Las declaraciones de “arrepentimiento” de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea han vuelto a revelar, por si hacía falta, que no existe autocrítica ni depuración alguna de las fuerzas armadas y que el único propósito de los mensajes abiertos por el general Balza es preservar a la oficialidad de nuevas confesiones. Concretamente, que los que denuncian muertes y torturas lo hagan en un cuartito del Estado Mayor y no en los medios de comunicación, para lo que el generalato garantiza la “reserva correspondiente”.

La “autocrítica” de la Armada fue, en realidad, un llamado a cerrar filas en defensa de la oficialidad, integrada en más de la mitad por quienes ordenaron y ejecutaron las torturas y la desaparición de militantes obreros y populares. Luego de dedicar un párrafo a los “métodos equivocados que permitieron horrores inaceptables”, saludó a “la mayoría de quienes, en medio del odio y de la violencia de la guerra que se vivía, cumplieron lealmente planes y órdenes creyendo en la causa justa por la que luchaban”. ¿Autocrítica? “los militares … no hicimos otra cosa que combatir según las leyes de la guerra”. Naturalmente, “cuando terminó la lectura, los marinos cantaron a capella, ‘valiente muchachada de la Armada’” (La Nación, 4/5). Horas después, Molina Pico defendió el pedido de ascenso de los torturadores Pernías y Rolón, y a Astiz por tener “todas las condiciones morales para ser un oficial de la Armada” (Clarín, 5/5, Río Negro, 6/5).

Para el jefe de la Fuerza Aérea hubo “errores de procedimientos y también horrores… de ambas partes”, es decir, una “guerra sucia” entre militares y guerrilleros, cuando la verdad es la que vuelve a surgir de los testimonios, un plan de exterminio de la militancia para aplastar las luchas populares que habían manifestado su potencialidad revolucionaria en las huelgas generales de junio y julio del 75. Este fué el propósito del golpe, alentado y organizado por la burguesía ante el colapso del gobierno de Isabel Perón.

Dentro del propio Ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mario Cándido Díaz, un hombre que tuvo un papel protagónico en el encubrimiento del crimen del soldado Carrasco y en el impulso al “voluntariado militar” ante la crisis producida por este asesinato, no sólo cerró la supuesta puerta abierta por Balza a los denunciantes de los crímenes, llamó a callarse o atenerse a las consecuencias. “No es posible reconstruir ninguna lista (de desaparecidos) … los arrepentidos son personas que no debieron haber hablado” (Río Negro,5/5).

Menem-Bordón: defender al gendarme

Aunque una encuesta precisó que “el 64 % quiere que se abra de par en par la puerta de la verdad sobre el pasado reciente” y que “cuanto más joven se es, más se pide explicaciones sobre los hechos y las responsabilidades” (Clarín, 7/5), el tema derechos humanos figuró sólo por obligación en las “agendas” de Bordón, Chacho Alvarez, Massaccesi o Solanas. Luego de respaldar políticamente a Balza, se llamaron a silencio. El gobierno, en cambio, luego de la salida de apuro de la jefatura de Ejército frente a las confesiones, fijó una política. Estuvo detrás del “arrepentimiento” de Firmenich: “la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, confirmó… que habló con Mario Firmenich para convencerlo de realizar una autocrítica pública” (Clarín, 5/5) y, quizás, del testimonio amenazante del torturador y asesino “Turco Julián”: “si la cosa está planteada así, exactamente, yo lo volvería a hacer”. El mensaje fue: “si no frenamos las confesiones y nos ‘reconciliamos’, aquello puede volver”.

El objetivo final de esta política es “cicatrizar” las diferencias entre torturadores y centroizquierdistas, una de las condiciones para formar un gobierno de unión nacional frente a la descomposición del “plan” Cavallo y sus consecuencias políticas.

La “reconciliación” interesa y en grado superlativo a la Iglesia, comprometida con el genocidio a través del 90 % de sus jerarquías, y sumida en una profunda crisis frente a lo que era archisabido y ha vuelto a tomar estado público con las confesiones. Un sector de obispos ha salido a reclamar una depuración de los más implicados: “Jaime de Nevares y… su sucesor, Agustín Radrizzani, expresan su dolor y arrepentimiento por aquéllos de diferente jerarquía que participaron y legitimaron actos de violencia o represión” (La Nación, 8/5).

Juicio y castigo a todos

El gobierno ha tomado la iniciativa en forzar la “reconciliación”, pero la maniobra no podría haber prosperado un minuto sin la conducta infame del centroizquierda, desde Bordón a Solanas. El FREPASO se ha revelado como una agencia del departamento de estado yanqui y también del generalato apadrinado por éste. Recordar que fue Graciela Fernández Meijide la que llevó la voz cantante en el encubrimiento del alto mando ante el crimen de Carrasco, pidiendo el servicio militar optativo al presidente Menem para acallar la movilización contra la dictadura en los cuarteles. Recordar la reciente respuesta de Bordón a la pregunta de un periodista: “En caso de ser presidente, ¿enviaría el pliego de ascenso del capitán Astiz al Senado? Supongo que no lo envío, pero me voy a hacer asesorar…De todos modos es un derecho discrecional del Presidente…” (Página 12, 10/3).

Para los altos mandos, un “mea culpa” institucional podría enterrar los reclamos por el juicio y castigo y blanquear a los torturadores que el Senado no puede ascender por la denuncia popular. Pero el proceso abierto por las declaraciones de Scilingo no es una operación concertada y ordenada, sino una manifestación de aguda crisis política. Las “revelaciones” han vuelto a sacar a luz el genocidio consumado por la dictadura e indultado por los sucesivos gobiernos de la “democracia”, y han impactado profundamente a la juventud. Nunca como ahora, en los últimos años, ha estallado la condena a los militares asesinos y al clero que “asistía” a los verdugos. La virtual suspensión del servicio militar optativo, la quiebra presupuestaria de las fuerzas armadas, el fracaso en ocultar los crímenes en los cuarteles, el vuelco del alto mando al tráfico internacional de armas, todo esto revela que la crisis militar ha entrado en una nueva etapa y es uno de los componentes de la descomposición política más general del gobierno.

Que se abran los archivos militares y de la Iglesia. Acceso a los cuarteles. Listas sí, pero de los asesinos. Juicio y castigo a todos los culpables.