La decisión de la Corte que volteó la designación de conjueces (jueces suplentes) ha dejado a la camarilla presidencial a merced de las investigaciones judiciales en su contra. Para blindar estas causas, el gobierno había apelado al sistema de conjueces, o sea, abogados o funcionarios `amigos` nombrados por el propio gobierno para reemplazar a jueces que se excusaban de intervenir en ciertos casos. Ahora, la separación de estos jueces `a dedo` por parte de la Corte deja a los K inermes en varios casos cruciales. Entre ellos, la posible `inconstitucionalidad´ del acuerdo con Irán en torno de la causa Amia, y el que involucra a la familia Kirchner por maniobras de lavado de dinero en sus hoteles de Calafate.

El cerco judicial sobre el gobierno en vísperas del balotaje tiene un significado político preciso, pues recorta la capacidad de maniobra de la camarilla presidencial en cualquiera de las variantes planteadas -sea la victoria de Macri o la de Scioli. Los 'nacionales y populares', que prometen “dar batalla” en la próxima etapa política, han sido aplacados por el peso de sus propias corruptelas. El kirchnerismo, que reclama el voto izquierdista o progresista para su candidato Scioli, es incapaz de defenderse a sí mismo. Es que el menor progreso de las causas en su contra confirmaría un régimen de saqueo del presupuesto a favor de camarillas capitalistas, los Lázaro Báez o Cristóbal López. Sólo los funcionarios o 'pensadores' generosamente pagados pueden defender a ese régimen, que mantiene a la tercera parte de los trabajadores precarizados o ganando menos de 6.500 pesos, como una “conquista popular”.

Para responder al golpe de la Corte, los K decidieron blindar a la auditoría de la Nación en beneficio propio, y sin esperar a la conformación del nuevo Congreso. El autogolpe oficial colocó como auditor al actual titular del Banco Nación, quien, por lo tanto, investigará a su propia gestión 2015 durante el año que viene. El Nación es uno de los financistas del “desendeudamiento” K, que ha malversado las cajas oficiales en beneficio de los acreedores externos.

La corpo judicial y la “opo”

La oposición que se agrupa en “Cambiemos” ha saludado la decisión de la Corte, en nombre de la “transparencia”. Ello, como si la corpo judicial no hubiera sido una viga maestra en las medidas de confiscación social y conculcación de derechos que abundaron bajo el mismo “modelo” oficial. La Corte arrancó la era “nac & pop” avalando la pesificación de los ahorros, y luego calló 'sabiamente' frente a varios atropellos constitucionales, como la persistencia de la jurisdicción extranjera para los arreglos de deuda externa. La Corte sólo pegó un giro cuando lo hicieron los Ezquenazi, Brito y otros jefes de la burguesía nacional, que se distanciaron del “modelo”.

Del lado de la “opo”, y mientras denuncian las manipulaciones kirchneristas, los popes de Cambiemos desenvuelven sus propias maniobras judiciales. En definitiva, Macri sigue procesado en la causa por las escuchas telefónicas en el Estado porteño, y está trabajando activamente a favor de su sobreseimiento definitivo. Macri acaba de colocar al frente del Consejo de la Magistratura porteño a un hombre de Angelici, el capo de Boca y fuerte capitalista de juego. A caballo de estas posiciones, Angelici disputará con Cristobal López y otros capitalistas su preeminencia en los bingos y casino de la Ciudad y el conurbano. En la legislatura porteña, estos nuevos consejeros de la magistratura fueron ungidos por un pacto entre el PRO… y el kirchnerismo, el cual pudo colocar un integrante en el Consejo. Es el mismo acuerdo que reclamó la “opo” en el Congreso, en relación a los auditores. La oposición patronal y la Corpo judicial no están para nada exentas de la crisis de Estado que caracteriza a esta transición política.

Nuestra posición

El Partido Obrero denuncia los manotazos del kirchnerismo para protegerse de sus propios negociados contra el país y sus trabajadores, así como los contragolpes de la corporación judicial y la oposición de Cambiemos, en defensa de un aparato de justicia que ha actuado sistemáticamente contra los intereses populares. Lo denunciamos en el Congreso Nacional y en la Legislatura, a través de nuestros diputados. Defendemos la elección popular de los jueces y de los llamados 'organismos de control', así como el control obrero del presupuesto, la obra pública y las finanzas del Estado a través de representantes electos. También por esto, llamamos a los trabajadores a defender su autonomía política frente a los Macri y Scioli, y votar en blanco el próximo 22 de noviembre.