La cuestión de la energía eléctrica viene ocupando un lugar destacado en las noticias debido a los cortes de luz en medio de la ola de calor, a los aumentos en la boleta, y a la puesta en venta de Edesur por parte del grupo Enel cuando recaen sobre la distribuidora todo tipo de cuestionamientos acerca del pésimo servicio que brinda.

Los tarifazos y la desinversión son dos caras de un régimen inviable, que funciona desde hace más de dos décadas a base del pulmotor de subsidios multimillonarios que reciben las privatizadas. En 2022 las subvenciones a Cammesa, la empresa mayorista que despacha la energía eléctrica, alcanzaron los U$S 8.000 millones, según la consultora Economía y Energía en base a datos oficiales. Es una inmensa cantidad de recursos que se inyectan al sistema energético sin que redunde en mejoras e inversiones, sino todo lo contrario. Después de años de haber subsidiado un esquema parasitario, gobierno busca avanzar en su reducción para arrimarse a la meta fiscal del FMI cobrando la factura a quienes en realidad somos los que padecemos el pésimo servicio de luz.

Las transferencias a Cammesa cayeron en diciembre un 6,5% interanual en términos reales, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Dicha poda no afecta a los capitalistas que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena energética, sino que se traduce en aumentos en la boleta que pagamos los usuarios a través de la segmentación. Pero a la vez está muy lejos de satisfacer las exigencias de ajuste fiscal, por lo que siguen avanzando por partes en nuevos incrementos. Como suele suceder, esto no contenta nadie.

El gobierno avanza a tientas porque un tarifazo en shock estimularía más aún la estampida inflacionaria, detonando con seguridad una híper. Esto no es solo por el costo político a afrontar e incluso el temor a suscitar una reacción popular, máxime teniendo en cuenta la bronca que generan los cortes de luz en medio de las olas de calor. Sucede que además ello podría provocar un dislocamiento industrial, porque todos estos años los capitalistas han contado con el menor costo de la energía como un subsidio directo a la producción (el consumo eléctrico incluso es un indicador de la actividad económica).

Los distintos eslabones de la cadena

La propia composición del directorio de Cammesa es una muestra de los intereses que rigen toda la política energética. La firma es de gestión privada con un 20% de participación del Estado nacional y el mismo porcentaje para las empresas de generación eléctrica, otro tanto para las transportadoras, para las distribuidoras, y finamente otra quinta parte para los grandes consumidores, que son los grandes capitalistas industriales representados en la UIA. Esta es la mayorista que regula todo el sistema y que manejó las últimas dos décadas el régimen parasitario de subsidios que vino a rescatar a las privatizadas del sector desde la salida de la convertibilidad en 2001, que puso fin a la dolarización de las tarifas. Ese fue el punto de partida de todo el inconducente esquema eléctrico actual.

Hoy el precio mayorista de la energía no se determina partiendo de los costos reales de producción. El gas, que es el insumo base de la generación eléctrica, tiene un precio dolarizado que fijan las negociaciones entre las petroleras y el gobierno (las licitaciones del Plan Gas), a lo que se suma lo importado a altos precios internacionales -en alza producto de la guerra en Ucrania. Por eso, una devaluación abrupta pondría al rojo vivo la cuestión de las tarifas. Dentro de las causas por las cuales el país está obligado a importar gas para cubrir la demanda interna está la huelga de inversiones de las petroleras que explotan las cuencas locales, ya que la expansión de la producción en Vaca Muerta se compensó con el marcado declive del resto de las formaciones; y también la escasa inversión del propio Estado, como se refleja en la demora en comenzar las obras del Gasoducto Néstor Kirchner tras diez años de extracción no convencional en la cuenca estrella que tiene centro en Neuquén.

Además de las subas en el componente de generación dentro de la factura de luz, derivado de la segmentación tarifaria, el gobierno autorizó incrementos en torno al 60% hacia junio en el Valor Agregado de Distribución que embolsan las distribuidoras Edenor y Edesur. Esto luego de haberles condonado una deuda por $139.405 millones que acumulaban con Cammesa por despachos de energía impagos,  y habilitando un plan de pago de 96 cuotas a tasa subsidiada para que salden los $80.210 millones restantes. Es decir que son aumentos a libro cerrado que pasan por alto no solo la desinversión ostensible de estas compañías, a pesar de que se beneficiaron con los tarifazos de hasta 5.500% bajo la gestión de Macri. Esto es aún más grave en el caso de las distribuidoras del interior del país, que cobran tarifas hasta un 210% que las del Amba, y también acumulan deudas multimillonarias por no pagar buena parte de la electricidad que les provee Cammesa.

