El “blindaje” del FMI inicia una nueva etapa de agresiones contra los trabajadores y muy probablemente la reapertura de la crisis política. No casualmente se continúa enarbolando la expectativa de un ingreso de Cavallo al gobierno y hasta un pacto de unión nacional con los gobernadores peronistas.

Es que la entrega del dinero del “blindaje” está condicionada al cumplimiento de una serie de medidas por parte del gobierno aliancista, entre la que se destacan el mantenimiento de la reducción salarial del 12%; la reducción y eliminación de la prestación básica para los jubilados; el aumento de la edad jubilatoria de la mujer; la apertura de la salud a los grandes pulpos internacionales, que se pretende lograr exigiendo un elevado capital mínimo para operar; el gerenciamiento privado del Pami; y la extensión de nuevas concesiones al transporte ferroviario y al servicio de agua, lo que deberá resultar en un fuerte aumento de tarifas. La carta de intenciones enviada al FMI establece que los desembolsos del préstamo se producirán en cuotas a medida que se vaya cumpliendo el programa político comprometido. Es claro a la luz de esto que el 2001 debuta con una perspectiva de conflicto social y político generalizado, algo que debe ser tenido en cuenta por los luchadores obreros a la hora de trazar nuestra propia política, que no puede ser otra que la de un plan de lucha de las organizaciones obreras que culmine en una huelga general indefinida hasta la derogación de todas estas medidas y el establecimiento de un salario mínimo de 600 pesos por una jornada de ocho horas y un subsidio a los desocupados de 500 pesos.

Dónde está la plata

Los diarios han hecho alarde de que el “blindaje” suma unos 40.000 millones de dólares para dar la impresión de que Argentina ha dejado atrás la cesación de pagos. El monto real es, sin embargo, inferior a la mitad de esa cifra y tampoco, como ya se dijo, estará disponible en su totalidad. Unos 13.000 millones de dólares de los 40 corresponden a refinanciaciones de deuda de los bancos y de las AFJP, que sólo habrán de tener lugar a una tasa de interés de mercado, por ahora desconocida, pero que recientemente llegó al 16% anual y que hoy se encuentra en el 12%.

Otros 7.000 millones son por ahora una mera hipótesis y por sobre todo un negociado, ya que tienen que ver con un eventual canje de deudas con los bancos internacionales, obviamente a una tasa de interés superior a la deuda actual. Finalmente, hay 2.200 millones de dinero al que Argentina tiene derecho con anterioridad al “blindaje”. Para el 2001 el “blindaje” propio del FMI llega solamente a unos 6.500 millones de dólares, para hacer frente a vencimientos de la deuda pública y a un déficit de cuenta corriente con el exterior, de unos 25.000 millones de dólares.

Que Argentina no declare en forma oficial la cesación de pagos depende, entonces, de los bancos locales e internacionales, o sea del Tesoro norteamericano.

Lo que los diarios de circulación masiva han omitido es que gran parte del dinero del “blindaje” lo pone el propio Estado argentino, pero en beneficio de los bancos. Esto es así porque el gobierno ha decidido reducir las reservas que los bancos están obligados a mantener en el Banco Central. “Para contribuir al salvataje”, dice la Fundación Capital, “el gobierno ha adoptado medidas que contribuyen a incrementar la liquidez en el sistema financiero (rebaja de encajes)…” (Ambito Financiero, 18/12). El procedimiento equivale a una emisión de dinero, que ha tenido un resultado opuesto al esperado, esto porque esa plata fue usada para comprar dólares al Banco Central, lo que provocó una reducción de 4.500 millones en esas tenencias, entre mediados de octubre y principios de diciembre. La política del “blindaje” ha servido entonces para desguarnecer aún más la posición financiera internacional de Argentina.

La deuda privada a la intemperie

¡Pero los que ofrecen blindar la deuda pública necesitan ser a su vez blindados! La deuda externa de las empresas y de los bancos totaliza unos 30.000 millones de dólares, pero en el 2001 tienen vencimientos por 6000 millones de dólares, sin contar los intereses; es decir que sus compromisos equivalen a la mitad de la deuda estatal. Las necesidades de financiamiento privado y público superan, entonces, para el año que se inicia, los 30.000 millones de dólares.

