Los aumentos de tarifas por el servicio de electricidad para consumidores de más de 1.000 kWh por bimestre superan el 400 por ciento y, en algunos casos, se aproximan al 700, lo cual, sin más, constituye un incremento expropiatorio y confiscatorio contra un segmento importante de la población trabajadora. Paralelamente, el aumento de entre un 25 y un 30 por ciento en el costo del transporte de pasajeros afecta ya no a un segmento sino a todos los que trabajan. Y el asalto no termina en este punto.

“El ajuste recién comienza. No sólo faltan las subas para algunas distribuidoras de gas, sino que el déficit del mercado eléctrico está lejos aún de ser cubierto. Tras el tarifazo a los hogares, un ejecutivo de ese sector se lo graficó a La Nación: ‘Esto es como el primer beso a una mujer: es lo que más cuesta; después, todo es más fácil” (La Nación, Economía & Negocios, 16/1).

Después de recordar que aquí no hay un juego de seducción amorosa sino un asalto al bolsillo popular, se desprende lo básico: es necesario rechazar estos aumentos, hacer que el tarifazo fracase, porque de lo contrario continuarán su avance hasta completar el saqueo.

Un “puré” mentiroso

La justificación oficial del llamado Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree) era que, al afectar sólo a quienes consumen más de 1000 kWh por bimestre, haría que los aumentos fueran pagados sólo por los sectores de mayores ingresos. Mentira.

Por el contrario, se trata de un castigo a los más pobres, que se calefaccionan con electricidad y tienen calefones eléctricos, u obtienen agua mediante motores también eléctricos.

Por ejemplo, al Centro de Educación al Consumidor “se acercaron usuarios de La Matanza e Ituzaingó que, por carecer de acceso a servicios de gas y agua corriente, tienen un consumo superior de energía eléctrica, pero no tienen medios para pagar” (ídem). El mismo fenómeno fue señalado por el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co.), Pedro Bussetti: el alto consumo, explicó, se debe a que muchos usuarios “no tienen ni gas natural ni agua potable” (Clarín, 16/1).

Este aumento es otra de las maneras en que la crisis financiera internacional golpea al pueblo trabajador argentino, y es el gobierno K el que maneja el martillo.

Hasta ahora, subsidios mediante, parte de la renta de los pulpos del transporte y de las privatizadas se pagaba con fondos públicos. Desde este momento, debido a la pérdida de capacidad de la caja oficial, la pagarán los trabajadores con las tarifas de la electricidad y del transporte.

Con el crédito internacional cerrado, sin posibilidades de financiamiento externo, con dificultades de caja peor que severas y compromisos de deuda abultados, el gobierno procura sostener la rentabilidad de los pulpos con un aumento confiscatorio, con otro saqueo.

De nuevo, este asalto deja a la vista la necesidad inmediata de reconstituir las asambleas populares.

Alejandro Guerrero