La Corte Suprema de Justicia aca­ba de autorizar el pago de las deudas con los jubilados en bonos a 10 y 16 años.

Por otro fallo, la Corte revocó una sentencia de la Cámara de Apelacio­nes del Trabajo, declarando que los juicios laborales no son indexables ni se ajustan por inflación o por la evolu­ción salarial.

De aquí en más, por lo tanto, para las patronales será un negocio no pa­gar las deudas laborales y colocar el dinero adeudado al trabajador en cualquier timba financiera, sabiendo de antemano que dicha deuda no ten­drá ningún tipo de reajuste.

Con todo, el plato fuerte de lo que está por salir es la privatización de la salud. Cavallo está por enviar un pro­yecto que creará las Administradoras de Salud, que recaudarán el aporte obligatorio que actualmente reciben las obras sociales. Los bancos, compa­ñías de seguros, APJP, sanatorios, pulpos médicos y laboratorios, se po­drán asociar para manejar un negocio cautivo de más de 8.000 millones de Pesos anuales.

La burocracia sindical también po­drá participar en este robo, por sí misma o en asociación con los bancos y grupos económicos, como lo ha he­cho en el caso de la “jubilación pri­vada”, Burocracias como la de Luz y Fuerza, Smata, Empleados de Co­mercio, ya están preparando la trans­formación de sus obras sociales en flamantes Administradoras dé Salud.

Para los trabajadores, todo esto significará que de un plumazo des­aparecerá la actual cobertura médica. Una calamidad. Su lugar será ocupa­do por un “plan de salud”, que para la inmensa mayoría que tiene sueldos inferiores a los 700 pesos, se limitará a una prestación básica o asistencial. El trabajador que quiera una mejor atención deberá pagar un plus.

El “plan” dejará sin cobertura a un conjunto de enfermedades como el Sida, síndrome de Down, trasplantes, que hoy sí la tienen.

En Chile, donde se aplica este siste­ma, el 75% de los trabajadores no accede a ningún plan de salud privado y depende entonces del hospital pú­blico, que está destruido precisamen­te para que pueda florecer la medici­na privada

Pero para los trabajadores que sí acceden a un plan privado la calami­dad no es menor, porque a medida que requieren una mayor atención médi­ca, con la edad, deben pagar una cuota mayor. Como no pueden hacerlo, ter­minan en el… hospital público.

La burocracia sindical está “con­sensuando” la nueva ley o decreto. Quiere que salga simultáneamente con la sanción de la ley de accidentes de trabajo, para meter mano en el negocio del seguro de accidentes, algo que hoy está reservado exclusivamente a las compañías de seguros.

El Partido Obrero denuncia este plan de guerra contra los trabajadores y plantea:

1- Abajo la privatización de la salud. Por un plan de salud único, estatal, gratuito, financiado con aportes ex­clusivos de las patronales y bajo con­trol de los trabajadores.

2- Expropiación sin pago de todos los recursos de la salud, como sanato­rios y laboratorios.

3- Abajo el proyecto de accidentes de trabajo. Por una seguridad integral a cargo de las patronales y bajo con­trol de los trabajadores. Control obrero de los ritmos de trabajo. Segu­ro de accidentes de trabajo, indemnizatorio y que cubra la inca­pacidad temporaria y permanente en la forma de un sueldo mensual, equivalente al del puesto en activi­dad.

4- Fuera la burocracia sindical de las obras sociales. Por la administración y control obrero de las obras sociales.

5- Anulación del Bocon. Rescate inme­diato de los bocon en poder de los jubilados al 100% de su valor más los intereses. Indexación de todas las deudas laborales.