En la noche del miércoles 22 fue baleado el cineasta Pino Solanas. Esa misma noche, Menem instruyó “a las autoridades competentes para que impulsen de inmediato una investigación rápida y exhaustiva del episodio a fin de que caiga sobre los culpables todo el rigor de la ley” (La Nación, 23/5). Una semana después, Solanas declaró que el juez de la causa no le había tomado declaración y que pese a las promesas presidenciales, “ninguna autoridad nacional ha concretado esa garantía (“de seguridad y esclarecimiento de los hechos”)” (Página 12, 30/ 5).

En un reportaje publicado en Página 12 (24/5), Pino Solanas sostuvo que el atentado era “un acto de intimidación que viene de alguno de los poderes mafiosos que están bien prendidos en esta rapiña nacional”, mencionando entre otros a los grupos económicos vinculados a la rapiña de la Galería Pacífico, la privatización de Somisa, el descuartizamiento de YPF, etc. Para Solanas existiría un poder económico, independiente del gobierno, que buscaría silenciar aquellas voces que denuncian la entrega del patrimonio nacional. En definitiva, los responsables no serían otros que la “patria financiera y la patria contratista”.

Pero el gobierno de Menem no está suspendido en el aire, es el vocero político y el centralizador de todos estos intereses económicos. La ofensiva antiobrera y los atropellos de todo tipo hacen a la esencia de la política oficial, y de ningún modo resultado de un poder que circula en sus inmediaciones.

Desde otro ángulo, el periodista Horacio Verbitsky salió a exonerar por anticipado al gobierno menemista de toda responsabilidad en el atentado a Solanas. “Mientras no se demuestre lo contrario, el Poder Ejecutivo parece antes victima que beneficiario y/o ejecutor de hechos que podrían encaminarse a una desestabilización del sistema institucional, y acusar por ellos a la presunta mafia gobernante constituye una peligrosa imbecilidad” (Página 12, 26/5). Verbitsky dirige las sospechas hacia grupos marginales, carapintadas o profanadores de tumbas judías, sin explicar por qué no puede esclarecer el atentado contra Solanas y eventualmente castigar a los responsables. Los “imbéciles” se preguntan por qué se arrastra el no esclarecimiento del crimen de María Soledad o por qué el Ministerio del Interior ordenó la infiltración del PO y del Mas.

Si los terroristas son ajenos al poder del Estado, no habría por qué preocuparse. Verbitsky propone que el gobierno esclarezca los hechos y detenga a sus ejecutores, como cuando proponía que Isabelita detuviera a las Triple A, o como cuando le proponía a Alfonsín que esclareciera el secuestro de Sivak, mientras el equipo investigador del gobierno extorsionaba a la familia de la víctima.

Con el razonamiento de Verbitsky, el gobierno no tendría responsabilidad en el asesinato en una comisaría del joven Walter Bulacio, olvidándose que ese asesinato no hubiera podido cometerse si no existiese una campaña oficial contra la juventud. El atentado contra Solanas se explica como parte de la ofensiva reaccionaria del gobierno, incluida la querella judicial de Menem contra Solanas.