En el tramo final de la negociación, tomó protagonismo la discrepancia que existe entre el gobierno y el FMI en torno al aumento de tarifas. El Fondo exige subas del 60% en la luz y en el gas pero Alberto Fernández es consciente de que carece de las condiciones políticas para aplicar semejante golpe al bolsillo popular.

El oficialismo, a priori, prefiere ir a aumentos del 20% en los servicios para la mayoría de los usuarios y liberar las tarifas para quienes residen en algunos countries y barrios suntuosos del Amba. Esto choca con la política de recortar subsidios energéticos en pos de arrimarse a las metas fiscales impuestas por el FMI, puesto que con el esquema mencionado las transferencias estatales podrían llegar a los USD 14 mil millones en 2022 según cálculos privados, con el encarecimiento del gas como principal aliciente.

Ahora bien, el gobierno camina a tientas a sabiendas de los choques sociales que puede provocar yendo a fondo con los tarifazos. Por un lado, subas del 60% en el gas y la electricidad terminarían de horadar los ya deprimidos salarios de la población trabajadora en una Argentina donde la pobreza llega al 40%. Basta con repasar la ola de rebeliones latinoamericanas para conocer las consecuencias explosivas de recalentar las tarifas.

Por otra parte, entraría en colisión con sectores patronales, dado que el alza en los servicios eleva los costos de la industria. Ya de por sí en este ámbito se perfilan aumentos de mayor envergadura: el gobierno baraja la opción de reducir los subsidios energéticos sobre los usuarios comerciales (fábricas, etc.) incrementando la tarifa, lo cual traerá efectos profundamente recesivos.

Así las cosas, Alberto Fernández se halla entre la espada y la pared, ya que tampoco tiene margen para imponerle condiciones al FMI. Apremian vencimientos de deuda en marzo, por USD 2.800 millones, y, ante la escasez de reservas del Banco Central, poder afrontarlos depende de la llegada de nuevos créditos por parte del Fondo. Teniendo en cuenta que el organismo hará revisiones trimestrales sobre las cuentas del país para monitorear la evolución del ajuste y sobre esa base girar o no los desembolsos previstos, podemos afirmar que la tendencia será a una mayor capitulación gubernamental frente a la amenaza del default.

Sin ir más lejos, la sujeción del gobierno a las demandas del FMI viene siendo la norma. El propio kirchnerismo guardó violín en bolsa cuando el Fondo descartó extender los plazos de pago a veinte años y lo mismo ocurrió con la negativa a eliminar la sobretasa. Estos antecedentes adelantan cómo se terminará resolviendo la actual desavenencia en el terreno de las tarifas. Por ese motivo, los voceros oficiales abren el paraguas y acuñan el término de “tarifas transitorias”, es decir, pasibles de mayores aumentos a futuro.

Cabe destacar que la propia política de rescate de la deuda, impulsada desde el día uno por el Frente de Todos, es la que nos deja hoy a merced de la voracidad del capital financiero. Nos encontramos en la cornisa del default, bajo la extorsión constante del FMI de dejarnos caer en ese abismo, justamente por haber dilapidado el ahorro nacional en la fuga de capitales, pago de la deuda inclusive. Con la anuencia de Cristina Kirchner por supuesto, que ayer apoyaba utilizar los DEGs para cancelar vencimientos con el Fondo, en lugar de destinarlos en paliar los efectos de la pandemia, y hoy guarda un silencio cómplice frente a la entrega en puertas.

Todo indica que el gobierno defeccionará más temprano que tarde y dará lugar a un esquema de tarifazos permanentes para reducir el gasto tal como exige el FMI, pero sin perjudicar a las petroleras y a las empresas de energía. Capitalistas que, dicho sea de paso, se beneficiaron de subsidios millonarios a costa de los fondos públicos durante las últimas dos décadas, lo cual no tuvo un correlato en los niveles de inversión.

En la antesala del acuerdo con el Fondo, los trabajadores debemos rechazar la falsa dicotomía entre ajuste y default y abrir paso a una salida propia. Esto significa luchar para someter los libros de toda la cadena energética al control de los trabajadores y usuarios en función de constatar a dónde fueron destinados los subsidios estatales, cuáles son los costos reales de producción, transporte y distribución y fijar tarifas acordes a las necesidades del pueblo. Al mismo tiempo, peleamos por un salario mínimo de $130 mil y paritarias indexadas a la inflación. Lo anterior constituye un punto de partida para avanzar en la nacionalización bajo control obrero la industria energética, como ariete del desarrollo productivo del país al servicio del interés mayoritario. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son pilares de este programa.