Los bancos locales prometen poner 10.000 millones para el “blindaje” en el 2001, pero ellos necesitan ser blindados por más de 3000 millones, que es su parte de la deuda externa privada. Incluso después de anunciado el rescate del FMI, la tasa de interés para la deuda privada era de alrededor del 16% * “sigue arriba de los 1020 puntos”, informaba La Nación (20/12), es decir arriba de los 600 puntos o 6% de interés que paga el gobierno norteamericano por sus bonos de deuda.

Para el diario BAE (18/12), esta “deuda (privada) nada despreciable” enfrenta un fuerte obstáculo para ser refinanciada, debido “a los altos rendimientos que actualmente ofrece la deuda corporativa norteamericana”.

En efecto, las compañías norteamericanas están pagando hasta 700 puntos por arriba de la tasa del Tesoro norteamericano, o sea alrededor del 13%.

Hace ya más de un mes dijimos desde estas páginas (“Caracterizar la crisis”, en Prensa Obrera, Nº 688, 16/11), que la inevitabilidad de la cesación de pagos de Argentina estaba determinada principalmente por el enorme endeudamiento de los pulpos norteamericanos y por las altas tasas de interés que provoca esta situación; es decir que la crisis argentina tiene una base internacional.. El derrumbe de la Bolsa norteamericana en las últimas semanas ha agravado esta situación, debido a que gran parte de la deuda se encuentra garantizada por acciones que cada día pierden más valor. Si el Banco Central norteamericano decidiera bajar las tasas de interés, ello provocará seguramente una salida del capital europeo y japonés de los Estados Unidos y una devaluación del dólar. En este caso debería producirse una fuerte emisión monetaria en los Estados Unidos para compensar la salida de esos capitales. Esta alternativa provocaría una crisis en las relaciones monetarias internacionales y sería un factor agravante para la cesación de pagos de Argentina.

Más de lo mismo, no va más

Frente al final de una experiencia largamente agotada, los capitalistas y los políticos argentinos plantean, ya sin fe, seguir con lo mismo. Incluso han dejado pasar el cuarto de hora cuando aún era posible reemplazar la paridad peso-dólar por una canasta de monedas y aprovechar la devaluación del euro. Como de aquí en más es el dólar el que deberá perder valor, Argentina tendrá que seguir atada al dólar para abaratar las exportaciones nacionales, pero sufrir las consecuencias financieras e internacionales de la devaluación norteamericana.

La nueva consigna de la patronal argentina es bajar o eliminar los impuestos que afectan al capital y barrer con lo que queda de la legislación laboral; se pretende eliminar ingresos brutos en las provincias, a pesar de que constituye la principal fuente recaudatoria de sus estados. Eso es lo que ofrece Cavallo. El gobierno ya está ofreciendo planes trabajar a las empresas privadas, o sea salarios de 120 a 160 pesos. También se plantea privatizar la recaudación impositiva, lo cual seguramente acabará definitivamente con la pequeña y mediana industria que sobrevive gracias al fraude contra el fisco. Finalmente, con el aumento de tarifas se pretende reactivar la inversión en infraestructura y con las privatizaciones el ingreso de los pulpos de la salud y la especulación inmobiliaria. Pero con una deuda externa que se lleva la parte del león de los ingresos de la economía y con un consumo personal que cae en picada como consecuencia de la desocupación y de los salarios de hambre, las desgravaciones a las grandes patronales no podrán llevar ninguna reactivación efectiva. La burguesía se ha quedado sin propuestas, a la espera que un estallido general la obligue a un replanteo de todo el esquema económico. La única salida a esta inmensa crisis es sacarle el control de la inversión a los monopolios capitalistas y reactivar el consumo de masas. Para eso hay que, de un lado, cesar el pago de la deuda externa y nacionalizar los bancos, AFJPs y el petróleo. Del otro lado, hay que elevar enérgicamente los salarios y repartir las horas de trabajo para absorber a la totalidad de los desocupados.