras y persecuciones para barrerlos bajo la alfombra.