El texto del decreto referido a las características que tendrá el bono antiparitarias –no remunerativo, a cobrarse por única vez, es decir que no se incorpora al salario, en cuotas–, confirma el carácter confiscatorio del salario que tiene este mecanismo de “compensación” suscripto por los empresarios y el gobierno con la burocracia sindical y que ésta utiliza como excusa para dar por cerrada toda lucha de conjunto por la reapertura de las paritarias.

Esto cuando prácticamente ninguna de las paritarias firmadas y las pocas “revisadas” alcanza ni de lejos a la inflación estimada para este año.

Además, el texto establece que el monto del bono se puede descontar de los aumentos suscriptos en estos últimos meses en las revisiones de las paritarias o los que se suscriban de aquí en adelante. También puede descontarse de cualquier aumento que los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente en el curso de este año. Es decir que podrían no recibir el bono un alto porcentaje de los trabajadores registrados del sector privado a los que teóricamente iba dirigido.

El decreto plantea, de manera sinuosa, el carácter no obligatorio del bono, ya que según el texto “podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos… aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”.

De más está decir que quedan afuera los trabajadores que están en negro, esto es, más de un 30% de los obreros y empleados de todo el país.

En el caso de los trabajadores estatales de Nación, UPCN firmó un acuerdo de bono similar ($5.000 por única vez) y un aumento del 10% en los salarios, que se suman al 15% suscripto anteriormente, lo que da un 25% para todo el año frente a una inflación estimada del 50%. No son alcanzados tampoco los trabajadores de las empresas del Estado, como Aerolíneas y Austral y Aysa.

Los empleados provinciales y municipales, por otra parte, quedan abandonados a su suerte y a una lucha aislada para conseguir la reapertura de las paritarias e incluso un bono. Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal ya anticiparon que ni en la Capital ni en la provincia de Buenos Aires se pagará el bono porque los trabajadores “ya tuvieron aumentos del 30%”, es decir 20 puntos por debajo de la inflación proyectada para este año hasta por el propio gobierno.

No serán alcanzados otros dos de los sectores más postergados salarialmente, los trabajadores rurales y el personal doméstico.

La mecánica del decretazo antiparitarias es justificada en el texto por la necesidad de dar “rápida respuesta” a la brutal caída del salario que el bono no sólo no compensa sino que ni siquiera supone un aumento real.

En realidad, la decisión de hacerlo de esta manera encriptada es una forma de sostener la caída brutal del salario evitando la apertura de cualquier debate y la participación de los trabajadores en el tema. Y nuevamente, gobierno y empresarios, cuentan para este golpe con la colaboración abierta de la burocracia.

Un complemento de esta entrega es la referida a los despidos que la burocracia levantó como una conquista. El texto aclara, por si había alguna duda que de manera transitoria –hasta marzo del 2019– las patronales que decidan despedir “sin causa” deberán comunicarlo a Trabajo con una antelación de 10 días.

¿El objetivo? Que las autoridades de la secretaría que ahora abandona Jorge Triaca, convoque a “las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”. Es decir que los despidos no se detienen sino que el gobierno “garantiza” que se lleven a cabo como “corresponde”.

La postración de la decrépita burocracia sindical ante las necesidades de la burguesía la inhabilitan para ponerse al frente de la lucha contra el plan de ajuste y miseria que el gobierno nacional, el PJ y los gobernadores, junto al FMI, han lanzado contra los trabajadores y los demás sectores populares. A cambio de este bono en negro, pagadero en cuotas y de dudoso cumplimiento, la burocracia de la CGT liquidó el llamado a un paro.

Es necesaria una nueva dirección. El clasismo y los sectores combativos tienen por delante la tarea de organizar a los trabajadores, impulsar la realización de asambleas en los lugares de trabajo para exigir el paro activo y un plan de lucha por la reapertura inmediata de todas las paritarias y 45% de aumento, con cláusula gatillo. Por un aumento de emergencia para los jubilados y los beneficiarios de planes sociales, por la prohibición de despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo disponibles.