Según datos de la Anses, al terminar el gobierno CFK, el Estado pagaba 16 millones de jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales cada mes. Al mes de mayo, esa cifra había crecido a cerca de 18 millones por las ampliaciones que se produjeron en los últimos seis meses.

 

Un aspecto de este vínculo es el que salió a luz en el reciente acto en Almirante Brown del gobierno con las organizaciones sociales. Allí el presidente anunció no sólo que las cooperativas vinculadas con aquellas seguirían construyendo viviendas sino que, además, tendrían un tratamiento económico superior al otorgado por el gobierno anterior.

 

Concretamente, el gobierno permite ahora que las cooperativas puedan ofrecer presupuestos al mismo costo que las constructoras privadas en cualquier plan de viviendas y no a un valor inferior como hasta ahora -un 20% por debajo en el Plan Federal.

 

Esto fue particularmente saludado por Emilio Pérsico, planteando que el gobierno les permitió “entrar en la misma magnitud que las privadas” e incluso denunciar al gobierno del que fueron parte por pagar “un valor inferior”.

 

Emilio Pérsico es dirigente del Movimiento Evita, fue secretario de Agricultura Familiar bajo el gobierno de CFK y es socio fundante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una federación de cooperativas que es la principal beneficiaria del convenio anunciado por el gobierno y cuyo primer paso es la recuperación de 774 viviendas sociales en Almirante Brown. Su organización política, el Evita, anunció la separación de su bloque político del cuerpo de diputados que responde en la provincia a CFK luego de avalar el pacto con los buitres y caracterizar que “con un instrumento como el Frente Ciudadano no llegamos a 2017” (“Chino” Navarro).

 

Las organizaciones presentes en Brown no fueron convocadas por primera vez. El ministro de Gobierno de la provincia planteó que existe “un canal de colaboración abierta con organizaciones sociales que supieron ser furiosamente kirchneristas… pero que entienden que ahora el viento sopla en otra dirección” (Clarín, 27/5).

 

Lo que no se dijo

 

Un trabajador del Argentina Trabaja cobra 3.200 pesos por mes, que es el salario que el gobierno destina al programa por cuatro horas de trabajo. Esto significa, para las obras que estamos considerando, un ingreso de 16 pesos la hora contra 47 del convenio de la Uocra.

 

Pero tampoco se dijo en el acto que el gobierno ha cambiado la modalidad del acuerdo de trabajo. Con un argumento absolutamente pérfido -¿¡Cómo vamos a validar la precarización laboral!?- le han dado a la CTEP y a otras organizaciones el carácter de Unidades Ejecutoras. Son entes que son contratados por obras, reciben un monto, fijan las condiciones de trabajo y se hacen cargo del salario -para el que sigue existiendo el fijo de 3.200. El Estado, en cualquiera de sus niveles, se declara prescindente, como en cualquier tercerización.

 

Ahora la cabeza de la Unidad Ejecutora resolverá por sí y ante sí la distribución de los montos del contrato y los niveles de explotación de sus trabajadores.

 

Es decir, el vilipendiado “sistema” de Milagro Sala ha sido promovido a nivel nacional nada menos que por el gobierno de Cambiemos.

 

Un convidado a la mesa

 

La CTEP, junto a la mayoría de las organizaciones que participaron del anuncio del nuevo convenio, son parte de un movimiento influido por el clero, y en particular por el papa Francisco. El acto del 1º de Mayo de 2014, convocado por estas organizaciones, tuvo como protagonista central al Papa, llamándolas a perseverar “en la lucha”. En marzo de este año, el Papa recibió a varias de sus cabezas -la CTEP entre ellas- exaltando a estas organizaciones como “una importante herramienta para la salida a las crisis del sistema económico”.

 

En el pacto que el gobierno trata de armar con el Vaticano por estas horas, la regimentación del movimiento piquetero y su cooptación son parte de la agenda donde el asistencialismo es la contracara del ajuste.

 

La agenda del movimiento piquetero en lucha es otra: actuar junto a la clase obrera por el pase a planta, el salario correspondiente al convenio, un seguro al parado equivalente al 75% de la canasta familiar y un plan de viviendas y obras públicas.