Lo mismo podemos decir con el aumento autorizado en el componente de transporte eléctrico, o sea las líneas de alta y media tensión que conectan las centrales de generación con los centros de consumo. En palabras del propio Enre, la suba en este ítem de la boleta tiene la finalidad de que las empresas a cargo reviertan el deterioro de la red de líneas de transmisión de alta tensión para evitar fallas operativas en el sistema. De esta forma, el oficialismo admite que está premiando a empresas que, según comunicados oficiales, en 2022 invirtieron apenas la cuarta parte de lo comprometido en el mantenimiento del tendido eléctrico. Se explica así que una quema de pastizales haya decantado en un apagón masivo que dejó sin luz a la mitad del país el miércoles 1 de marzo, por una sumatoria de fallas en diferentes líneas que se fueron desenganchando del sistema; tal como había sucedido en el histórico apagón del día del padre en 2019 en casi toda la Argentina. En ambos casos hay complicidad oficial, porque el Estado es socio del pulpo Pampa Energía en la administración de Transener, implicada en ambos sucesos.

Tenemos entonces que el gobierno les concede a las distribuidoras y transportadoras aumentos a pesar del vaciamiento, pero como estos son menores a los exigidos por las empresas estas responden reduciendo aún más sus inversiones afectando el funcionamiento del servicio. Estamos frente a un régimen energético inviable, cuyas consecuencias nos afectan por partida doble, con boletas más caras y peor suministro.

Desinversión, concentración y negociados: el caso Edesur (y otros)

El vaciamiento mencionado se ve nítidamente en el caso de Edesur, que, entre 2018 y 2019, incrementó sus resultados en un 168%, no obstante, sus inversiones crecieron muy por debajo de la inflación en ese período (33% vs. 53,8%). En 2020, la firma no reinvirtió nada de las ganancias acumuladas en 2019 y procedió a recortar las inversiones en un 50% nominal.

Enel, la empresa italiana que actualmente cuenta con la concesión de Edesur -que dejó sin suministro de luz a 176.944 clientes del Amba en plena ola de calor a mediados de febrero-, también se beneficiará del aumento dispuesto para las transportadoras, ya que posee las líneas de transmisión CTM y Tesa (que conectan los sistemas de energía eléctrica entre Brasil y el noreste argentino) y Yacylec (que transporta la energía de Yacyretá). Como de todas maneras los incrementos no terminan de desarmar la dependencia de los subsidios ni recomponer las ganancias a los niveles que reclaman, el grupo empresario comenzó a desprenderse de sus activos en Argentina vendiéndole las acciones de las centrales eléctricas Costanera y Dock Sud al monopolio Central Puerto, y en marzo pondrá en venta Edesur. También tiene la concesión de la hidroeléctrica El Chocón.

Como vemos, la amenaza del gobierno sobre rescindir la concesión de Edesur debido a las sucesivas fallas en el servicio quedó en la nada, ni siquiera procedió a la intervención. Sabe que la empresa podría acudir a los tribunales del Ciadi si eso ocurriera, reclamando ser indemnizada. Lo más probable es que la verborragia oficial responda a la intención de desvalorizar los activos de Enel en Argentina para beneficiar a algún capitalista amigo que esté interesado en adquirirlos. Tal como ocurrió con Edenor, que el grupo conformado por Manzano, Vila y Filiberti (ligados a Massa) le compró a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, cuando la empresa se había desvalorizado en un 90%. Son los efectos de años de vaciamiento.

Del aumento concedido a las distribuidoras también saldrá favorecido el empresario Rogelio Pagano, dueño de Desarrolladora Energética S.A. (Desa), que controla a las distribuidoras de provén de electricidad a La Plata (Edelap), al interior de la provincia de Buenos Aires (Edea, Eden, Edes) y a Salta (Edesa). En todas ellas la desinversión también ha sido la norma: según un informe elaborado por la Secretaría de Energía en el 2020, las distribuidoras bonaerenses mencionadas “aumentaron sus ganancias, entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%; los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red, se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares” (Letra P, septiembre 2020).

En cuanto a Edesa, hoy los vecinos de Orán se encuentran movilizados contra el tarifazo que viene aplicando la empresa desde diciembre, en una provincia como Salta que ya cuenta con las tarifas más caras del país (cuatro veces más que en Buenos Aires por el mismo consumo), y en reclamo de un mayor descuento por zonas cálidas (del 80% en lugar del insuficiente 30%).

