La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, informó este miércoles a la justicia federal que el gobierno macrista acumuló ilegalmente más de 100 mil escuchas en el organismo durante su paso por el poder. A través de un enlace online con la Dajudeco (la oficina judicial encargada de las intercepciones telefónicas), una especie de call center de la AFI monitoreaba las comunicaciones. Si bien podían ser escuchas autorizadas por los jueces, el caso es que la AFI no las destruía después sino que las almacenaba, evidentemente para su uso político y extorsivo.

Esta revelación estalla pocas semanas después de que se filtrara el video de una reunión en el Banco Provincia, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en la que altos miembros del organismo de espionaje conspiran con funcionarios provinciales y empresarios de la construcción para el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales. Es la famosa grabación en que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, desea una “Gestapo” propia, una “fuerza de embestida para terminar con todos los gremios”.

Pero si cada vez queda más claro que el macrismo usó sistemáticamente el aparato de inteligencia para la persecución y espionaje de las organizaciones populares, y para lanzar carpetazos y monitorear a dirigentes políticos (tanto opositores como aliados), es también cada vez más abierto el operativo de impunidad.

A fines de diciembre, la Cámara Federal porteña favoreció a un funcionario clave del expresidente (Darío Nieto) y a los dos máximos jefes de la inteligencia de su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (director y vice de la AFI), al desestimar la existencia de una asociación ilícita para el espionaje político, como sostenía el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, hasta que le quitaran la causa. Como las evidencias del espionaje son abrumadoras, la Cámara porteña sostuvo que había sido la obra de agentes sueltos, “cuentapropistas” de la AFI que emprendieron esas operaciones para provecho propio, sin conocimiento de sus superiores.

También a fines de diciembre, la Cámara Federal de Casación resolvió -en total consonancia con los deseos del macrismo- que la causa D’Alessio, que investiga al abogado con múltiples lazos políticos y judiciales, acusado de extorsión, pase a los tribunales de Comodoro Py. En dicha causa está procesado el fiscal Carlos Stornelli.

A la luz de esa resolución, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, decidió trasladar a esos mismos tribunales las pesquisas por el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y por el llamado “Proyecto Amba”, que multiplicó entre 2016 y 2017 las bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires y desplegó decenas de agentes para espiar comedores populares, marchas y organizaciones sociales. El juez entendió que es mejor que todos estos procesos conexos se investiguen en el mismo lugar.

El problema es que ese lugar son los turbios tribunales de Comodoro Py, que es a los que precisamente el exmandatario quería redirigir las investigaciones.

El espionaje del macrismo fue una pieza necesaria de un gobierno corrupto, antiobrero y hambreador. Pero es importante tener presente que todos los gobiernos democráticos se han valido del aparato cloacal de la exSide y del espionaje a los movimientos populares. Vale recordar los vínculos del kirchnerismo con figuras como Jaime Situso, o el Proyecto X montado por la Gendarmería.

La disolución de la AFI y la apertura de los archivos de inteligencia se plantean como dos medidas básicas. Para concretarlas, hay que terminar con el Estado de los capitalistas.

https://prensaobrera.com/politicas/a-organizar-la-lucha-contra-el-pacto-y-el-ajuste/