Ni la pomposa presentación oficial de la llamada “Ley de servicios de comunicación audiovisual” en el Teatro Argentino, como tampoco la reacción crispada de la oposición (Carrió) – que dice “primero defendemos la libertad de expresión… después hablamos con Clarín”- , deberían hacernos perder de vista que la discusión tiene poco que ver con “la polifonía de voces” (Mariotto dixit). Todavía menos con una batalla contra la hiperconcentración de los medios masivos de comunicación en Argentina.

El partido que se juega es otro y por lo menos a dos puntas: por un lado, adelantar también acá una decisión que le permita al gobierno jaquear a los multimedios hostiles y comprar espacios para los amigos; por el otro, abrir el mercado a otros monopolios: Telefónica de Argentina en primer lugar.

En la reciente gira de la Presidenta y Julio de Vido por España, los directivos de la empresa les reclamaron la reforma de la ley de radiodifusión para poder entrar en el negocio del triple play (provisión de servicios de Internet, cable y telefonía). Una decisión pendiente que, ahora, el Gobierno se dispone a pagar con el anteproyecto: a los más de 11.700 millones de pesos que Telefónica y MoviStar facturaron al año por el negocio de la telefonía e Internet deberían sumarse, de acceder a la tevé por suscripción, unos 1.200 millones de pesos (Perfil, 21/3).

El otro jugador es Telecom, en manos de Telecom Italia y el grupo Werthein. O nuevamente Telefónica. Porque la empresa adquirió – a través de la compra de las acciones de Telco Spa-  el 50 por ciento de las acciones de los italianos. De ahí que la empresa reclamara también a la Presidenta que no intervenga para impugnar una operación que garantizaría el monopolio del pulpo español en el servicio de telefonía.

Se trata de un punto aún no resuelto, frente al cual se abren dos posibilidades. O el gobierno cede a la presión de Telefónica (y autoriza lo que de hecho es un monopolio telefónico, ahora con posibilidades de desembarco en el cable), o lo impugna y suma al negocio al grupo Werthein y a algún otro socio para que se haga cargo de la mitad restante. Hasta no hace muy poco se decía que el socio sería… Clarín. O el mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex y Claro.

Tras la escena teatral y la crispación de los sojeros asistimos a un negocio fenomenal entre pulpos capitalistas que van a seguir apropiándose de nuestro “derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión” (primero de los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”).

La convocatoria al debate durante sesenta o noventa días tiene algo de ya vivido: recuerda los debates sobre la ley que prometía llevarnos “hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”, pero reforzaba la verdadera naturaleza de esa “nueva” ley: la continuidad de una línea de mercantilización educativa.

Santiago Gándara