Por su parte, el empresario macrista Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, también gana con la suba del precio del transporte eléctrico ya que es dueño de Transener, que maneja el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), encargado de distribuir la electricidad entre las diferentes transportadoras. Transener confesó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2022, dejó de invertir unos U$S 75 millones para el mantenimiento de líneas de alta tensión, provocando un riesgo operativo. El gobierno cedió a la extorsión de la empresa otorgando un aumento que pagamos los usuarios, sin verificar a dónde fueron las enormes ganancias percibidas por la empresa entre 2015 y 2018, período en el cual sus utilidades se incrementaron más de 1.400%.

Mindlin también está presente en otros segmentos de negocio de la energía. Es dueño de numerosas centrales eléctricas, como las hidroeléctricas Diamante, Los Nihuiles y Pichi Picun Leufu, y las termoeléctricas Loma de la Lata, Ensenada Barragan, Güemes, Ingeniero White, Piedra Buena, Piquirrenda, Genelba y Parque Pilar y cinco parques eólicos. También cuenta con la petrolera Pampa, que opera en Vaca Muerta extrayendo gas y petróleo. Gas que, como vimos, las petroleras venden a las generadoras de energía eléctrica a precio dolarizado, las cuales no absorben ese costo sino que lo trasladan.

Vale mencionar que la generación de electricidad tampoco está exenta de la huelga de inversiones que recorre toda la cadena, dando como resultado que en 2022 cayera un 2,2% interanual -según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo-, obligando al país a dilapidar dólares para importar electricidad de Brasil y Uruguay.

Mientras Argentina debe importar gas a precios siderales y electricidad para abastecer el consumo local de energía, presionando sobre las tarifas, Alberto Fernández le restituyó a la Aluar (empresa de Madanes Quintanilla que concentra la producción de aluminio del país) la posibilidad de contratar energía directamente de la hidroeléctrica Futaleufú (cuya concesión está a cargo del mismo holding) a una tarifa preferencial, denominada ultraelectrointensiva. Un recurso estratégico completamente a disposición de este monopolio industrial, cuando prima el déficit energético. La doble vara es total: entre tanto los usuarios pagamos tarifas cada vez más caras, grandes empresas como Aluar obtienen rebajas en el precio de la energía que utilizan.

Precarización laboral

Además de la falta de inversiones, las distribuidoras apelan a un enorme fraude laboral. Buena parte de las cuadrillas de mantenimiento y reparación están compuestas por empleados fuera de convenio, y que por lo tanto cobran salarios más bajos y no cuentan con estabilidad alguna. Lo puso de manifiesto la lucha de los trabajadores de Ema y Argencobra, tercerizados que contrataba Edesur y a los cuales despidió en plena pandemia.

En las centrales eléctricas también prolifera la tercerización con el aval de la dirección burocrática del Sindicato Luz y Fuerza, que a su vez firma acuerdos salariales a la baja y deja pasar suspensiones y sanciones a los trabajadores. Las patronales buscan atacar aún más las condiciones laborales imponiendo el turno americano a todos los trabajadores.

Por su parte, las empresas hidrocarburíferas, además de las múltiples prebendas que reciben del Estado, gozan de la flexibilidad laboral que introdujo la reforma del convenio petrolero en 2018, pactada entre Macri, las patronales y la burocracia sindical. La misma elimina las horas taxis, restringe el derecho a huelga, reduce las dotaciones de personal por pozo, fomenta los contratos a término, entre otras afrentas.

¿Qué hacer?

Lo anterior demuestra que fracasó el operativo de rescate a las privatizadas por medio de subsidios millonarios, un esquema dispuesto hace veinte años tras la salida de la convertibilidad. Erogaciones que ofician de subvención indirecta al capital dado que abaratan el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, y, por lo tanto, reducen el gasto en salarios. Ahora, que las metas fiscales del FMI exigen una reducción de esos subsidios, con tarifazos como correlato, los perjudicados somos los trabajadores que, entre muchos otros ataques al bolsillo, debemos pagar más caro por servicios sumamente deteriorados.

Es necesario, entonces, abrir los libros de toda la cadena energética, a fin de verificar los costos reales y cuál fue el destino de los subsidios estatales, en pos fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética para orientarla al desarrollo industrial del país, planificado en función del interés mayoritario.

 

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